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EXPRESO
Eduardo Carmigniani
Todo lo anterior está muy bien, y los fumadores –como yo- lo acatamos, pues no tenemos derecho llenar de humo los pulmones de quienes concurren a esos lugares, los que en definitiva reciben gran afluencia del público. Por eso se nos suele ver fumando en las veredas, fuera de restaurantes por ejemplo.
La ley vigente, en protección de los fumadores pasivos, prohíbe el consumo de cigarrillos dentro de locales cerrados: restaurantes, cines, teatros o estadios; también en oficinas públicas, establecimientos educativos, centros comerciales y medios de transporte público.
Incluso, las llamadas salas de fumadores solo pueden funcionar en terminales de transporte aéreo, terrestre o marítimo. Los únicos sitios “públicos” en que se permite fumar, con los sistemas de ventilación del caso, son los bares, discotecas, casinos, etc., y obviamente en los lugares de uso privado, como las viviendas u oficinas particulares.
Todo lo anterior está muy bien, y los fumadores -como yo- lo acatamos, pues no tenemos derecho llenar de humo los pulmones de quienes concurren a esos lugares, los que en definitiva reciben gran afluencia del público.
Por eso se nos suele ver fumando en las veredas, fuera de restaurantes, por ejemplo. Pero de ahí al extremo de que se pretenda en la práctica prohibírsenos fumar hay gran distancia. Y precisamente eso es lo que se está queriendo hacer en dos proyectos de ley recientemente presentados en la Asamblea.
El primero por los asambleístas Abdalá Bucaram y Gabriela Pazmiño, el 2 de junio; y el segundo por el asambleísta Fernando Vélez, el 24 de junio.
Ambos proyectos coinciden en que debe extenderse la prohibición de fumar a las oficinas privadas, e incluso el Bucaram-Pazmiño llega mucho más allá: aspira a vedarlo en cualquier “ambiente laboral cerrado”, lo que pudiera entonces entenderse que incluye hasta a las residencias, que por el servicio doméstico califican como tal “ambiente laboral”.
¿Y las sanciones? Eso es lo peor: desde clausura temporal o definitiva -de la oficina privada o residencia…- hasta arresto por 36 horas en el proyecto Bucaram-Pazmiño, todo ello en manos nada menos que de las autoridades “sanitarias”. Un inspector de salud clausurando casas u oficinas, o llevándose preso al fumador. Lindo es el paisito.
Y no es que se trate, como ya dejé aclarado, de andar contaminando indiscriminadamente pulmones ajenos, que derecho constitucional a la salud sin duda tienen.
Pero quienes somos fumadores, mientras los médicos no logren que dejemos el vicio, también tenemos derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, que incluye fumar si nos da la regalada gana, en nuestra oficina o nuestra casa, sin andar fastidiando al resto, claro está.
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