lunes, 24 de enero de 2011

"Panchana es un vehículo que representa a otros actores"

***SNN

Diario HOY

Entrevista: Gloria Sabando
Quién es: ex superintendenta de bancos. Además, fue gerenta general de la AGD, administradora de bancos cerrados de la costa Y presidenta del directorio del crm


Por:Ana Angulo Benavides
Editora Diario de Negocios


Designada por la Asamblea Constituyente de Montecristi como superintendenta de Bancos en diciembre de 2007 y reemplazada hace pocas semanas tras la posesión de Pedro Solines en ese cargo, Gloria Sabando protagonizará el primer juicio político que se llevará a cabo en la Asamblea Nacional.


A diferencia de siete casos anteriores que fueron archivados diligentemente, la causa contra la ex superintendenta marcha a una velocidad inusual. Bastó que el presidente Rafael Correa dijera en una cadena sabatina que "Gloria es honesta" pero no ha cobrado a la banca cerrada para que Rolando Panchana, asambleísta de Alianza País, echara a andar el proceso a la semana siguiente.


El caso empezó en la Comisión el pasado 14 de diciembre. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó en vísperas de Navidad y, el jueves de la semana anterior, la Comisión de Fiscalización aprobó, con nueve votos, que el juicio pase al Pleno de la Asamblea. Todo apunta a que Sabando será censurada.


Panchana la acusa de no haber cobrado a los accionistas y administradores de la banca cerrada.
El asambleísta Panchana me acusa de no haber entrado en administración de los bancos, con el argumento de que, al haber finalizado el proceso de liquidación, se dejó de lado la facultad de entrar en administración de los activos de los ex accionistas. Pero, hasta ahora, el señor Panchana no señala cuáles son esos activos. Por lo tanto, considero que técnica y legalmente yo he sustentado todos los descargos en mi comparecencia de hace pocos días a la Comisión de Fiscalización.


¿Hay o no activos?
¿Quién de los ecuatorianos conoce si los activos están o no en el país? El asambleísta Panchana me acusa de no haber entrado en administración. Él dijo que en una semana entró y miró todo, y no es así. Ahora me doy cuenta de que él es un vehículo, él está presentando lo que el resto de actores no lo quiso hacer directamente.


¿Qué se hizo durante su administración?
La Junta Bancaria emitió una resolución que dejaba insubsistente la vida jurídica de esas (32) instituciones. Para esto, se acogió la propuesta del asesor de la Presidencia, Pedro Delgado, en el sentido de que el saldo de los activos restantes (cartera y activos fijos) debían pasar a ser administrados por el Banco Central. Luego del cierre y la entrega-recepción al BCE se emitieron notificaciones a los directores, representantes legales, miembros de los directorios, auditores, contadores de las instituciones, como lo señala el artículo 127 de la Ley de Instituciones Financieras.


¿Qué decían las notificaciones?
Notificamos, a cada uno de los bancos, de acuerdo a los huecos patrimoniales que determinaron los balances firmados por los liquidadores. Esta fue una resolución en la que estuvimos de acuerdo todos los miembros de la Junta Bancaria.


En conjunto, ¿a cuánto asciende el hueco patrimonial?
Son unos $2 200 millones.

Usted declaró que los ex accionistas interpusieron recursos, ¿en qué consisten?
Ellos tenían 45 días para interponerlos y así lo hicieron. La Superintendencia tiene la obligación de revisarlos para darles paso o rechazarlos; algunos tendrán que subir a análisis de la JB. Solo después de eso, el superintendente puede emitir los títulos de crédito a los responsables. Esa es la razón por la que yo no pude emitirlos inmediatamente y eso le corresponderá a mi sucesor (Pedro Solines).


¿Hasta qué fase llegó exactamente su administración?
Hasta la revisión de los recursos que por resolución de la JB y a solicitud del director de Liquidaciones que, según él de mutuo acuerdo con Pedro Delgado, debía extenderse para analizar minuciosamente todos los descargos que estaban presentando los ex administradores. Pero aquí hay algo muy importante y es que la mayor parte de los administradores son accionistas, y esa es la fórmula para llegar a establecer responsabilidades.


Ahora, ¿a quién le corresponde cobrar? ¿Al Banco Central?
El Banco Central tiene que manejar el saldo de los activos y de la cartera.


¿Son recuperables los $2 200 millones?
Decir que vamos a recuperar los $2 200 millones, jamás. Recuerde que la Resolución 1 269 permitía pagar con exoneración de intereses legales y de mora, y se recuperaron apenas $40 millones. Yo consideré que esa resolución era un exceso, pero se hizo para darles mayor respaldo a los liquidadores en ese momento.


¿Aquello sigue vigente?
Duró poco tiempo.


Usted indicó haber recuperado $90 millones.
Fue durante el proceso de liquidación. Aparte está lo que recuperamos en la AGD, pues entre los ocho o 10 años que duró el proceso de saneamiento se recuperaron unos $800 millones. De ahí que es falso decir que aún hay depositantes perjudicados en espera de que se les cancelen sus haberes. Los perjudicados son las instituciones que recibieron todos los papeles negociados, como la CFN y el Estado, ellos son los acreedores naturales de esta afectación por eso todo termina en el Ministerio de Finanzas. Cada uno debe asumir su rol, no echarnos la culpa uno al otro.


Cuando usted fue superintendenta, ¿quiénes integraban la Junta Bancaria?
Los representantes del presidente de la República, Soad Manssur (actual superintendenta de Compañías) y Paúl Franco Pomba (reemplazó a Hugo Arias en diciembre de 2009), el gerente del Banco Central, Christian Ruiz, Melania Mora (quinta integrante designada por los demás miembros) y yo, que la presidía.


¿En qué momento empezaron los cuestionamientos a su gestión?
El 6 de agosto de 2010 hubo una reunión en Carondelet con el presidente Rafael Correa. Allí entregué las notificaciones a 18 entidades realizadas hasta ese momento. El asesor jurídico (Alexis Mera) destacó lo actuado, pero Soad Manssur y Pedro Delgado replicaron que no debí haber cerrado los bancos y que estaba dejando de lado el artículo 165 de la Ley de Instituciones Financieras, según el cual podía entrar en administración.


¿Cómo lo tomó usted?
Con sorpresa y mucha contrariedad. Rechacé esa actitud y dije a Pedro Delgado que si él no podía con las incautaciones realizadas por la AGD a Filanbanco, era el momento de transparentar las acciones con resultados. Añadí que mi gestión merecía apoyo y pensé que así iba a suceder porque también estuvieron presentes el contralor (Carlos Pólit) y el procurador (Diego García), este último incluso dio su criterio en cuanto a la gestión que él tuvo que cumplir para poder aplicar el artículo 127 de la Ley.


¿Qué dijo el presidente?
En esa reunión se sentía un ambiente de animadversión en mi contra.


¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el presidente?
Por teléfono hace un mes. Pero durante 2010 nunca tuve la oportunidad de tener una reunión a solas con él. Cada vez que me daban una audiencia siempre estaba acompañado y parecía que estuviera frente a un tribunal de oposición.


Rafael Correa destacó su actuación cuando validó el informe de la Deloitte que estableció el hueco patrimonial de más de $600 millones de Filanbanco. Había apoyo político.
Así fue. La decisión se tomó el 26 de febrero de 2008 y permitió que el entonces gerente de la AGD, Carlos Bravo, realizara las incautaciones. Yo nunca he dejado de reconocer el apoyo del presidente. Lamentablemente, a él lo confundieron en los últimos meses y cambió su visión de lo actuado en el sentido de que por haber liquidado las instituciones, se había dejado de lado la facultad de entrar en administración de los activos de los ex accionistas.


Pero al poco tiempo, desde el Gobierno, se pidió una nueva auditoría.
Así fue, pero yo me opuse porque en base al registro (Deloitte) de esa pérdida, que fue revelada ocho años después, actuó Carlos Bravo en la incautación de esos activos. Además, ¿cómo podía contratar auditoría sobre auditoría, más aún cuando había sido aprobada por la Junta Bancaria, con la presencia del jefe de Estado? Entonces, se dijo que había que hacer una auditoría de hechos subsecuentes, a lo cual respondí que habría que hacerla pero a Filanbanco en Liquidación que es del Estado, porque todos conocimos cuáles fueron los acuerdos de los ex accionistas cuando recibieron los créditos de liquidez y esos cálculos deben realizarlos el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, los acreedores naturales.


Usted ha señalado que Panchana es un vehículo, ¿de quién?
Prefiero que eso lo analice el resto porque así es mejor, pero de que hay intereses los hay; que se trató de resquebrajar mi prestigio profesional y ético ante el presidente, ahí están las personas.


¿Quiénes son esas personas?
Yo pedí comparecer ante el bloque de Alianza País, en donde fui recibida y aplaudida dos veces por no haber defraudado la confianza que depositaron en mí. Allí llegaron de sorpresa Soad Manssur, Pedro Delgado y Paúl Franco Pomba. Ellos mismos se descubrieron.


Manssur era representante del presidente en la Junta Bancaria.
Mire, sé que ella actuó en una Junta Bancaria habiendo sido designada superintendenta de Compañías. A diferencia de Pedro Solines, quien renunció al cargo antes de ser elegido superintendente de Bancos.


Ella ha aclarado el tema de las resoluciones de la JB que habrían favorecido a sus hermanos.
Es un tema que tiene que ver con la ética de cada persona. Creo que debió excusarse a través de una resolución que iba a tener su firma, pues tenía familiares dentro del vínculo de consanguinidad, lo que crea un conflicto de intereses como señala el artículo 232 de la Constitución.


¿Hay más conflictos de intereses?
Del asambleísta Panchana. Yo no toqué a su papá (anteriormente, dijo que su padre una época fue socio de los Isaías, ex accionistas de Filanbanco), dije que era hijo de su papá y, por tanto, estaba incurso en conflicto de intereses y que debía observar el art. 232.


¿Algún otro conflicto de intereses?
El abogado que han llevado para atestiguar en mi contra, Eduardo Carmigniani, fue asesor de la Junta Bancaria y nos decía qué se debía o no hacer. He impugnado su comparecencia porque fue parte de las resoluciones que se tomaron y, aparte de eso, hoy en día defiende a un porcentaje de los notificados por la Superintendencia de Bancos. Yo llamo a eso conflicto de intereses.


¿Irá tranquila al juicio político?
No sé si estaré tranquila, como ahora. En medio de la coyuntura que estoy viviendo, me siento satisfecha de no haber defraudado la confianza en el sentido de haber mantenido un organismo de control independiente, de haber restituido el respeto a la autoridad.

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