Revuelta policial del 30 de septiembre
El documento fue remitido el 25 de octubre al fiscal Washington Pesántez
Recuento. El Presidente Correa no narró hechos diferentes a los ya conocidos y difundidos tras los incidentes del 30 de septiembre.
Versión. El coronel José Rivadeneira (izq.) implicado en la revuelta policial, acudió a presentar una versión sin juramento ante el fiscal de Pichincha Jorge Cano Racines.
En siete páginas remitidas al fiscal Luis Enríquez, el presidente Rafael Correa presentó su informe sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre en el Regimiento Quito 1 y en el Hospital de la Policía.
No hay datos nuevos en la declaración presidencial. El mandatario relata que acudió al recinto policial tras conocer que existían protestas de los gendarmes relacionadas con las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público discutida el día anterior por la Asamblea.
Al conocer que otros cuarteles plegaban a la medida, decidió acudir al sitio “porque tuve conocimiento de que lo único que ocurría allí era una protesta de carácter laboral y que respondía a la falta de información respecto del alcance de la mencionada Ley de Servicio Público, por lo que consideré que mi presencia sería suficiente para esclarecer cualquier duda al respecto”.
“Jamás imaginé -dice él- que lo que se fraguaba era un golpe de Estado y que posteriormente derivó en un atentado cobarde en contra de mi integridad y mi vida”.
En el documento especificó que no llegó al Regimiento predispuesto a confrontar con los manifestantes sino para solucionar el problema desmintiendo los argumentos que generaban el descontento.
Pero que fue recibido con gases lacrimógenos durante el primer intento por tranquilizar a los manifestantes. En la segunda ocasión que buscó entrar al Regimiento también fue agredido con el impedimento de que la mayor parte de su seguridad ingresara al lugar.
El Presidente admite que se salió de casillas ante los pedidos de que derogue la ley “a cambio de deponer su actitud y permitirme salir con vida de allí, al tiempo que gritaban eso hizo Lucio”.
Reaccionó diciendo que no firmaba nada por la fuerza y que si querían lo mataran, pero que no iba a ceder. Hace alusión a los golpes, agresiones y bombas que le lanzaron en ese sitio, sin que sus agresores consideraran que atravesaba por un período de recuperación al haber sido operado de la rodilla derecha “en la cual tenía 25 puntos de sutura y caminaba ayudado de una muleta”.
Cuando cuenta cómo ingresó al hospital policial, el mandatario no menciona que el coronel César Carrión, director de la casa de salud, hubiese impedido su ingreso a ese sitio. Lo que dice es que cuando ya no podía mantenerse en pie tuvo que ser trasladado a emergencias del hospital entre las 10:00 y las 11:00 donde, tras recibir amenazas contra su vida y ser impedido de salir por policías y personas infiltradas, recibió oxígeno y desinflamantes para su rodilla.
Por varias ocasiones menciona que recibió informaciones que alertaban de la intención de matarlo. Lo supo, dice, por interceptación de conversaciones entre los sublevados. La intención de acabar con su vida también estuvo presente, según él, durante la balacera que precedió su salida del Hospital de la Policía conseguida por cerca de 800 miembros del Ejército.
El informe del mandatario, por disposición del fiscal Washington Pesántez, será distribuido a todos los fiscales que investigan los presuntos delitos derivados de la huelga policial.
Los detenidos por 30-S ya suman 32
Con la detención de 13 policías en Guayas y el arresto de Luis Montece y Luis Beltrán, implicados en el caso de presunta rebelión por la huelga policial del 30 de septiembre, son 32 los uniformados que guardan prisión.
Uno de los policías, Santiago Padilla, recibió la sustitución de la medida cautelar. Hoy, a las 16:30, Patricio Armijos, abogado de 12 policías pedirá al Consejo de Clases y Policías suspender el trámite administrativo en su contra.
Mientras que ayer acudieron a dar versión ante el fiscal Jorge Cano, los ex jefes del Regimiento Quito 1, Julio Cueva, Edwin Echeverría y José Rivadeneira.
En el caso del cierre del aeropuerto Mariscal Sucre, el fiscal Iván Ron, citó para hoy a las 10:00 al ministro de Defensa, Javier Ponce. También llamó a los comandantes Leonardo Barreiro, Aland Molestina y Patricio Cárdenas.
El martes concluyeron los consejos de disciplina aplicados a 135 militares del Ala 11, acusados de interrumpir las actividades en el aeropuerto. De ellos 52 fueron sancionados con faltas leves, 43 con graves, 2 castigados con falta atentatoria y 89 absueltos.
Pedro Haro, abogado de los 135 uniformados dijo que demandarán al segundo comandante del Ala 11, Antonio Puga, por haber incitado a la toma del hangar presidencial.
Aseguró que hay irregularidades en su actuación, dado que emitió el informe acusatorio a los militares y también impuso sanciones. “Debe excusarse para no ser juez y parte”, expresó.
Malestar en gendarmes detenidos por participar en el cierre del puente
Cuatro horas con veinte minutos después de haberse instalado la audiencia de formulación de cargos por los sucesos del 30 de septiembre en el juzgado décimo octavo de lo Penal del Guayas, situado en Durán, la desazón reinó entre los policías acusados de protestar y causar caos y disturbios en el puente Rafael Mendoza Avilés y en los alrededores del regimiento policial de Guayaquil.
“Esto es injusto, están haciendo pagar a justos por pecadores”, expresó un gendarme con rango de sargento, quien caminaba junto a algunos de sus 12 compañeros, contra quienes el juez Julio Vásquez, acababa de dictar las órdenes de prisión preventiva.
La medida cautelar había caído también sobre el vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, Kléber Cinchiguano, acusado de haber apoyado la protesta en Guayaquil.
La noche había caído sobre la ruidosa avenida Sibambe, del centro de Durán, donde queda el juzgado, pero era más negra para los agentes que bajaban del juzgado con dirección a los calabozos del GIR y del GOE. Uno de ellos tapó su cara con hojas de periódicos, mientras era escoltado por 4 agentes de civil hacia un patrullero. Otros caminaron hacia los carros policiales con rostros desencajados y sin decir una sola palabra a los periodistas que aguardaron desde las 14:00 por los resultados de la diligencia.
El juez Vásquez también bajó y presuroso subió a su vehículo, sin pronunciarse.
Contrariamente, el fiscal René Ormaza declaró a la prensa que con vídeos y fotografías facilitados por los medios de comunicación y por las autoridades policiales, además de testimonios, lograron demostrar al juez los indicios de responsabilidad de los uniformados.
Ahora, los trece implicados deberán demostrar su inocencia.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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