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Sonia Alarcón vive con su madre, Adela Rodríguez, quien desde que sufrió el accidente se ha convertido en el sustento de ella y su hijo que hoy tiene 11 años.
Han transcurrido nueve años, dos meses y doce días desde que Sonia Margarita Alarcón Rodríguez, hoy de 33 años, quedó parapléjica de por vida. Un accidente de tránsito a bordo de un patrullero policial la dejó postrada en una silla de ruedas.
Sentada junto a la mesa del comedor de su vivienda, ubicada en el norte de Guayaquil, Alarcón dice que el sábado 8 de noviembre del 2003 fue el día que marcó un antes y un después de su existencia.
Recuerda que el patrullero que abordó en la ciudadela La Florida, en el norte de la urbe, luego de pedir auxilio por el robo de su celular, se estrelló en el kilómetro 3 de la vía Perimetral, a la altura de Tres Bocas.
Un año después, el policía Byron Garófalo González, conductor del patrullero 145 de placa GWA-155, fue condenado a tres años de prisión al comprobarse que conducía en estado etílico, pero salió en libertad luego de pagar una fianza de tres mil dólares.
Cinco años más tarde, en el 2009, el entonces juez Tercero de Tránsito del Guayas, César Hermida Alvarado, sentenció a Garófalo y a la Policía Nacional a cancelar 80 mil dólares a Sonia Alarcón.
Desde entonces la lucha, dice ella, ha sido interminable. Insistir jurídicamente para que la institución policial asuma la responsabilidad civil y solidaria y le restituya los gastos hospitalarios y el rubro por indemnización que en sentencia dispuso Hermida le ha costado, incluso, quebrantos en su salud. En la actualidad, la suma asciende, por los intereses que se han generado, a $ 180.572,59.
“Esto ha sido muy doloroso, siempre paso enferma, tengo muchos gastos y no tengo nada para solventarlos; con la Policía nunca se puede, es muy corrupta, nunca asume las responsabilidades”, se queja Alarcón mientras su madre, Adela Rodríguez, sostiene en brazos al niño que cuida para ayudarla en la manutención y sus gastos.
La madre de Sonia ha sido su apoyo desde que sufrió el accidente de tránsito. Rodríguez se hizo cargo del cuidado del hijo de Alarcón, quien entonces tenía 2 años. Ahora con 11, el menor está próximo a ingresar al colegio y su madre y abuela temen no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir esos gastos.
Pese a la resistencia y a las trabas que, dice la afectada, hay en la Policía para cumplir con el pago, señala que el recurso del embargo de los bienes de la institución policial podría ser la solución a su conflicto.
“De la Policía han respondido que no me van a pagar, que no me pueden pagar, que el responsable que ocasionó el accidente (Byron Garófalo) es el que debería pagar y debió haber pagado desde el inicio. Esa ha sido la respuesta de la Policía por parte del mayor William Vera, quien es el que lleva el juicio”, asegura la demandante.
Por ello, el pasado 7 de diciembre presentó ante el Juzgado Tercero de Tránsito el pedido de embargo de 26 vehículos policiales, entre camionetas, autos y buses. No obstante, hasta la fecha el juez temporal de esa judicatura, Luis Trejo Neira, no da paso a la solicitud.
Trejo señala que ni siquiera se ha agregado el escrito al expediente de 600 fojas (seis cuerpos) por la acumulación de trabajo en el juzgado y por la ausencia del secretario principal, quien está de vacaciones.
“Cuando toque el momento yo le despacho”, dijo el juez temporal el pasado jueves, pero aclara que antes de proceder al embargo de los vehículos dará un tiempo prudencial para que la Policía o el Ministerio del Interior respondan a la solicitud. “Se le dará un término de setenta y dos horas para que pague o emita bienes”. En caso de que no haya una respuesta se procedería al respectivo embargo. “No queda más”, reitera el magistrado.
Pero Sonia Alarcón duda de que el Ministerio del Interior decida cancelar la deuda y pone sus esperanzas en la justicia, pese a que en sus escritos presentados ha hecho mención al Decreto Nº 32, que en la Disposición Transitoria Segunda señala: “Todas las obligaciones y derechos de carácter económico que se encontraren a cargo de la Policía Nacional serán asumidas por el Ministerio del Interior...”.
Sostiene que funcionarios de esa cartera de Estado, al igual que la Policía le han dicho que no le van a pagar. “Cuando llamé al despacho del ministro (José Serrano Salgado), con la secretaria dijeron que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que yo tengo que acudir a cobrarle directamente a la Policía, al Comando Nº 2 del Guayas, que allá tengo que ir a pedir una fecha de cuándo mismo tengo que recibir el pago; eso me dijo la secretaria del ministro (no recuerda el nombre)”.
En otra oportunidad, indica, le dijeron que esperara la respuesta de José Serrano. “Desde entonces seis meses he esperado”, recuerda.
Este Diario solicitó una entrevista con el general Patricio Pazmiño, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil, y con el coronel Carlos Logroño, jefe del Comando Guayas Nº 2, pero hasta el cierre de esta edición el primero no respondía, mientras que el segundo envió un comunicado vía correo electrónico a través del departamento de Relaciones Públicas.
En el correo se hace un recuento de todas las instancias del juicio planteado por Sonia Alarcón en contra de la Policía Nacional, y destaca las impugnaciones realizadas a las resoluciones emitidas en contra de la institución policial.
Entre ellas consta la hecha a la sentencia impuesta para el pago de los 180 mil dólares, por lo que el juicio tuvo que ser conocido por la Primera Sala de Tránsito del Guayas, cuyos jueces ratificaron la condena emitida por la instancia inferior.
Incluso, el caso fue conocido por la Corte Constitucional después de que la Policía interpuso un Recurso Extraordinario de Protección en contra de la confirmación de la sala. No obstante, la máxima instancia de la Función Judicial negó el pedido de la Policía y también ratificó la sentencia.
Mientras tanto, Sonia Alarcón espera que el juez Luis Trejo dé paso a la acción de embargo de los bienes o que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior cumplan con su obligación. “Quiero que se haga justicia”, exclama la mujer.
Textuales: Lo que se dijo
Luis Trejo Neira
Juez Tercero de Tránsito
“Tenemos bastantes juicios, ese (el de Sonia Alarcón) no es el único; el secretario se fue de vacaciones y tenemos bastante que despachar”.
Fuente: EL UNIVERSO*
Sentada junto a la mesa del comedor de su vivienda, ubicada en el norte de Guayaquil, Alarcón dice que el sábado 8 de noviembre del 2003 fue el día que marcó un antes y un después de su existencia.
Recuerda que el patrullero que abordó en la ciudadela La Florida, en el norte de la urbe, luego de pedir auxilio por el robo de su celular, se estrelló en el kilómetro 3 de la vía Perimetral, a la altura de Tres Bocas.
Un año después, el policía Byron Garófalo González, conductor del patrullero 145 de placa GWA-155, fue condenado a tres años de prisión al comprobarse que conducía en estado etílico, pero salió en libertad luego de pagar una fianza de tres mil dólares.
Cinco años más tarde, en el 2009, el entonces juez Tercero de Tránsito del Guayas, César Hermida Alvarado, sentenció a Garófalo y a la Policía Nacional a cancelar 80 mil dólares a Sonia Alarcón.
Desde entonces la lucha, dice ella, ha sido interminable. Insistir jurídicamente para que la institución policial asuma la responsabilidad civil y solidaria y le restituya los gastos hospitalarios y el rubro por indemnización que en sentencia dispuso Hermida le ha costado, incluso, quebrantos en su salud. En la actualidad, la suma asciende, por los intereses que se han generado, a $ 180.572,59.
“Esto ha sido muy doloroso, siempre paso enferma, tengo muchos gastos y no tengo nada para solventarlos; con la Policía nunca se puede, es muy corrupta, nunca asume las responsabilidades”, se queja Alarcón mientras su madre, Adela Rodríguez, sostiene en brazos al niño que cuida para ayudarla en la manutención y sus gastos.
La madre de Sonia ha sido su apoyo desde que sufrió el accidente de tránsito. Rodríguez se hizo cargo del cuidado del hijo de Alarcón, quien entonces tenía 2 años. Ahora con 11, el menor está próximo a ingresar al colegio y su madre y abuela temen no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir esos gastos.
Pese a la resistencia y a las trabas que, dice la afectada, hay en la Policía para cumplir con el pago, señala que el recurso del embargo de los bienes de la institución policial podría ser la solución a su conflicto.
“De la Policía han respondido que no me van a pagar, que no me pueden pagar, que el responsable que ocasionó el accidente (Byron Garófalo) es el que debería pagar y debió haber pagado desde el inicio. Esa ha sido la respuesta de la Policía por parte del mayor William Vera, quien es el que lleva el juicio”, asegura la demandante.
Por ello, el pasado 7 de diciembre presentó ante el Juzgado Tercero de Tránsito el pedido de embargo de 26 vehículos policiales, entre camionetas, autos y buses. No obstante, hasta la fecha el juez temporal de esa judicatura, Luis Trejo Neira, no da paso a la solicitud.
Trejo señala que ni siquiera se ha agregado el escrito al expediente de 600 fojas (seis cuerpos) por la acumulación de trabajo en el juzgado y por la ausencia del secretario principal, quien está de vacaciones.
“Cuando toque el momento yo le despacho”, dijo el juez temporal el pasado jueves, pero aclara que antes de proceder al embargo de los vehículos dará un tiempo prudencial para que la Policía o el Ministerio del Interior respondan a la solicitud. “Se le dará un término de setenta y dos horas para que pague o emita bienes”. En caso de que no haya una respuesta se procedería al respectivo embargo. “No queda más”, reitera el magistrado.
Pero Sonia Alarcón duda de que el Ministerio del Interior decida cancelar la deuda y pone sus esperanzas en la justicia, pese a que en sus escritos presentados ha hecho mención al Decreto Nº 32, que en la Disposición Transitoria Segunda señala: “Todas las obligaciones y derechos de carácter económico que se encontraren a cargo de la Policía Nacional serán asumidas por el Ministerio del Interior...”.
Sostiene que funcionarios de esa cartera de Estado, al igual que la Policía le han dicho que no le van a pagar. “Cuando llamé al despacho del ministro (José Serrano Salgado), con la secretaria dijeron que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que yo tengo que acudir a cobrarle directamente a la Policía, al Comando Nº 2 del Guayas, que allá tengo que ir a pedir una fecha de cuándo mismo tengo que recibir el pago; eso me dijo la secretaria del ministro (no recuerda el nombre)”.
En otra oportunidad, indica, le dijeron que esperara la respuesta de José Serrano. “Desde entonces seis meses he esperado”, recuerda.
Este Diario solicitó una entrevista con el general Patricio Pazmiño, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil, y con el coronel Carlos Logroño, jefe del Comando Guayas Nº 2, pero hasta el cierre de esta edición el primero no respondía, mientras que el segundo envió un comunicado vía correo electrónico a través del departamento de Relaciones Públicas.
En el correo se hace un recuento de todas las instancias del juicio planteado por Sonia Alarcón en contra de la Policía Nacional, y destaca las impugnaciones realizadas a las resoluciones emitidas en contra de la institución policial.
Entre ellas consta la hecha a la sentencia impuesta para el pago de los 180 mil dólares, por lo que el juicio tuvo que ser conocido por la Primera Sala de Tránsito del Guayas, cuyos jueces ratificaron la condena emitida por la instancia inferior.
Incluso, el caso fue conocido por la Corte Constitucional después de que la Policía interpuso un Recurso Extraordinario de Protección en contra de la confirmación de la sala. No obstante, la máxima instancia de la Función Judicial negó el pedido de la Policía y también ratificó la sentencia.
Mientras tanto, Sonia Alarcón espera que el juez Luis Trejo dé paso a la acción de embargo de los bienes o que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior cumplan con su obligación. “Quiero que se haga justicia”, exclama la mujer.
Textuales: Lo que se dijo
Luis Trejo Neira
Juez Tercero de Tránsito
“Tenemos bastantes juicios, ese (el de Sonia Alarcón) no es el único; el secretario se fue de vacaciones y tenemos bastante que despachar”.
Fuente: EL UNIVERSO*
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