Foto: Expreso
Pamela Vera Concha
Fabrizzio Obando Laaz
Desde el 2000, la inseguridad que vive el país, especialmente Guayaquil, ha sido un tema recurrente de las autoridades locales y de Gobierno. Como medida han implementado una serie de planes de seguridad, algunos repetitivos, que con el tiempo se han diluido y no han combatido de raíz el problema de la delincuencia.
En julio de ese año, por ejemplo, el Gobierno lanzó oficialmente el plan antidelictivo nacional que, en cierta forma, tenía que ver con el Plan Colombia (erradicar el narcotráfico). El general Paco Urrutia, entonces jefe del IV Distrito, anunció la creación de un grupo dedicado tácticamente a la lucha contra la delincuencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Galápagos, con 3.700 policías.
Dos semanas después de los ofrecimientos, la Policía no recibía la ayuda económica y el equipamiento prometido.
La exigencia y el clamor ciudadano hicieron que el alcalde Jaime Nebot implementará en agosto de ese año, el plan Más Seguridad, en Guayaquil. Una operación que se ejecutó en tres fases, combinada entre las policías Metropolitana y Nacional con vehículos, comunicación y armamento. La urbe fue dividida en 38 zonas y dos unidades satélites. La acción fue acogida en otras ciudades como Cuenca y Sucumbíos.
En enero de 2001, se unieron al proyecto fuerzas especiales como el GOE, GIR y GAO (actualmente desaparecido). Se establecieron recompensas de 5.000 dólares para los 10 delincuentes más buscados. En junio de 2002, la Policía adquirió un nuevo helicóptero para combatir la delincuencia en Guayas. Sin embargo, decisiones políticas, denuncias por abusos del personal uniformado llevaron al plan Más Seguridad a su fin.
Resultados a medias
Pero, ¿por qué los planes de seguridad no logran los resultados que la ciudadanía demanda?
Según el coronel Mario Acosta, jefe de la Policía Judicial de Guayas, “los operativos policiales no es que no estén encaminados a neutralizar los delitos. Están para eso, de acuerdo con las incidencias por días, sectores y horas”.
Asegura que diariamente las unidades salen a realizar ese tipo de trabajo en forma puntual. “Que ocurran delitos pese a la presencia policial siempre va a ocurrir. Si usted cubre un sector, el delincuente se mueve a otro sitio. Aprovechan ese espacio de tiempo de la presencia policial para delinquir en otro sitio. Ellos levantan información, también realizan inteligencia”. Afirma que actualmente existen 68 puntos de control en la ciudad.
En un análisis e interpretación de la delincuencia en el Ecuador (entre el período enero-agosto de 2010), la Policía Nacional se fundamenta en cifras de denuncias y detenidos para “dar recomendaciones razonables sobre el fenómeno de la delincuencia y con el objeto de elaborar planes y políticas de control, prevención y tratamiento del delito”.
No obstante, temas como el sicariato o las mafias de pandillas, que en los últimos años han disparado la violencia delictiva no son analizados dentro de ese estudio, para tomar soluciones estructurales.
La exigencia por más seguridad ha hecho que en determinados tiempos no solo se activen nuevos planes policiales, sino además que salgan a patrullar las calles fuerzas de tarea conjunta de las FF.AA.
Pero otro problema que se presenta, según el coronel Acosta, es que cuando los elementos policiales toman un procedimiento y detienen al autor de un delito deben ir hasta las instalaciones de la PJ y esperar 4, 6, 8 y hasta 12 horas para que se realice la audiencia, “y en muchas de las ocasiones el trabajo policial queda minimizado. El patrullero entonces abandona su sector y esa zona queda a merced del hampa”.
Cambios en la justicia
La otra cara del problema delictivo es la justicia. En más de una ocasión, las autoridades policiales se han quejado también de la liberación de delincuentes, lo que ha conllevado a enfrentamientos entre operadores de justicia (jueces y fiscales), a la desconfianza ciudadana, además de cambios legales y constitucionales.
Édgar Salazar, juez décimo de Garantías Penales de Guayas, recuerda que en 2001 la justicia sufrió cambios estructurales. Entró en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, a partir de lo cual se encargó al Ministerio Público (Fiscalía) el proceso de investigación y los jueces pasaron a ser garantistas del proceso.
“Hay un cambio sustancial en el proceso investigativo, en el sentido de que la etapa de indagación previa tiene un tiempo de duración de un año para los delitos de prisión y dos para los delitos de reclusión. De no iniciarse la respectiva instrucción fiscal se dispondrá el archivo del expediente. A partir de esa fecha, el proceso investigativo tiene una duración de 90 días, luego de lo cual el fiscal deberá emitir su dictamen”, explica Salazar.
Pero el 29 de marzo de 2009, entraron en vigencia nuevas reformas al CP y CPP, que determinaron que las instrucciones fiscales por delitos flagrantes tienen un plazo de 30 días para ser resueltas en audiencias orales. Dentro de esas reformas también hubo cambios que levantaron la voz de protesta no solo de la ciudadanía, sino también de la Policía.
El robo, cuyo monto era inferior a las tres remuneraciones básicas del trabajador (654 dólares), ya no era denunciado en la Fiscalía sino en las comisarías, al ser una contravención de cuarta clase. No había investigación. Luego se reformó.
Pero las reformas fueron vistas con buenos ojos por los fiscales de delitos flagrantes, por la rapidez de los procedimientos y la presencia de jueces de flagrancia durante las 24 horas.
Otro cambio que se dio fue el aumento de las medidas cautelares de carácter personal a 13, siendo la última la prisión preventiva, la que se dicta como excepcional por mandato del artículo 77 de la Constitución, vigente desde octubre de 2008. La misma establece la caducidad de esa medida a los seis meses en delitos de prisión y un año en delitos de reclusión en casos de presos sin sentencia. Esto último llevó al actual Gobierno a la contratación de defensores públicos, que entre 2008 y 2009 lograron la salida de 9.501 presos en las 33 cárceles del país.
Él opina - Ramón Saltos
Secretario del Juzgado 6 Penal
“El problema delincuencial va anexado al desempleo, a la migración y a otros factores de influyen en la familia, en el comportamiento de ella misma, lo que ha aumentado el tema de delincuencia. Pero ha mejorado el tema de administración de justicia en cuanto a la celeridad del proceso, por el sistema implantado, que es el acusatorio oral... El juez debe pronunciarse en forma inmediata. Nos han dotado de computadoras que ayudan al trabajo y que no se estanquen los procesos. Además, la creación de fiscales ha ayudado a descentralizar el trabajo...”.
La influencia que ejercen los medios
Cobertura. El aumento de la delincuencia en Guayaquil ha motivado que los medios de comunicación centren parte de sus coberturas en las instalaciones de la Policía Judicial de Guayas.
La criminalidad es un problema de salud social, porque el individuo interactúa en una sociedad que tiene como factores principales la complejidad y la diversidad, que le permite reaccionar a ciertos estímulos”, dice el psicólogo Ernesto Quevedo, coordinador académico de la Facultad de Psicología, en la Universidad de Guayaquil.
Según su observación, entre las causas de la delincuencia es la información que los medios de comunicación manejan. Explica que los programas y, sobre todo, las novelas que transmiten diferentes canales de televisión tienen una influencia negativa en la sociedad.
“Están de moda las narconovelas, que no solo afectan a nuestra identidad nacional, sino que muestran abiertamente la vida de estas organizaciones que tanto han afectado a muchos de nuestros jóvenes”.
No obstante, los canales de televisión ya advierten a sus televidentes del contenido y a quienes está dirigido tal o cual programa. Es en casa donde también los padres deben ejercer un mejor control de lo que están viendo sus hijos.
Pero el auge delictivo, que azota especialmente a Guayaquil, ha llevado a varios medios a ampliar sus espacios en los noticiarios, para dar mayor despliegue a la crónica roja o seguridad.
“El aumento del delito ha motivado a los medios de comunicación a aumentar las coberturas. Ahora vienen aquí muchas radios que no destinaban personal para este sitio. Los canales de televisión ahora transmiten en vivo desde los patios de la PJ y dependencias de la Fiscalía. Aquí, los directores de noticias y periodistas saben que este es el eje donde se mueve la información del momento de flagrancia”, dice el fiscal Roque Macías, de la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía de Guayas.
El funcionario se muestra de acuerdo con la presencia de la prensa en el sitio. “Mostrar la realidad no es hacer apología del delito. Lo que está pasando, lamentablemente, no podemos taparlo ni debemos hacerlo. Todos tenemos que buscar solucionar o contrarrestar esto (aumento del delito)”, comenta al aclarar que lo que hacen es proteger a las víctimas para no victimizarlas y no exponerla a las cámaras.
Para Silvia Arellano, directora regional de noticias de Teleamazonas, “nuestra obligación también es con la ciudadanía y estamos inmersos en este momento en manos de la delincuencia, que ya no es que roba por necesidad, sino que mata por otro tipo de necesidades como la droga, la prostitución”.
El medio está trabajando en una campaña denominada Ciudadanos por la paz, junto con autoridades locales de Gobierno y Policía, para que la ciudadanía colabore en denunciar cualquier hecho de violencia. “Debemos unirnos todos para que la delincuencia disminuya”.
Ellos opinan
Mauricio Ceballos - Periodista TC Televisión
“La necesidad de informar nos obliga a estar aquí. No se trata de solo cubrir hechos de sangre, sino de cumplir con nuestro rol de comunicar. No buscamos hacer apología del delito, mostramos la realidad que se vive desde la familia, el barrio, la ciudad, el país. No podemos decir que todo es color de rosa”.
Christian Mendoza - Periodista Canal 1
“El aumento del delito como fenómeno social requiere cobertura periodística. Nosotros somos la voz, los oídos y los ojos de la ciudadanía que se siente indefensa, sin seguridad, pero con mucha impunidad. La Policía trabaja, pero la justicia es deficiente. Un ejemplo de esto es la demora en las audiencias de formulación de cargos”.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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