Las organizaciones independientes Justicia Vial y Covial cuestionan las cifras de siniestralidad y mortalidad por accidentes de tránsito del 2012, presentadas por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio del Interior. Ambos organismos exigen “transparentar” las estadísticas.
El miércoles pasado, el general de Policía Juan Ruales dio a conocer que en el 2012 los accidentes de tránsito se redujeron en un 11,31%, al pasar de 15.751 en el 2011 a 13.979 en el 2012 y señaló que gran parte de ese descenso se debe a las campañas de control de velocidad implementadas en el país.
Esta reducción, según la policía, incidió a la baja en el número de personas que resultaron heridas en siniestros de tránsito. Mientras en el 2011, 13.142 personas sufrieron lesiones, en el 2012 fueron 11.487.
Pero la reducción en el número de accidentes de tránsito no ha significado que las muertes en las vías disminuyan. Por el contrario, se incrementaron en 65 casos al pasar de 1.523 muertos en el 2011 a 1.588 fallecidos el año pasado, de acuerdo a las cifras oficiales.
Sin embargo, Guillermo Abad, director de Justicia Vial, dijo que este informe no refleja la realidad de la siniestralidad del tránsito en el país porque los datos entregados se sustentan únicamente en los partes policiales y que incluso esto generaría un subregistro sobre el número de fallecidos y heridos.
“Una de las falencias que tiene el parte policial es que actualmente tiene vigencia estadística de apenas 24 horas. Eso quiere decir que si un herido en un accidente de tránsito fallece a las 25 horas eso no se especifica en el parte y se mantiene como herido en el documento”, señaló Abad.
Víctor Jiménez, director de la organización Covial, manifestó que junto a Justicia Vial llevan desde enero del 2008 un registro propio sobre accidentes de tránsito y los heridos y fallecidos por esta causa.
Ambas organizaciones toman como base las cifras que emiten varias entidades públicas, especialmente la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
“Si se produce un arrollamiento al que no llegó la policía, pero sí la ambulancia, esa persona herida es llevada a un hospital. Y si la víctima lamentablemente fallece es necesario hacer la denuncia en la Fiscalía para cobrar el SOAT. Todo ese proceso queda registrado en esas entidades”, indicó Abad.
Este mecanismo de conteo arrojó en el primer semestre del 2012 (desde el 1 de enero al 30 de junio) cifras que distan en mucho a las presentadas por Ruales.
“En ese periodo tuvimos un promedio de 14 muertes y 150 heridos diarios por accidentes de tránsito y la posibilidad de que ese comportamiento haya cambiado en los seis meses restantes es poco probable”, afirmó Jiménez.
Esto quiere decir, según las estadísticas que manejan ambas organizaciones, que solo entre enero y junio del 2012 fallecieron 2.520 personas y resultaron heridas 27.000.
Las autoridades aseguraron que desde que funcionan los fotorradares, los accidentes por exceso de velocidad se redujeron en un 58%. Abad duda de la veracidad de esa afirmación y cree que hay una contradicción. “Si las cifras oficiales dicen que bajaron los accidentes, pero murió más gente, eso hace pensar que los siniestros han sido más severos y esa severidad tiene un componente que es el exceso de velocidad”.
Añadió que los controles de velocidad tuvieron éxito al inicio, por los operativos. “Ahora no existen, porque estamos en época electoral y no quieren molestar a la gente y menos a los transportistas que tienen como candidato a asambleísta por el partido de Gobierno a uno de sus dirigentes”.
Jiménez y Abad piden a las autoridades que apliquen una sola metodología en el registro de accidentes de tránsito tomando en cuenta parámetros internacionales en los que, por ejemplo, el parte policial tenga una vigencia estadística de 30 días y no de 24 horas.
Retención de carros
Con la detención de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito, las autoridades de justicia del país buscan presionar a los conductores causantes de siniestros para que se presenten a las audiencias o lleguen a un acuerdo.
Con orden judicial
El Consejo de la Judicatura aplica desde octubre pasado, en diez ciudades, un plan piloto con el que busca reducir la impunidad en los delitos de tránsito, que solo llegan a sentencia en un 0,6% de los casos, siendo el nivel más bajo en materia penal. Ahora, si el acusado no se presenta a la primera audiencia, en la nueva el juez debe acoger el pedido de la Fiscalía para retener el vehículo.
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Fuente: EL UNIVERSO*
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