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| Imagen tomada de caricaturas de El Telégrafo |
El hecho ocurrió durante una ceremonia de premiación en Buenos Aires, Argentina.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, se negó a dar una entrevista a la
periodista Elena Rodríguez, de El Ciudadano. El hecho ocurrió durante una
ceremonia de premiación en Buenos Aires, Argentina.
Según el relato de Rodríguez y la agencia Andes, una vez finalizado el evento en el que la editorial Perfil galardonó a Ricaurte, él aseguró que tiene la libertad de dar entrevistas a quien le parezca.
Esto ocurre paralelamente a la acción de protección que interpuso Fundamedios a la prohibición de los ministros de Estado de ofrecer entrevistas a los medios “mercantilistas”. De hecho, el juez Décimo Segundo de la Niñez y Adolescencia (Quito), Raúl Reinoso, tiene previsto resolver hoy el recurso.
Para Santiago Guarderas, abogado de Fundamedios, la disposición gubernamental restringe los derechos a la comunicación e información. “La decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así en una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas”, señaló.
Para el jurista Oswaldo Moncayo, la medida no atenta contra nadie ya que no existe ninguna afectación directa, personal o individual a los derechos humanos.
Tampoco cree que el accionante (Fundamedios) ha especificado la supuesta afectación ya que la acción de protección, presentada el 5 de septiembre de 2012, es muy general y de interpretación extensiva. “Si el presidente Rafael Correa emitía una orden por escrito, se la podría haber impugnado, pero no se puede interponer un recurso solo basado en rumores”, agrega.
El Primer Mandatario se opone a ofrecer entrevistas a los grandes medios por considerarlos negocios privados con fines de lucro.
Juez niega acción de protección presentada por Fundamedios
La organización indicó que apelará la resolución del magistrado.
El juez décimo segundo de la Niñez y Adolescencia, Raúl Reinoso, negó la acción de protección interpuesta por Fundamedios a la prohibición de que los ministros de Estado ofrezcan entrevistas a los medios “mercantilistas”.
Con este recurso, la organización pretendía que se deje sin efecto la decisión del Ejecutivo, emitida en junio pasado, argumentando que se trata de una "política pública" que vulnera derechos ciudadanos.
Santiago Guarderas, abogado de la organización, recibió la notificación en su casillero judicial, según informó Radio Sonorama.
La resolución del magistrado señala que la medida "no responde a una política pública, sino que se trata de una postura adoptada en el ejercicio del gobierno".
En una rueda de prensa, el abogado anunció que Fundamedios apelará la sentencia ante la Corte Provincial de Pichincha en los próximos tres días.
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia por la acción de protección. Allí el juez escuchó los argumentos de las partes.
Fundamedios considera que la disposición gubernamental restringe los derechos a la comunicación e información. "La decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así en una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas", señaló Guarderas en días pasados.
Vicente Peralta León, subsecretario Jurídico de la Presidencia, solicitó que se deseche el pedido por improcedente.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
Según el relato de Rodríguez y la agencia Andes, una vez finalizado el evento en el que la editorial Perfil galardonó a Ricaurte, él aseguró que tiene la libertad de dar entrevistas a quien le parezca.
Esto ocurre paralelamente a la acción de protección que interpuso Fundamedios a la prohibición de los ministros de Estado de ofrecer entrevistas a los medios “mercantilistas”. De hecho, el juez Décimo Segundo de la Niñez y Adolescencia (Quito), Raúl Reinoso, tiene previsto resolver hoy el recurso.
Para Santiago Guarderas, abogado de Fundamedios, la disposición gubernamental restringe los derechos a la comunicación e información. “La decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así en una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas”, señaló.
Para el jurista Oswaldo Moncayo, la medida no atenta contra nadie ya que no existe ninguna afectación directa, personal o individual a los derechos humanos.
Tampoco cree que el accionante (Fundamedios) ha especificado la supuesta afectación ya que la acción de protección, presentada el 5 de septiembre de 2012, es muy general y de interpretación extensiva. “Si el presidente Rafael Correa emitía una orden por escrito, se la podría haber impugnado, pero no se puede interponer un recurso solo basado en rumores”, agrega.
El Primer Mandatario se opone a ofrecer entrevistas a los grandes medios por considerarlos negocios privados con fines de lucro.
Juez niega acción de protección presentada por Fundamedios
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| Imagen de archivo |
El juez décimo segundo de la Niñez y Adolescencia, Raúl Reinoso, negó la acción de protección interpuesta por Fundamedios a la prohibición de que los ministros de Estado ofrezcan entrevistas a los medios “mercantilistas”.
Con este recurso, la organización pretendía que se deje sin efecto la decisión del Ejecutivo, emitida en junio pasado, argumentando que se trata de una "política pública" que vulnera derechos ciudadanos.
Santiago Guarderas, abogado de la organización, recibió la notificación en su casillero judicial, según informó Radio Sonorama.
La resolución del magistrado señala que la medida "no responde a una política pública, sino que se trata de una postura adoptada en el ejercicio del gobierno".
En una rueda de prensa, el abogado anunció que Fundamedios apelará la sentencia ante la Corte Provincial de Pichincha en los próximos tres días.
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia por la acción de protección. Allí el juez escuchó los argumentos de las partes.
Fundamedios considera que la disposición gubernamental restringe los derechos a la comunicación e información. "La decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así en una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas", señaló Guarderas en días pasados.
Vicente Peralta León, subsecretario Jurídico de la Presidencia, solicitó que se deseche el pedido por improcedente.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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