Informe: Previsiones ante emergencias
Rutas para evacuar y señalética son escasas en zonas del perfil costero. La realidad sísimica está fuera de planes, dice Geofísico.
El tiempo para evacuar fue un gran aliado en la emergencia por alerta de tsunami que vivió el perfil costero de Ecuador el pasado 11 de marzo, tras el terremoto en Japón, a más de 14 mil kilómetros. El hecho, que puso a prueba la coordinación de autoridades y preparación de la población ante desastres naturales, tuvo un margen de actuación de más de doce horas. Pero ¿y si hubiese menos tiempo? ¿Está el país preparado para la reacción inmediata?
Equipos de este Diario recorrieron Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, y constataron que más que planificación lo que primó fue la improvisación para evacuar y solucionar problemas logísticos. La labor fue coordinada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), creada el 10 de septiembre del 2009 vía Decreto Ejecutivo Nº 42. También participaron las alcaldías, prefecturas y otras instituciones.
En una encuesta realizada a 155 personas a lo largo del Litoral, el 77% de los consultados dijo desconocer que exista un plan de emergencia en su localidad. Sin embargo, ante el riesgo de tsunami, el 65% afirmó saber qué hacer. Ello, pese a que el 82% aseguró no haber recibido capacitación. Ir a cerros o a zonas altas fue la respuesta de la mayoría (46%), en la pregunta qué creen que deben hacer ante un fenómeno de este tipo; le siguieron en menor medida: evacuar (8%), correr (4%), esperar la orden de autoridades o acudir a ellas (3%), ir a albergues (2%), llevar víveres (1%) y quedarse donde están (0,6%).
Una observación que hacen los pobladores es la falta de voluntarios. Solo unos pocos que hasta el 2008 fueron parte de la extinta Defensa Civil continúan. La mayoría fueron empleados en entidades públicas y otros abandonaron la labor por falta de respaldo, pese a que el año pasado María del Pilar Cornejo, responsable de la SNGR, dijo que estaban desarrollando “un marco legal que incluso les permita algún tipo de aseguramiento”. Este Diario solicitó una entrevista con Cornejo, pero se encontraba fuera del país.
Felipe Bazán, subsecretario de Respuesta de la SNGR, acepta que pudo haber errores en la alerta pasada, pero cree que si el tsunami hubiese sido de origen cercano, ningún país de la costa del Pacífico habría podido evacuar en una o dos horas.
En cuanto a recursos económicos, el año pasado la SNGR tuvo un presupuesto de $ 100 millones, dice. Entre el 60% y 70% se destinó a obras de prevención, y hoy cada unidad provincial tiene un fondo de $ 15 mil a $ 25 mil para dar primeras ayudas en una emergencia.
En Esmeraldas, con la alerta del tsunami la preocupación fue solo evacuar a la gente, pero “no teníamos cómo mover las embarcaciones y nos tocó dejarlas aquí”, lamenta Gregorio Mera, pescador de Súa, donde una corriente entró por el río del mismo nombre hacia un atracadero e hizo voltear y chocar entre sí a varias canoas. En esta parroquia de Atacames, cuenta Mera, no hay un sitio adecuado para trasladar las embarcaciones en emergencias, a lo que se suma que tampoco hay lugares asignados adonde ir.
“En una evacuación donde haya poco tiempo realmente sería catastrófico”, afirma. Como él, decenas de habitantes de Atacames dicen desconocer que exista un plan de contingencia para tsunamis. No obstante, el alcalde de Atacames, Fredy Zaldarriaga, afirma que a través de la Marina se ha capacitado a la población. Estima que se movilizaron unas 10.000 personas en Atacames, Tonchigüe, Súa, Same, Castel Novo y Tonsupa hacia zonas sobre los 40 metros sobre el nivel del mar.
Al no contar con un sistema de alarmas, el principal mecanismo de difusión fueron las estaciones radiales. Si bien Zaldarriaga considera que la gente actuó de forma ordenada, puntualiza que se requiere un proyecto conjunto con la SNGR para equipar mejor los albergues. En Atacames hubo cinco, pero no tenían espacio suficiente y condiciones adecuadas de aseo.
La evacuación de unas 45 mil personas en esta provincia, considerada una de las de mayor riesgo ante tsunamis, desnudó falencias operativas y estructurales, entre ellas: falta de suministro regular de agua, de planes de contingencia, desconocimiento de la gente de a dónde ir, falta de obras de infraestructura y desorden en las construcciones de viviendas, pues algunas están en zonas de riesgo.
En Muisne, de 6.000 habitantes, se contó con 15 lanchas de la cooperativa fluvial y 15 adicionales de pescadores en la emergencia. Según autoridades, la evacuación se facilitó porque hubo tiempo para desplazarse, pero apuntan que en una situación donde se requiera una respuesta rápida la isla no tiene zonas altas ni vías de evacuación.
El sitio al cual dirigirse no fue un problema aquel 11 de marzo en la comuna Salango, en el sur de Manabí. El mirador del mismo nombre, situado a más de 120 metros sobre el nivel del mar, “estuvo como nunca, lleno de gente”, dice uno de los guardias que custodian una antena de comunicaciones de Petroecuador, situada en la cima, que colinda con una villa comunal que luce abandonada.
Hasta allí se desplazaron decenas de familias tras conocer sobre la amenaza de tsunami, pero “cada quien corrió por su lado, andaban dos policías con megáfono diciendo que teníamos que salir, pero la gente ya había visto la televisión. No hubo organización”, recuerda una ama de casa, quien se quejó de que tuvo que “fletar un carro”.
En la cumbre del cerro algunos improvisaron carpas y “el baño de la villa comunal no se pudo usar. “Tenía candado. Nadie abrió eso. Daba pena. Había mujeres y niños que necesitaban baño y aunque nos tienen prohibido, les dejamos usar el nuestro”, añade el guardia.
A Eliana Delgado, del club ecológico Nuevo Amanecer en la comuna Las Tunas, la despertó esa mañana el ruido de una sirena que suele activar la casa comunal cuando hay un robo o fallece un lugareño. Ante la curiosidad salieron algunas personas de sus casas y allí, en una reunión improvisada, los líderes de esa comuna y de las aledañas Puerto Rico y Ayampe informaron de la situación y organizaron a la gente.
En Puerto López, el Municipio puso a prueba su departamento de Gestión de Riesgo, creado en enero pasado, como dispone el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad). La experiencia, según Yesenia Flores y Joel Pianda, funcionarios de esta área, evidenció que falta preparación para enfrentar desastres naturales.
“No hay un plan para evacuar”, refiere Pianda, mientras Flores explica que con presupuesto del Cabildo se compró agua, pero no alcanzó para las casi 5.000 personas que se movilizaron de sus casas.
Augusto Reinoso, jefe del retén naval de Machalilla, cree que con las limitaciones logísticas que se vieron difícilmente se podría actuar en un plazo menor. Allí, reitera, no tenían un plan elaborado previamente y el croquis de rutas y albergues se diseñó en el momento. “Solo tuvimos dos buses disponibles, uno hasta las 17:00 y el otro al mediodía se nos fue”, comenta.
En Puerto Cayo, en cambio, se vio mejor preparación. El sitio cuenta con señalización de rutas de evacuación peatonal y vehicular hacia zonas altas. Esto, explica Óscar Piguave, de la Junta Parroquial, porque hace tres años la localidad se benefició de un proyecto de prevención de desastres que ejecutaron el Centro Regionale d’Intervento per Ia Cooperazione (CRIC) de Italia y la Fundación Terranueva de Ecuador, el cual fue cofinanciado por la Comisión Europea. En Manta, la mayoría de personas se desplazó a Montecristi y Jipijapa. En sectores rurales del norte de Manabí, como El Matal, poca gente salió de sus casas, mientras que en Bahía de Caráquez, ciudadanos consultados dijeron saber qué hacer, ya que vivieron un terremoto en 1998.
No eran ni las 08:00 del viernes 11 cuando Aurelia Figueroa agarró a su virgencita y salió corriendo de la comuna de San Pablo, en la provincia de Santa Elena. “No sabía a dónde ir, pero en la tele escuché que la gente se estaba moviendo a los cerros”. Subió, entonces, al de San Miguel y bajó, a regañadientes, a las 15:00 del sábado. A regañadientes, porque ella tenía la intención de quedarse, al menos, hasta el domingo 13 por “terror a la ola”.
Aunque tiene un local de comidas frente al mar, literalmente sobre la arena, asegura que nunca ha recibido capacitación sobre cómo actuar frente a un posible tsunami. Con ella coinciden quienes atienden los negocios aledaños, menos Yolanda Romero, socia del Comité de Turismo de San Pablo. “Yo misma los he ido a buscar para invitarlos a talleres o charlas, llega el día y casi nadie aparece”.
El coordinador de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Santa Elena, Juan Antón Murillo, asegura que ellos sí han organizado jornadas de capacitación, aunque la falta de información es una de las quejas en San Pablo, Punta Carnero, Ballenita, Valdivia, Ayangue, San José...
“En Salinas, por ejemplo, hemos dictado 37 talleres y en el que más asistencia registramos había apenas 10 personas. En las capacitaciones en Montañita, el 60% era extranjero”, añade.
En la comuna de San José, en el norte, un habitante evacuó a la población en su camioneta. Hoy espera que las autoridades le paguen al menos la gasolina. Se trata de Luis Gutiérrez, presidente de la comuna, quien recuerda que hizo más de veinte viajes hasta el cerro Samay.
A las 05:00 le comunicaron la noticia por celular y él, desde la sede comunal, llamó a los pobladores por megáfono. En cada viaje transportó a unas veinte personas. “Como yo solito moví a la gente, tuve que evacuar desde las 11:00 para sacar a todos”. ¿Y qué capacitación ha recibido? “Bueno, nuestros abuelos nos han capacitado desde niños”.
La Secretaría se apoyó en pobladores como él para dirigir las evacuaciones, aunque algunos no tienen mayor conocimiento. Un ejemplo. En Valdivia, la institución tiene seis voluntarios, según dos de ellos, Segundo Balón y Leocadio Rodríguez. Dicen que desde hace “unos dos o tres años” no reciben capacitación. “Pero, por lo que antes nos dieron, más que sea un poco sabemos cómo actuar en casos de emergencia”, reconoce Balón.
No reciben salario ni trabajan todos los días. Se turnan los fines de semana. Cuentan que en la desaparecida Defensa Civil, hoy Gestión de Riesgo, eran 17 voluntarios en Valdivia, pero se fueron por la falta de recursos.
Para que sigan colaborando, la Secretaría les consigue trabajos temporales, por ejemplo, en obras de los municipios. La Secretaría tiene solo a nueve personas con contrato en Santa Elena. El resto, 167, son voluntarios comunitarios en 14 zonas.
Luis Reyes, director del acuario de Valdivia, dice que de 60 animales, solo pudieron sacar a tres pingüinos. “Cada quien se organizó como pudo, no vimos nunca a ninguna autoridad”.
Es más, en esta y otras zonas, como Ballenita, muchos no evacuaron. Aun así, Marina Vera García, presidenta de la Junta Parroquial de Manglaralto, dice que hay 26 albergues en zonas abiertas. Pero ese mismo día, la Prefectura tuvo que abrir caminos con volquetas para que la gente pudiera ocupar estos espacios. ¿No deben estar siempre despejados? Admite que sí y que anotaron eso en la evaluación.
En las comunas reclaman que, pasadas las 22:30 del 11, el presidente Rafael Correa haya dicho que en una hora todos podían retornar, pues en la madrugada del sábado los volvieron a evacuar (esta vez a oscuras, porque se cortó la luz), porque el mar estuvo incluso más bravo que en la hora prevista.
En Guayas la situación es similar. Después de la emergencia, en General Villamil (Playas) todavía prevalece cierto descontento, sobre todo entre los comerciantes, pescadores y hoteleros.
Ellos creen que hubo algo de exageración al decretar la medida de emergencia, que los “obligó a salir” de sus viviendas y abandonar sus negocios, pues han “ahuyentado el turismo”.
“Todo ha bajado en un 90%, imagínese, había invertido $ 150 para el fin de semana y todo me lo he tenido que comer”, comenta Manuel Olaya, quien hace 32 años tiene un negocio de comidas a orillas del mar.
“Sabíamos que aquí no iba a pasar nada, porque a Hawái las olas llegaron ya sin fuerzas”, comenta Jacinto Anzúlez, un vendedor de pescado que vive en el barrio 12 de Mayo y que se ha enterado de los riesgos que se corren ante un tsunami a través de la radio y televisión, pues dice no haber recibido ninguna capacitación de las autoridades.
Pese a la alerta del viernes, él no abandonó su casa. “Estaba decidido a todo”, comenta entre risas, porque confiesa que más miedo tenía de que le robaran sus bienes. Así que mandó a su familia a San Antonio, uno de los tres sitios seguros del cantón, según datos de las autoridades.
El sargento Roberto Sarmiento, de la Dirección Nacional de Espacio Acuático de Posorja, admite que “no se ha hecho nada, y lo del viernes fue solo una reacción, sin capacitación previa”, ya que en la zona “no se han tomado medidas preventivas”.
En la vía a Data, a unos 100 metros del mar, están Mariana Cruz y su familia. Viven por más de tres décadas en el sector conocido como Peña del Chivo. Dice que, pese a que en la zona suelen haber aguajes fuertes, hasta ahora no han llegado autoridades a darles indicaciones de cómo evacuar el sitio.
“Escuchamos la radio y por eso salimos de aquí, después nos enteramos de que habían venido los marinos”, comenta la mujer que dejó su casa a las 14:30, cuando consiguieron un carro para trasladar a su padre que está impedido de caminar.
Las autoridades de General Villamil indican que desde el año pasado comenzaron a recibir aporte de la Secretaría de Riesgos, pero que toda la inversión se limitó a la reparación de las tres vías de escape, que son: Sixto Chang, del Pacífico y Jaime Roldós, las que llevan a los albergues establecidos en El Mirador, Juan Gómez Rendón y San Antonio.
En Posorja y El Morro, la situación es similar. Ricardo Tircio, pescador de 74 años, dice que ellos, por ejemplo, saben sobrevivir en alta mar por lo que les han contado sus ancestros. “Si estamos afuera y el mar se pone marejudo, nos regresamos porque algo malo viene”, dice.
En las islas de El Oro, Manuel Martínez, habitante de Jambelí de 65 años, comenta que el único plan de evacuación que conoce es que lo tienen que sacar en bote de la isla, que no sabe qué hacer en caso de tsunami y que nunca ha recibido ninguna capacitación sobre cómo debe reaccionar en caso de desastre natural.
Esta reacción es similar entre los habitantes de la localidad. Alexandra Ruales, de 27 años, solo sabe que ante una emergencia debe salir de la isla, aunque no tenga cómo. Relata que el 11 de marzo, el aviso de evacuación fue a las 08:00.
Marinos y policías anunciaron que los 1.185 habitantes del archipiélago debían desalojar en treinta embarcaciones a diferentes puntos de concentración en los puertos más cercanos: Bolívar y Hualtaco para, desde ahí, ser trasladados a los cantones Pasaje y Arenillas, que se encuentran a más de 50 metros sobre el nivel del mar. En esos sitios fueron recibidos en varios albergues. En Puerto Bolívar la población tampoco tenía claro cómo reaccionar, pues en el sitio no existe un sistema de alarma ni la señalización respectiva.
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