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EL COMERCIO / Tomado de El País, Uruguay
16:17 - miércoles 04/08/2010 Ley mordaza (Editorial de El País de Uruguay del 15 de julio del 2010)
"Por definición, todos los gobiernos tienen mala relación con la prensa". La frase del secretario general de la OEA, el socialista Miguel Insulza, durante una visita a Uruguay, encierra una verdad absoluta. La prensa tiene entre sus cometidos controlar a los gobiernos, y a estos no les gusta que los controlen. Pero más allá de eso, revela los peligros de una ola reglamentarista de los medios de comunicación que viene azotando a la región, y uno de cuyos últimos actos está teniendo lugar en Ecuador.
El gobierno de Correa, pese a su empeño por diferenciarse del proceso chavista, se ha descolgado con un proyecto de ley para "regular" a los medios, que representa una amenaza flagrante a la libertad de prensa, como ya ha sido advertido por varios organismos internacionales.
El proyecto presenta varios aspectos preocupantes. El primero es la colegiación obligatoria. O sea, que al igual que en muchos regímenes autoritarios, se va a precisar de un carnet oficial para poder trabajar como periodista. Bastaría con señalar la interminable lista de profesionales que sin haber estudiado nunca para ello, han logrado llegar a los picos más altos de excelencia en el periodismo mundial para demostrar lo ridículo de tal medida.
Pero más grave que eso es el hecho de que quien da un carnet, lo puede quitar, generando así toda una cadena de situaciones que el lector despierto podrá fácilmente imaginar.
En segundo lugar, el proyecto prevé que todos los medios deberán inscribirse en un registro, y la creación de un Consejo de Comunicación, en cuya integración tendrá mayoría el gobierno, encargado de velar por la "pureza" de los contenidos de los mismos, a los que puede sancionar y clausurar.
Obliga a que la prensa difunda "información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural". Es fácil detectar los empujes censuradores detrás de esta tan sólo aparente garantía de buena información.
La información debe ser "veraz", en lo que no puede haber dos opiniones. Pero a lo de veraz el mandato legal agrega "verificada", es decir, si la información es verdadera pero no es verificada (¿por una fuente oficial?) no se podría publicar. Pero aunque sea verdadera y verificada también debe ser "oportuna" (lo que es ingresar en un campo de indefinición), pero aunque sea verdadera, verificada y oportuna, debe ser plural. ¿Cómo se consigue esa pluralidad? cuál es la voz que inexorablemente habrá que incluir para cumplir con todos los condicionamientos?
Como si fuera poco, también se incluyen nociones ambiguas acerca de la censura previa, ya que el artículo 23 sostiene que "el ejercicio de los derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales y la Ley". O sea que si una ley establece ese mecanismo, los medios deberían admitir que sus contenidos fueran previamente inspeccionados por algún burócrata de turno.
Se podría seguir enumerando la interminable lista de controles y trabas que el proyecto impone a la prensa. Algo que va contra el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone que "no se puede restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el abuso de controles oficiales". Pero lo que para un uruguayo es difícil de entender es el clima interno que vive Ecuador en esta materia.
El presidente Correa mantiene un enfrentamiento permanente con los principales medios del país, a los que (igual que Chávez) considera opositores. Son habituales las amenazas, agravios y ataques a la prensa, e incluso se ha llegado a pagar con fondos públicos una campaña de insultos contra los medios aprovechando el mundial de fútbol.
Pero por encima de eso hay algo que es más grave. Se trata de ese espíritu que parece señalar que la gente, los ciudadanos, el "consumidor" de los medios de comunicación es un ser infantil, que no sabe lo que está bien y lo que está mal, y que necesita que un grupo de burócratas amanuenses del poder le filtren los contenidos para que estos no afecten negativamente su manera de pensar.
Una especie de paternalismo absurdo, que desconfía de la capacidad individual y de los mecanismos de control espontáneo y libre que son esenciales para cualquier democracia sana. Algo que recuerda la frase de John Kennedy de que "un gobierno que tiene miedo de dejar que su gente juzgue la verdad o falsedad en un mercado libre, es un gobierno que tiene miedo de su pueblo".
Libertad de prensa (respuesta de René Fernández, encargado de Negocios de Ecuador en Uruguay, publicada en El País, el 04 de agosto del 2010)
“Al leer el editorial de El País del jueves 15 de julio de 2010, titulado `Ley Mordaza`, considero que existen varias imprecisiones que dañan la imagen del gobierno ecuatoriano. Por ello, le escribo para aclarar el tema confiando su publicación, en coherencia con las prácticas pluralistas que su medio proclama y así se permita que los lectores de su diario conozcan otra versión de los hechos.
1) El Ecuador vive desde el 2007 un proceso de reforma constituyente. Con la aprobación del 81,72% de los ciudadanos se convocó a una Asamblea Constituyente. Con el voto de 94 de 130 asambleístas se aprobó el texto de la Constitución, que finalmente fue ratificada en referéndum por el 63,93% de los ecuatorianos que votaron en todo el mundo. Dentro de este proceso democrático, y como disposición transitoria constitucional, es que se enmarca la obligación parlamentaria de crear leyes secundarias en coherencia con la Nueva Carta Política, siendo una de ellas la Ley de Comunicación para garantizar el ejercicio y plena vigencia de los derechos a la comunicación.
2) En la discusión sobre la Ley de Comunicación el gobierno siempre ha aclarado que todo se realizará bajo el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. Respetando el pluralismo político, promoviendo la diversidad cultural, el acceso a las nuevas tecnologías, evitando el monopolio, entre otros.
3) No es real que el gobierno haya impulsado la colegiatura profesional obligatoria para el ejercicio periodístico. Esa ha sido una propuesta de colegios profesionales y facultades de comunicación del Ecuador. El Informe de mayoría de la Comisión Especial de Comunicación, que será discutido por el pleno de la Asamblea Nacional, plantea el desempeño exclusivo para periodistas profesionales sólo en algunos espacios dentro de las empresas mediáticas.
4) No es verdad que en la integración del Consejo de Comunicación e Información el Ejecutivo tenga mayoría, ni que en sus atribuciones se contemple el control de contenido de la información, menos aún la censura previa, cosa que está prohibida en el mismo proyecto de Ley.
5). El proceso de debate y construcción de la Ley se mantiene abierto y han participado múltiples actores que rebasan el marco meramente parlamentario. Incluso, es público en Ecuador, que dentro del propio bloque legislativo oficial se han planteado diversas posturas sobre los múltiples aspectos que encierra la discusión.
6) El editorial habla del enfrentamiento como si fuera una simple actitud del presidente Rafael Correa contra los medios de comunicación. Nada dice del rol de oposición y la permanente e intensa campaña que los medios de comunicación, ligados a poderosos grupos económicos, ha mantenido contra el gobierno y el proceso de cambio ecuatoriano desde sus inicios.
7) No tiene sustento el pensar que el gobierno ecuatoriano desarrolla visiones paternalistas sobre los ciudadanos definiendo qué información se tiene, algo además de indeseable, imposible en estos tiempos. Al contrario, busca profundizar la democracia extendiéndola a todas las dimensiones de la vida social. Parte de ello es justamente el considerar que en democracia el mercado no puede ser el regulador único y último de algo tan importante como el campo de la comunicación.”
Nota de Redacción de El País:
La misiva de la embajada ecuatoriana incurre en errores y medias verdades que obligan a hacer las siguientes consideraciones a fin de ilustrar a los lectores sobre aspectos de hecho involucrados en la polémica ley de comunicación que ese gobierno impulsa y que ha recibido serios cuestionamientos a nivel internacional:
1) La colegiatura profesional es una propuesta que figura en el proyecto impulsado por el gobierno. El origen de la misma escapa a la intención y al interés del editorial en cuestión.
2) El Consejo de Comunicación, según el proyecto oficial estaría integrado por siete miembros, dos postulados por la Presidencia, uno por un llamado `Consejo de Igualdad`, otro por las facultades de Comunicación y tres representantes de la ciudadanía. El gobierno a todas luces tendría mayoría de esos `representantes`, con lo cual se asegura el control del organismo, en el que llama la atención la ausencia de los medios.
3) En cuanto a la censura previa, el proyecto dice que estará prohibida `salvo en los casos establecidos en la Constitución y la ley`. O sea que podría darse el caso de una ley que exija la censura previa. Esta puntualización no es un capricho del articulista, sino que ha sido el eje de la crítica que ha recibido el proyecto de varios organismos internacionales.
4) Los medios informan y opinan. No hacen oposición. En función de lo que ellos publican o emiten, la gente valora con libertad a los medios y a los gobiernos. Si el gobierno ecuatoriano no desarrolla una visión paternalista, ¿cuál es la obsesión por atacar a los medios que no comparten su visión política? ¿No debería ser la propia ciudadanía la que decida quién es digno de su confianza?
No hubo en el editorial publicado imprecisiones que puedan dañar la imagen de Ecuador. Si algo puede dañar tal imagen, es la intención de controlar la libertad de prensa y expresión en ese país, derechos sagrados que no son dádivas ni dependen de mayorías electorales circunstanciales, por más abultadas y ensoberbecedoras que éstas puedan llegar a ser.”
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