EFE - Quito
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, puntualizó hoy que el Gobierno no retirará ninguna pregunta de la consulta popular que impulsa y que está siendo analizada por la Corte Constitucional.
"No va a retirarse ninguna pregunta ni modificarse ninguna pregunta en lo que al Ejecutivo le concierne", puntualizó Mera durante un receso en las audiencias públicas que se adelantan en la Corte Constitucional.
Mera estuvo presente durante las sesiones, en las que opuestos a la consulta pidieron a la magistrada Nina Pacari que declare inconstitucional ciertas secciones del cuestionario planteado por el Ejecutivo.
El secretario jurídico de la Presidencia comentó que no le parece "válida" ninguna de la observaciones que escuchó durante la comparecencia de distintas personas, entre ellas el defensor del Pueblo, dirigentes políticos, asambleístas y ciudadanos particulares.
Mera dijo que no cree que las preguntas, tal y como están redactadas, sean inductivas, como alegan algunos críticos. También señaló que la Corte Constitucional puede analizar el texto de las preguntas y que Pacari entregará su informe al pleno.
"El pleno puede aceptarlo o no", subrayó Mera para quien en las audiencias públicas de hoy se han evidenciado criterios "de los frustrados".
La Corte Constitucional analiza el texto de las diez preguntas que preparó el Ejecutivo para someterlas a una consulta popular y un referendo este año.
Del cuestionario planteado por el Ejecutivo, Pacari se encarga del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras el magistrado Roberto Bhrunis se ocupa de las que acarrean cambios en la normativa, pero no en la Carta Magna.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito propone, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
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