EL TELÉGRAFO
DECRETO EJECUTIVO
Según el texto del Decreto Ejecutivo 632, que consta de tres artículos, tres disposiciones transitorias y un artículo final, el Ministerio del Interior tendrá que proceder a la reorganización de la Policía Nacional y asumir la representación legal, judicial y extrajudicial, en su totalidad.
Se dispone que el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como es mantener la paz, el orden y seguridad pública; prevenir la comisión de delitos; participar en la investigación de las infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley.
Las actividades administrativas de la Policía serán realizadas por el personal civil que contrate o designe el Ministerio del Interior.
De esta disposición se exceptúa al personal de servicios, quienes continuarán en sus actuales funciones; y también, las unidades policiales, que por su especialización requiera la Dirección de Personal.
El personal civil que actualmente labora en la Policía Nacional pasará al Ministerio del Interior.
Se establece que en caso de existir cargos innecesarios, esta entidad del Estado podrá aplicar un proceso de supresión de puestos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público y Normas Técnicas definido por el Ministerio de Relaciones Laborales. Habrá incremento de uniformados para trabajar exclusivamente en actividades operativas.*
En los pasillos y oficinas de la Comandancia General de la Policía existía ayer un ambiente de incertidumbre por la anunciada reorganización de la institución.
Esta situación se da luego de que el pasado 17 de enero, el primer mandatario, Rafael Correa, emitió el decreto ejecutivo 632, el cual traspasa la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía al Ministerio del Interior.
Sin embargo, estas dudas fueron despejadas de manera oficial por el secretario de esta cartera de Estado, Alfredo Vera, junto con los generales de la cúpula policial, luego de aclarar que continúa la normal estabilidad de la institución policial.
El proceso de reorganización policial pretende elevar las capacidades institucionales de la Policía para enfocarse exclusivamente en la seguridad ciudadana.
El Ministro del Interior aclaró que en un plazo de hasta noventa días dispondrá las acciones administrativas que fueren necesarias.
De esta forma, mañana en una primera reunión en Quito, el funcionario se reunirá en el Regimiento Quito Nº 1 para dialogar con los policías y explicarles el alcance del decreto. Es así que en la cita se realizará una videoconferencia para dialogar con los 23 comandos del país.
En este plan se establece que el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Los uniformados operativos que laboran en la lucha contra el tráfico de drogas, secuestros, controles migratorios, delincuencia organizada y otros, continuarán bajo la supervisión y responsabilidad de los policías de línea.
Para ello, se anunció el reclutamiento de nuevos elementos para incorporarlos a la institución, considerando la jurisdicción de su residencia, tanto para los nuevos y antiguos policías.
Vera indicó que el Decreto anticipa lo que contemplan las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y que continúan en proceso de elaboración.
Además, pone en igualdad de condiciones a la Policía y las Fuerzas Armadas, en el ámbito administrativo. “La representación judicial, legal y extrajudicial estaba dando una pseudo autonomía, que no cabía porque es una institución ligada a un proceso de desarrollo del Estado”, aclaró el funcionario.
Se indicó que al interior de la Policía existía una distorsión en este sentido y que era necesario normar. Insistió en que esto no provocará ninguna alteración en la misión de la institución policial, como es garantizar el orden y la seguridad interna del Estado.
Mañana empezará un proceso de socialización del decreto en Quito y continuará en Guayaquil
Asimismo, el decreto indica que el personal civil que actualmente labora en la Policía Nacional pasará al Ministerio del Interior y las actividades administrativas de la Policía serán realizadas por el personal civil que contrate o designe el Ministerio del Interior, el cual podrá seleccionar al personal necesario para el cumplimiento de las nuevas funciones.
De acuerdo con el cuadro de Recursos Humanos por sectores del Presupuesto General del Estado, difundido por el Ministerio de Finanzas el año anterior, al interior de la institución policial laboran 51.828 personas. En calidad de funcionarios y empleados civiles se detalla a 8.148 personas y 1.839 por contrato.
En calidad de docentes para los distintos institutos, colegios y escuelas bajo control policial se registran 2.429 y 292 entre becados, conscriptos y cadetes aspirantes. El personal de tropa y de oficiales asciende a los 39.099 miembros.
Según el comandante general de la Policía, Patricio Franco, el personal administrativo que labora en los diferentes destacamentos también labora los fines de semana en la seguridad ciudadana. El número exacto de policías y de funcionarios civiles será analizado en los próximos días, aclaró.
Una agente de la Policía, que prefirió la reserva de su identidad, afirmó estar de acuerdo con este anuncio, porque se adquiere más experiencia en el área operativa. Actualmente, ella labora como asistente administrativa en la oficina de Asuntos Internacionales de la Policía y los fines de semana que debe laborar se une a realizar operativos de control en estadios o lugares públicos, para prevenir delitos.
En los próximos días, el Ministerio del Interior firmará un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para cubrir con la demanda de los agentes de Policía y sus familias en cuanto al área de salud y créditos para viviendas.
Las obligaciones y derechos de carácter económico que se encuentran a cargo de la Policía pasarán a ser administrados por el Ministerio. Así como los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Policía Nacional.
Los ingresos, gastos corrientes y de inversión, que actualmente ejecuta la Policía, pasarán al presupuesto del Ministerio del Interior y serán destinados, exclusivamente, a las necesidades de la institución policial.
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