EFE - Quito.- El presidente de la República, Rafael Correa, pidió hoy a la población estar alerta ante el posible intento de boicot a la consulta popular que impulsa y en la que se aborda la reforma del sistema judicial, restricciones a las propiedades de la banca y los medios de comunicación, y el control de algunos contenidos de la prensa.
"Atento pueblo ecuatoriano, cuidado por ahí hay una jugada política para boicotear la consulta, para evitar la transformación de la justicia y evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas", dijo Correa en su informe semanal de labores.
"Cuidado nos quieren manipular las preguntas, cuidado quieren bloquearlas, amarrarlas, descalificarlas para que no cambie nada en este país y los mismos de siempre sigan lucrando del sistema, me preocupa eso", comentó Correa, quien le pidió independencia y celeridad a la Corte Constitucional, a la que personalmente entregó el texto de las preguntas el pasado lunes.
"Señores consejeros, por favor, actuar con absoluta independencia en la forma más rápida, atendiendo el clamor popular y las necesidades urgentes del país", comentó el jefe de Estado.
El pasado jueves, la Corte Constitucional asignó a dos jueces el análisis de la legalidad de las preguntas de la consulta popular, que se realizaría en los próximos meses.
Ese órgano separó la responsabilidad en dos partes: Nina Pacari se encargará del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras que Roberto Brunis se ocupará de las otras cinco, que conllevan cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
En una rueda de prensa posterior a la sesión, los magistrados dijeron que están abiertos a la recepción de comentarios de grupos de interés y del público en general sobre las preguntas, porque "esa ya es la dinámica que ha plasmado la Corte" en otras ocasiones, explicó Pacari.
Brunis dijo, por su parte, que los dos jueces elaborarán un informe sobre si las preguntas son procedentes, que presentarán al pleno de la Corte, que deberá aceptarlo o rechazarlo, pues es el órgano "que resuelve esta situación".
Los magistrados analizarán el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de las preguntas, así como el propio texto, explicaron. La Corte cuenta con 45 días para concluir el proceso.
Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, y también la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorio.
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