jueves, 11 de noviembre de 2010

Las personas afectadas por el tráfico ilegal ya tienen un espacio de consulta en el Austro ecuatoriano

***SNN

Quito (Pichincha).- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de la viceministra, Daniela Idrovo, firmó hoy, jueves 11 de noviembre del 2010, convenios con las Gobernaciones del Azuay y Cañar, y con la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), con el objetivo de cooperar, coordinar, promover y generar espacios de consulta, orientación y patrocinio legal gratuito para las víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Los acuerdos firmados generan el compromiso de las gobernaciones de las dos provincias y de la Senami para entregar y facilitar instalaciones en las cuales personal del Ministerio de Justicia pueda trabajar y atender a la ciudadanía.


Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) funcionarán con 5 abogados encargados de entregar asesoría a las personas perjudicadas por el delito de tráfico ilegal de personas. La intención del Gobierno Nacional es entregar herramientas jurídicas a las víctimas y colaborar para que se siga el debido proceso y evitar que este crímen quede en la impunidad.

Daniela Idrovo, viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manifestó que la propuesta del Gobierno a través de esta Cartera de Estado es desarrollar un plan integral para proteger, prevenir, educar y judicializar los casos de tráfico, creando instrumentos que permitan desarticular las redes que involucran este negocio ilícito.


Éste es un plan piloto que se inicia simultáneamente en las provincias de Cañar y Azuay, para luego replicarlo en las zonas del país más sensibles a este delito.


Además, se firmó un convenio de cooperación con la Universidad de Cuenca con la finalidad de que estudiantes de Derecho colaboren en la lucha contra el tráfico de personas y realicen pasantías dentro de la OAC, dependencias que funcionan desde hoy en las dos provincias.

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