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Instituciones académicas, revistas especializadas y el Gobierno, a través del Ministerio de Coordinación de la Política, han organizado foros y otros espacios de análisis sobre el cuestionario propuesto por el Gobierno.
Hace dos semanas, por ejemplo, la revista La Tendencia organizó un conversatorio donde varias figuras de la izquierda ecuatoriana mostraron su visión crítica sobre la consulta.
La Universidad Andina Simón Bolívar también convocó el 15 de febrero al foro La consulta a debate: del análisis a la propuesta. Participaron el Defensor del Pueblo, funcionarios del Gobierno, asambleístas, docentes y constitucionalistas. El 2 de marzo, el turno fue para el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Este centro universitario busca profundizar el análisis político que está dentro de las preguntas.
La idea es ir a una reflexión más amplia. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales también se ha integrado en estas dinámicas. Su aporte es convocar a representantes de los medios de comunicación para que dialoguen con los actores políticos.
El Gobierno también tenía previsto recorrer varias ciudades del país para la difusión de su propuesta. Sin embargo, los organizadores dicen que consultarán si esta iniciativa va en contra de las prohibiciones que ha impuesto el CNE para que el Ejecutivo no use recursos públicos en la difusión de la consulta y sus contenidos.
Críticas desde la izquierda
El salón Pichincha del Hotel Quito fue insuficiente para albergar a los cerca de 200 asistentes que acudieron al debate académico sobre la consulta y referéndum que organizó la revista La Tendencia. Entre los participantes estuvieron Elsie Monge, quien lideró la Comisión de la Verdad; Manuela Gallegos, fundadora de Alianza País, y Norman Wright, concejal de Quito y miembro de Ruptura de los 25.
Francisco Muñoz, director de la Revista La Tendencia convocó a los panelistas. Quien empezó la reflexión fue María Cecilia Alvarado, delegada del movimiento Ruptura de los 25.
Aseguró que “no rechazamos el mecanismo de la consulta, el problema no es consultar al pueblo, el problema es qué le consultamos”. Sostuvo que la consulta no solucionará los temas de inseguridad. “No hay que confrontar derechos con seguridad”.
Con ella coincidió Paco Moncayo, quien dijo que la actual transformación del Estado se orienta a construir una estructura vertical, que confunde Estado con Gobierno, con partido, con Función Ejecutiva y con Presidente. El dirigente indígena, cercano al Gobierno Rodrigo Collahuazo defendió la consulta como una fiesta democrática. “No importa si votan sí o no, lo importantes es manifestarse”.
Alberto Acosta aclaró que el cambio de las preguntas planteadas, en unas fueron ‘una mano de gato’, en otras ‘más profundas’ y que también se hizo un intento de “meter gato por liebre”. “Por qué no se consulta otros ámbitos, por ejemplo, ahondar en el campo de la Reforma Agraria.
Tres de los cinco panelistas coincidieron en que las preguntas 1, 2, 4 y 5 de la consulta son inconstitucionales y atentan contra la independencia de poderes.
El Gobierno expone su visión
El Ministerio de la Política también participa en el debate de las preguntas de la consulta.
Así lo hizo el jueves en Guayaquil, a las 17:40, en el teatro Centro Cívico. La Cartera de Estado organizó un foro en el que se trataron las preguntas relacionadas con enmiendas constitucionales sobre los dueños de medios de comunicación y bancos.
También se analizó la Ley de Comunicación y la creación de un consejo de regulación de medios. Los panelistas fueron la asambleísta María Alejandra Vicuña; la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social (Flacso), Isabel Ramos; el ex presidente del Banco Central Julio Molina; y un ex servidor del Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia, Miguel Santos.
Todos estuvieron a favor del sí, basándose en que el país “necesita un cambio”, señaló Santos.
Ramos mencionó que el objetivo de los medios de comunicación debe ser de servicio público aunque sean de propiedad privada. Agregó que “están en una campaña en contra de una ley mediática hace dos años”.
Además, dijo que el proyecto de Ley de Comunicación estuvo represado en manos de la Asamblea. Los proponentes coincidieron en que los dueños de los medios de comunicación y de entidades bancarias no deben ser dueños de ningún otro tipo de negocios.
Vicuña recordó el salvataje bancario y aseguró que los medios de comunicación “camuflaron… tergiversaron” lo que sucedía, aunque no explicó en qué basaba su comentario.
Luis Monje, coordinador regional del Ministerio de la Política, dijo que estos actos se realizan en varias ciudades del país.
Redacción Guayaquil
La Flacso debate con la prensa
El jueves pasado comenzó la serie de conversatorios organizados por la Flacso para analizar los alcances de la consulta popular. Cada semana habrá uno con un tema diferente.
Estos espacios no están abiertos al público, sino que tienen por objeto que la prensa nacional converse con los principales impulsores así como con los opositores de la consulta. También participan analistas políticos.
La cita del jueves abrió un debate enriquecedor. Los asambleístas de Alianza País, Rosana Alvarado y Virgilio Hernández, defendieron la consulta, sus alcances y su viabilidad política.
Alvarado dijo que la oposición, en el marco de sus críticas a la consulta, se ha olvidado que la Justicia ecuatoriana nunca fue “impoluta”. Por ello defendió el proyecto del presidente Correa, pues su credibilidad le permite legitimar estos cambios con el apoyo del pueblo en las urnas.
Hernández defendió el trabajo de la Corte Constitucional (CC), argumentando que las preguntas 1,2,4 y 5 del referendo fueron replanteadas. “Ese ejercicio institucional merece ser destacado”.
En cambio María Paula Romo, de Ruptura de los 25,cuestionó el “grave retroceso en la garantía de derechos” que se esconde detrás del plebiscito. Además, señaló que con los cambios al Consejo de la Judicatura, Ecuador está yendo 10 años atrás en su crisis.
Los catedráticos Simón Pachano y Luis Verdesoto también participaron. El primero insistió en el carácter violatorio de la consulta porque altera el mecanismo de estructura del Estado.
Para Verdesoto, el presidente Correa, con esta consulta, está delegando al pueblo la responsabilidad de hacer los cambios que les compete a las instituciones dentro de una democracia.
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