Quito, 24 mar (Andes).- Pese a insistir en que no son actores políticos, la Cúpula de la Iglesia Católica emitió un comunicado en el que recoge los argumentos de la oposición, de los empresarios y de la prensa para oponerse a la Consulta Popular propuesta por el presidente de la República, Rafael Correa.
Monseñor Ángel Sánchez, obispo de Guaranda y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), y Néstor Herrera, obispo de Machala, delegado de la entidad, hicieron pública la posición del clero sobre el proceso electoral del 7 de mayo.
“Los fundamentos con los cuales se convoca la consulta tienen un riesgo y por eso constatamos, no solo que se está diciendo, para que se tome bien en serio y no sea solamente una apreciación emotiva o circunstancial al momento de la votación. El riesgo es que la gente no reflexione su voto como ha ocurrido muchas veces”, advirtió Herrera.
Aunque no se pronuncia tácitamente en contra de la Consulta, en un lenguaje ambiguo, el comunicado de la CEE, firmado por monseñor Antonio Arregui, presidente de la entidad, señala que para sustentar una verdadera democracia consideran indispensable la independencia de las distintas funciones del Estado; la reestructuración de la Función Judicial desde criterios éticos y profesionales y con una clara independencia política y (el respeto) a la libertad de expresión, de información y de empresa.
“Ha sido convocada una consulta popular para que expresemos una opinión vinculante sobre temas de diversa relevancia. No faltan actores políticos que denuncian en esto un indebido proceso de reforma a la propia Carta Magna”, señala la CEE.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal se reunió ayer en Quito para fijar una posición común frente al referéndum.
Por ello, destaca la responsabilidad histórica que “en este momento recae sobre toda la ciudadanía. “Están en juego los fundamentos mismos del Estado de Derecho: la independencia entre las distintas funciones de los poderes del Estado, la organización del sistema judicial y la real vigencia de las libertades y derechos fundamentales”.
La Iglesia subraya que “las diversas organizaciones e instituciones sociales, políticas y educativas abran en todo el país espacios para el dialogo, de tal manera que la ciudadanía pueda conocer a ciencia cierta los argumentos a favor del sí o del no, con sus respectivas consecuencias. Esto constituye un modo muy concreto de contribuir a la consolidación de una real democracia participativa”.
En declaraciones a periodistas, Ángel Sánchez sostuvo que de ganar cualquiera de las dos posturas se fortalece la democracia porque se llega a una maduración política en el pueblo “de tal manera que puede decir sí a lo que hay que decir sí y no a lo que hay que decir no”.
Herrera dijo que al constatarse que los pronunciamientos que actores políticos están presentando a la ciudadanía, la Iglesia advierte el riesgo que puede existir en los temas de la consulta por eso se pide la reflexión.
En 2008, la Cúpula de la Iglesia Católica se opuso frontalmente a la aprobación de la Constitución vigente argumentando que legalizaría el aborto, el matrimonio entre homosexuales y el consumo de drogas.
Más temprano, el presidente de la República, Rafael Correa, tomó con cautela la versión de prensa sobre la supuesta posición del clero contra la Consulta Popular propuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, estimó como un error que la Iglesia se vuelva a involucrar en la política como lo hizo en 2008.
Durante una entrevista radial, Correa dijo que esperaría a leer el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal para pronunciarse, pero adelantó “me parecería horroroso que la Iglesia se preste de forma tan descarada a la politiquería”.
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