El poder y el control de los medios

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EXPRESO
José Luis Ortiz

La libertad de expresión es uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad. Se trata de una de las garantías básicas para el ciudadano en un estado de Derecho.

Foto: Joselo Romero / Expreso

El control de medios es uno de los ejes de la experiencia neopopulista. Su objetivo de concentrar el poder, y erigir al ejecutivo como la cabeza excluyente del mismo, ha dado lugar a un conjunto de acciones encaminado a minimizar el papel de la prensa como mecanismo protector del interés colectivo. Se trata de un fenómeno inscrito en la dinámica de un proceso que rebasa las fronteras nacionales y abarca algunos países de la subregión.

En Argentina, la relación entre el poder oficial y la prensa tiene fechas significativas.

Ya en el 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner, mediante los llamados discursos de atril, anunció desde la Casa Rosada que su relación era directa con la gente y no a través de los medios; en 2005 surgieron críticas por el reparto discrecional de una millonaria pauta de avisos estatales; en el 2007 su esposa Cristina, entonces candidata a la presidencia, rechazó la posibilidad de ser entrevistada por periodistas de ese país y, en el 2008, nuevamente Néstor en su calidad de cónyuge más que de legislador, en una línea invariable de actitud oficial, pronunció una conferencia de prensa en pleno conflicto con el campo, repleta de acusaciones en contra de la prensa nacional.

La situación de Venezuela es emblemática.
Hugo Chávez ha llevado adelante una política agresiva contra los medios de comunicación. Los casos de RCTV, Globovisión, radiodifusoras y medios escritos independientes, son parte de esa arremetida que se mantiene con altibajos pero que no deja de impulsar la estrategia orientada a arrinconar a la prensa libre e imponer una estructura oficial de propaganda con un solo mensaje y una sola voz.

Frente a ello se han levantado algunas entidades internacionales como la OEA que, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertó acerca de “serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos en Venezuela”.

Chávez ha hecho desaparecer los anunciantes privados mediante expropiaciones ilegales y estatización de importantes empresas; ha impuesto la censura publicitaria; ha devaluado el “Bolívar fuerte”, y utiliza el control oficial del cambio de divisas a fin de limitar el otorgamiento de dólares necesarios para la adquisición de papel y otros insumos usados por la prensa escrita.

En Ecuador, el interés de imponer el mensaje oficial ha formado parte también de la plataforma del actual régimen. Las cadenas sabatinas del Presidente, sus continuas comparecencias públicas, las recurrentes declaraciones de los funcionarios, no han estado exentas de referencias duras contra la prensa.

Esta política, en los tres países, se apoya además en un marco legal que persigue posicionar al Estado como el único ente rector de la actividad de comunicación.

En Venezuela está vigente una Ley de Medios, en Argentina el proyecto de una ley similar está en suspenso momentáneamente por una decisión judicial, y en Ecuador el gobierno trata de lograr un texto jurídico de la materia.

Con diferencias de forma los tres cuerpos normativos coinciden en definir una política sustentada en el establecimiento de instancias institucionales que actúan como autoridad decisoria, se arrogan amplias facultades para interpretar conceptos tales como “interés político”, “orden público”, “soberanía nacional”, “desarrollo nacional”, “formación ciudadana”, “enfoque pedagógico”, “desarrollo pleno de la personalidad”, etc., y así tener injerencia en los contenidos de la noticia y la entrega periodística.

Esas entidades de control, con mayorías manejadas por el Ejecutivo, consideran a los titulares de los medios como simples encargados de prestar el servicio público de la comunicación, tienen la potestad para segmentar el espectro radioeléctrico y reducir la capacidad operativa de estaciones privadas de radio y televisión, y pueden conceder espacios ilimitados para el gobierno.

La intención pareciera ser armar un mecanismo contra la prensa independiente, debilitarla y reducir su papel como articuladora de lo político, canal de demandas sociales, memoria de la sociedad, regeneradora de la palabra y guardiana de los valores éticos.

Esta línea de acción ha sufrido respuestas sociales que lo mantienen en el mismo terreno o lo han hecho retroceder.

En Argentina, la presidenta Fernández anunció una nueva etapa de comunicación del gobierno, la realización de ruedas de prensa con periodistas nacionales, y una apertura con los medios.

Tal cambio obedece obviamente a la caída de su imagen, a la debilidad política de su gobierno, y a las dificultades para asegurar, al interior del justicialismo, la elección presidencial de Néstor.

En Venezuela, la rapidez de la acción chavista se ha detenido ante la suma de protestas internas y externas, no obstante la utilización de una táctica alternativa que ha conseguido sumar al aparato propagandístico del gobierno una gran cantidad de estaciones de radio y televisión.

En Ecuador, el escenario también se ha tornado complicado para el intento oficial. Muchos acontecimientos se han sucedido desde que el proyecto de la Ley de Comunicación fuera enviado desde el palacio presidencial a la Asamblea.

La fuerza que tenía el gobierno se ha debilitado. La solidez inicial de su bloque legislativo ha variado, y el contenido mismo de ese cuerpo normativo ha sido detectado, por una gran parte de la sociedad, como un conjunto de disposiciones contrarias al derecho de informar.

Por lo visto, y si en el intento de imponer esa ley se encuentran obstrucciones, bien podrían ser utilizados otros procedimientos para aplicar la misma estrategia. Podría ocurrir, y es lo que se teme, que el gobierno aproveche ciertos resquicios legales constantes en otros textos como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley de Empresas Públicas, o el Reglamento de la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas.

Los factores analizados en estos países demuestran serias dificultades para la libertad de prensa y podrían significar riesgos para la democracia.

Ellos opinan
Jorge Elías
La Nación, Argentina

¿Cómo evalúa la situación de la prensa independiente en Argentina?

Aquí hay libertad de prensa. No es el mejor ni el peor momento. Es una situación estable que, excepto cuando fue asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas a fines de los noventa, no se ha alterado desde el retorno de la democracia, en 1983.

Es difícil, en ocasiones, el ejercicio si se evalúa que el sostén económico termina siendo el Estado, sea nacional, provincial o municipal. En esos casos, el peligro radica en que la publicidad oficial termine siendo un instrumento de presión, como ha sucedido durante el actual gobierno de los Kirchner.

Esto es deplorable. Se trata del uso discrecional de los fondos del Estado en beneficio propio. La razón por la cual el Estado es el sostén de la prensa es, precisamente, su papel de motor de la economía en vastas áreas del país en las cuales no prima la actividad privada.

Luis Eladio Proaño
Analista de medios

¿Está en riesgo la libertad de prensa en Ecuador?

Restringida (pienso), y sobre todo hay un abuso de parte del Gobierno, porque utiliza sus medios (los oficiales) y se hace propaganda (en los privados) metiéndose a la fuerza, algo que está prohibido en algunas legislaciones de América Latina.

Ningún presidente interrumpe la programación de los canales privados y obliga a que todos lo emitan en cadena. Eso está prohibido en varios países, pero aquí en Ecuador este señor, por primera vez, porque nunca ha habido un presidente que lo haga, cree que se puede meter en cualquier momento, cuando le da la gana de hacer cadena.

Eso está muy mal, porque en el momento en que se mete en cadena a usted le restringe la libertad al público de escoger; es decir, lo obliga a que lo oiga. Obligar a una persona a que lo escuche es ir en contra de la libertad de expresión.

Washington Vizuete
Pdte. Unión Nacional de Periodistas

¿Cómo interpreta la posición oficial respecto a los independientes?

Como gremio periodístico hemos manifestado en varias circunstancias que no necesariamente se trata del título de prensa independiente. De lo que se trata es cumplir con una prensa profesional o un medio de comunicación donde todo el material que presenta a la ciudadanía tenga justamente una óptima calidad, y eso solo se lo puede hacer a través del profesionalismo.

Por eso es que decimos y mantenemos en nuestro criterio que la libertad de prensa lo que hace es contraponer intereses políticos y económicos, pero es la ciudadanía la que decide.

Lo que nosotros debemos precautelar es el material de óptima calidad que reciba esa ciudadanía. En todo caso, la libertad de expresión que se vierte o se menciona en este periodismo independiente, a mi modo de ver, mcuhas veces responde a intereses económicos y políticos.