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DIARIO HOY
Por: Marlon Puertas
mpuertas@hoy.com.ec
La cabeza del niño de 11 años estaba destrozada por un proyectil que le disparó un encapuchado, que junto a nueve más atacaron a su familia el pasado domingo. El cuerpo del menor fue encontrado agarrado a la pierna de su madre, también asesinada con varios tiros, junto a su conviviente. Los tres fueron masacrados, y todo indica que la razón fue la pugna por la propiedad de dos hectáreas de tierra.
Dos hectáreas. Litigio que el INDA, oficina del Gobierno encargada de resolver estos problemas, no fue capaz de solucionar durante más de tres años, igual que muchos otros casos que siguen pendientes, sujetos más a la fuerza que imponen las balas que a la razón que otorga un sistema de Justicia.
Lo preocupante es que el propio INDA fomenta, por su ineficiencia, estos ajustes de cuentas. Porque, en el caso de la señora asesinada, existen papeles otorgados por la oficina de tierras a las dos partes en conflicto.
En el proceso, que todavía se tramita en Guayaquil, existen documentos favorables para dos presuntos propietarios y, a estas alturas, es difícil establecer quién tiene los derechos sobre el terreno.
Lo peor es la actitud de la Policía. En vez de iniciar las investigaciones para determinar los autores de los crímenes, sale un oficial a revelar los antecedentes judiciales de la muerta, de la víctima, queriendo con esta actitud tratar de explicar un desenlace violento que no debió darse nunca.
No debió haber ocurrido, porque la señora acudió ante la Fiscalía a denunciar que había sido amenazada. Y la secretaria de la Fiscalía, muy cortésmente, le indicó que no podía recibir la denuncia porque su jefe, el fiscal de Daule, le había prohibido que a esa señora, por belicosa, le recibiera denuncia alguna. Y no lo hizo.
Este tipo de acciones es la que debe preocupar al señor fiscal general y no que sus subalternos se pongan o no una toga ridícula, para disfrazar con retazos una Justicia que agoniza, en parte, por su culpa.
La señora masacrada pidió auxilio a la Policía, y nadie se la dio. Solo un mes antes, relató que su casa fue incendiada y que sus familiares fueron golpeados, por lo que acudió ante la institución que debía brindarle ayuda, y no le hicieron caso.
Ahora, la tildan de invasora, de hombreriega, de muchas cosas. El gobernador del Guayas se hace el loco y el jefe provincial de la Policía está de vacaciones. Nadie está en la capacidad de responder por qué ninguna oficina del Estado intervino en este caso para evitar algo que no debió haber sucedido.
Mientras tanto, las tierras pasan a nuevos dueños. Aquellos y aquellas que hace poco solo tenían tierra en sus uñas, de la noche a la mañana, aparecen como flamantes terratenientes y terratenientas, que aprenden al apuro a montar a caballo para que todos digamos que siempre fueron gente del campo, que no han llegado recién, que toda su vida fueron agricultores.
Mentira.
Hoy, como siempre, el poder se encarga de posicionar en las cumbres a quienes no tienen mayor mérito que una cercanía con el elegido. Y siguen hablando de revolución.
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