Casinos y salas tras su última apuesta

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EXPRESO

Un total de 120 salas y 30 casinos están en riesgo de cerrar sus puertas en caso de que la pregunta de la consulta reciba el respaldo de los electores. Foto: Jimmy Negrete / Expreso


Preocupación. Los representantes de estos sectores están a la expectativa de lo que defina la Corte Constitucional.


Por ganar terreno en el negocio, en la última década, las salas de juegos y los casinos han tenido continuas confrontaciones. Sin embargo, esta vez alegan que un problema social estallaría si son prohibidos los juegos de azar en el país, como sugiere una pregunta de la consulta popular.


Advierten de la pérdida de al menos 30.000 fuentes de empleo que ofrecen las 120 salas de juegos y 30 casinos que funcionan a nivel nacional.


También el riesgo de que se fomenten los establecimientos clandestinos, el ingreso al Ecuador de dinero ilícito y la presencia de mafias. Aquello redundará, agregan, en menos ingresos al fisco y mayor presencia de contrabando y droga. María Augusta Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos (Anpasju), sostiene que lo ideal es regular este tipo de distracción, hacer lo contrario, hará que la situación se “salga de las manos a las autoridades”.


Cita como ejemplo los problemas delictivos que hace cuatro años afrontó Brasil luego de que fueran prohibidos los juegos de azar.


Lamenta que “la politización, manoseo y pretendida monopolización de este tipo de negocios, por parte de los propietarios de los casinos, haya incidido en la resolución que esta semana presentó el presidente Rafael Correa a la Corte Constitucional”. “En lo que sí estoy de acuerdo con el mandatario es que tiene que definirse esta situación, que no haya preferencias para uno u otro sector”.


El criterio lo comparte Víctor Lescano, gerente de Profeseries, que maneja, a nivel nacional, 2.600 máquinas en 45 locales.


“Con la consulta saldremos definitivamente del limbo, porque siempre hemos sido perseguidos y nuestros empleados no han logrado la estabilidad laboral”, comenta, tras lamentar los continuos cierres de los establecimientos, pese a que cuentan con un amparo de protección.


Lescano espera que la pregunta sobre los juegos de azar cuente con la aceptación de los ecuatorianos. De lo contrario, dice que habrán 2.000 desempleados de Profeseries, incluidos 48 trabajadores con discapacidad.


Díaz por su parte recuerda que las múltiples ocasiones que ha concurrido a las carteras de Estado, especialmente al Ministerio de Turismo, para que sean atendidos. “Nunca nos recibieron, peor escucharon nuestros argumentos, pese a que nosotros pagamos impuestos”, expresa la dirigente.


Mientras Jaime Roura, vocero de Asociación de Casinos del Ecuador, considera que la pregunta de la consulta no está bien encaminada. Considera que a este sector lo están “poniendo en un mismo saco”.


Recuerda que durante sesenta años vienen laborando en los hoteles, mientras se levantan dos instalaciones con servicio de casino en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.


Roura cree que las palabras “jurisdicción cantonal” en la pregunta crearía cierta confusión, incluso al sector turístico. “Es decir que si una ciudad determinada resolvió mantener este tipo de negocios significará trasladar la infraestructura hasta ese sitio, aquello será un caos”, opinó.


A ello incluye “campañas cantonales” a favor por la segunda pregunta, relacionada con los juegos de azar. El funcionario insiste en que los casinos han trabajado en base a la ley.


Sobre este tema, Díaz indica que la norma fue escrita de acuerdo con las de Inglaterra y no de acuerdo con el modelo empleado en América Latina y que, en el continente, a excepción de Cuba, no están prohibidos los juegos de azar. “Hay libertad para la diversión”.


Carolina Cáceres, quien hace dos años trabaja en un local de este tipo de distracción, está preocupada porque de perder su empleo no podrá mantener a su hijo ni a su progenitora. “Soy madre soltera y por mucho tiempo busqué trabajo, ojalá no me quede desempleada, manifiesta. Mayra Miranda también está tensa. Ella es discapacitada y labora en la imprenta de una de estas empresas.


A criterio de Jorge Prendes, asiduo visitante de estos establecimientos, no debería eliminarse estos negocios. “Creo que somos adultos y nadie nos obliga a ingresar al establecimiento”.


Elizabeth Rivera, otra clienta, dice que “No podemos hablar de una adicción, cada persona es consciente de lo que hace”.


Los propietarios de estos negocios anuncian marchas para la próxima semana. Pedirán garantías para invertir; y los empleados, el derecho a trabajar.