EL UNIVERSO
Las 239 registradurías: 221 de la Propiedad y 18 Mercantiles entrarán en un proceso de auditoría por disposición del director nacional de Registro de Datos Públicos, Willians Saud. También analiza prorrogar por 90 días más la designación de esos funcionarios.
Desde que fue designado en el cargo, el pasado 10 de diciembre por el Ministerio de Telecomunicaciones, Saud anunció que uno de los primeros pasos sería iniciar una auditoría de los últimos cinco años.
La intención es conocer cómo se manejaron las registradurías, instituciones que hasta que pasen al control total del Estado, son manejadas de forma privada, pese a que estas dan un servicio público.
Con la vigencia de la Ley de Registro de Datos Públicos (que fue publicada en el Registro Oficial el 31 de marzo del 2010) se inició la aplicación del documento legal, que busca organizar, regular, sistematizar e interconectar la información de los registros de la Propiedad y Mercantil y de todas las entidades que administren datos públicos.
Por disposición constitucional, la labor que debe cumplir el Sistema Nacional de Datos Públicos es administrar los registros mercantiles, mientras que las municipalidades se encargarán de los registros de la Propiedad.
Para el director del Registro de Datos Públicos la Fiscalía será la encargada de investigar las eventuales irregularidades que se detecten en el desempeño del cargo del registrador o de los funcionarios de esas dependencias. Entre las sanciones contempladas de comprobarse la existencia de anomalías por datos adulterados, cambiados o mal utilizados están penas de reclusión por falsificación de documentos.
Con la aplicación de la ley los registradores serán funcionarios públicos, con un sueldo fijo, cuyos montos dependerán de la situación geográfica, la ubicación del cantón y el número de registros que realice. La tabla salarial está siendo elaborada por el Ministerio de Relaciones Laborales. El sueldo no sobrepasará la cantidad que percibe el presidente de la República, Rafael Correa.
Según el registrador de la Propiedad de Ambato, Fernando Torres Carrasco, la única preocupación que persiste es la estabilidad de los funcionarios de las registradurías, que no está garantizada. Si bien esas instituciones se manejaron como negocios privados, se acogieron a las normas dictadas por el Consejo de la Judicatura, en materia de costos de los servicios. “No existe posibilidad de hacer trampa”, indicó Torres.
La ley dispone, agregó Saud, que los sistemas informáticos que utilizan los registradores se mantengan hasta que la Dirección Nacional entregue los sistemas informáticos de interconexión de datos.
“Conversaremos con los dueños de la tecnología que son los registradores salientes”, dijo Saud, para analizar la posibilidad de absorber los sistemas que ellos manejan, pero tendrían que ser muy buenos.
El tema de la transmisión de datos al sistema nacional –a criterio del ex delegado distrital del Consejo de la Judicatura en Pichincha, José Alomía– es el que más preocupa a los funcionarios que laboran en esas registradurías.
Ello, considerando que el traspaso de la información de los actuales registros hacia los municipios del país –al menos en el caso de Quito– no se lo estaría haciendo con prolijidad y con el cuidado que demanda el manejo de esa información.
Esto, sostuvo Alomía, hace pensar que el proceso está dirigido por personas que no conocen a profundidad el tipo de archivos que almacena esa institución, lo cual generará confusión o la pérdida de la información en perjuicio de los usuarios.
Foro realizado
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos realizó ayer la socialización del reglamento de méritos y oposición para el cargo de Registrador de la Propiedad. El foro se efectuó en el auditorio de la Universidad Israel, de Quito.
Participación
Al encuentro asistieron el viceministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Javier Véliz; el director nacional de Registro de Datos Públicos, Willians Saud; además de profesores y alumnos del centro de estudios donde se realizó el foro nacional.
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