Seguridad: Las críticas por la inseguridad pesaron en las actividades que desarrollaron ayer el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
A las 09:25, Cuero atendió a jóvenes y familiares de víctimas de crímenes, protagonistas del plantón No más violencia, la tarde del martes. Fue una reacción ante la muerte por una bala de Bruno Barcos Betancourt, de 10 años.
Liberación de presos: Según un informe del Ministerio de Justicia, 10 945 personas obtuvieron su libertad entre octubre del 2007 y junio del 2010. Según Jaime Nebot, estos son “delincuentes, asesinos, violadores” que volvieron a las calles y aumentaron la inseguridad.
El mismo documento que citó Nebot menciona que la Defensoría Pública contrató 114 abogados. En dos años pagó USD 3,6 millones en salarios.
El ministro de Justicia, José Serrano, dijo que en seis meses estará lista la auditoría a la administración de justicia y que según el informe serán separados los malos jueces. El Gobernador dijo que la “pata coja” son los jueces.
Allí plantearon, en un manifiesto con 600 firmas, la creación de un comité en el que se involucren las autoridades de la justicia (Fiscalía y Corte), para que se comprometan a dar sentencias.
El Gobernador firmó el manifiesto y anunció que iría a la casa vecina, el Municipio, a entrevistarse con Nebot. Sería el primer acercamiento de ambas autoridades, distanciadas por las posturas políticas frente al Régimen y viceversa. Así lo hizo junto a la cúpula del Guayas: el comandante de la Policía, Miguel Chiriboga; el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de las FF.AA., Jorge Gross; y el intendente Julio Quiñónez.
A las 10:40 la comitiva ya estaba en el despacho del Alcalde. Lo primero que propuso Cuero a Nebot fue que se sumara al Consejo de Seguridad Provincial que él preside. Y lo invitó a una reunión con los ministros de Justicia, José Serrano; del Interior, Gustavo Jalkh; y de Seguridad Interna y Externa; Miguel Carvajal, que estaba prevista para las 14:00.
Esto ocurría un día después de que el presidente Rafael Correa criticara el modelo de gestión del Municipio de Guayaquil. Cuero consideraba que la seguridad no debe tener tintes políticos.
En la cita, Nebot agradeció el gesto del funcionario. Pero recordó los antecedentes desde enero del 2008 hasta cuando se trabajó en conjunto con todos los organismos de seguridad y se tuvieron “buenos resultados”. “El Gobierno echó al Municipio, no sé si por razones políticas... hasta que la situación se volvió insoportable”.
Según Nebot, el incremento delictivo en la ciudad no es culpa de la Policía, pero “sí la tienen el Gobierno y los legisladores” del movimiento oficialista A. País.
Nebot insistió en tres condiciones para integrarse al organismo de seguridad. La derogatoria de la ley que permite salir en libertad a los presos que no han tenido sentencia durante un año; la aplicación de visas para países que “exportan delincuencia”, como Colombia y Perú; y que se eliminen más de 500 000 cédulas falsas. Agregó que es necesario que se active la acumulación de penas, de 25 y 50 años, para delitos atroces como secuestro, violaciones, robo con muerte de víctima.
Cuero habló poco, reconoció la experiencia del Alcalde en temas de seguridad. Pero dijo que las reformas no dependen del Ejecutivo sino de la Asamblea. Nebot respondió que el Gobierno tiene una mayoría legislativa y ofreció los votos de Madera de Guerrero para los cambios. Además, recordó que el Régimen maneja la política exterior y el Registro Civil.
Cinco horas después, tres ministros informaron que las Fuerzas Armadas se unirán a la Policía Nacional para reducir los índices de inseguridad en el país, con énfasis en Guayaquil. Esto ocurre luego de que el Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha aceptara un pedido del Gobierno para aplicar medidas cautelares que garanticen los derechos de la población.
Las FF.AA. participarán en operativos conjuntos, control de armas, inteligencia contra el crimen organizado, según Carvajal. Dijo que la medida no implica restricción a ningún derecho.
En la rueda de prensa en la Gobernación, Carvajal exigió a la Asamblea el tratamiento del proyecto gubernamental de las reformas penales. Estas son: endurecimiento de penas para el delito de sicariato y uso de armas, que se tipifique la utilización de menores de edad en crímenes, acumulación de penas en delitos agravados, enriquecimiento ilícito relacionado al sicariato y otros.
Frente a frente
Mauro Andino /Asambleísta A. País
‘La inseguridad no bajará con reformas legales’
En la Comisión de Justicia de la Asamblea tenemos 15 proyectos de reformas penales. Pero la solución no es solo de leyes. Un ejemplo de ello son las cifras de audiencias fallidas: en Guayas, de 1 814 diligencias judiciales que se convocaron entre enero y mayo del 2009, 1 507 no se realizaron. El problema está en los fiscales, jueces y operadores de Justicia, que no cumplen su deber.
Yo les desafío a quienes culpan a la Asamblea de la inseguridad a que sancionen a los jueces y fiscales del Guayas para solucionar el mayor problema. Los socialcristianos pretenden subir penas, pero hoy ya tenemos penas acumuladas de hasta 35 años y eso no ha bajado la inseguridad.
Aspiro a que la próxima semana, la Presidenta de la Comisión (Ma. Paula Romo) convoque a la mesa para debatir las 15 propuestas y elaborar una sola integral.
Ángel Rubio/ Juez Penal del Guayas
‘Vivimos bajo un marco legal de impunidad’
Los jueces aplicamos la Ley. Cada día dictamos cientos de sentencias con penas de hasta 25 años.
Yo pido que se haga una auditoría al trabajo judicial para que se evidencie la labor que hacemos.
Pero la inseguridad es un problema grave que requiere el trabajo de personajes de las seis áreas de la Justicia y , además, de la voluntad política que permite tomar decisiones de Estado.
Se requieren reformas legales, porque ahora vivimos bajo un marco legal de impunidad, en donde la lentitud de los procesos favorece que no haya sentencias en algunos de los casos más polémicos. Yo creo que se debería dar la vuelta a todo el sistema judicial para hacerlo más ágil y se permita que el juez que inició un caso, sea el que dicte sentencia.
Fuente: EL COMERCIO
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