El derrocamiento de Jamil Mahuad abrió otro período a favor de gobiernos bajo el tutelaje estadounidense y sus organismos El 21 de enero de 2000 el gobierno de la Democracia Popular, representado por Jamil Mahuad, fue expulsado del poder por la presión de miles de indígenas, trabajadores, estudiantes y población en general, en un verdadero levantamiento popular.
El 21 de enero de 2000 Jamil Mahuad, trigésimo sexto presidente del Ecuador, es obligado a renunciar por la presión de miles de ciudadanos ecuatorianos que protagonizaron un verdadero levantamiento popular que incluía a indígenas, trabajadores, estudiantes y población en general.
Su derrocamiento ocurrió cuando aún no cumplía dos años de su mandato y constituyó el epílogo de un ejercicio presidencial errado que provocó la mayor crisis económica, social y política del país.
La crisis de los bancos
Las causas de la crisis bancaria de 1999 habría que buscarlas atrás, a partir de 1992, con la llegada de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik al poder y la puesta en marcha de reformas estructurales siguiendo el Consenso de Washington.
Así, en 1994 el gobierno expide la Ley General de Instituciones del sistema financiero, que mermó los controles sobre la banca produciendo “una pésima cartera, créditos vinculados y ausencia de reservas”.
Esta liberalización provocó la primera baja importante del sistema bancario: la caída del Banco Continental. (tomado del libro “Ecuador: de banana republic a la no república”, de Rafael Correa, páginas 38, 55 y 56).
Lo anterior pone luz al desgrane bancario que se produjo ni bien Jamil Mahuad asumió el poder el 10 de agosto de 1998.
Como lo reportan los diarios de aquella época, el gobierno de Mahuad, ante los problemas de liquidez y solvencia manifestados por Filanbanco, vía Banco Central le entregó 424 millones de dólares, dinero que cayó en saco roto, pues el banco fue entregado por sus dueños, los hermanos Isaías, a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
De ahí la estampida. En 1999 se cerraron más de diez entidades financieras, entre ellas Financorp, Azuay, Finagro, Occidente, Banco del Progreso, Bancomex, Popular, Banco Unión, Banco de Crédito y Banco La Previsora.
El gobierno socialdemócrata impuso el denominado salvataje bancario que le costó a los ciudadanos ecuatorianos más de 8.600 millones de dólares.
La caída del Banco del Progreso y la marcha de los crespones negros
En marzo de ese año se corrió el rumor de la quiebra del Banco del Progreso. Situación aprovechada por la oligarquía guayaquileña que culpó a la banca serrana de propalar esos rumores con el propósito de dominar el mercado financiero del país.
Se pusieron en acción las Cámaras que buscaron respaldo en varias ciudades del Litoral para una marcha que se realizaría el 8 de abril, con el propósito de entregar al gobernador del Guayas (Guillermo Lasso) un documento dirigido al presidente.
Sin embargo, según la prensa, el motivo central era apoyar al banquero Aspiazu. Finalmente se realizó la concentración presidida por Aspiazu Seminario, entre otros conspicuos miembros de la élite costeña, apoyados por miles de ciudadanos y cuentahorristas, que marcharon por el centro de la ciudad y llegaron hasta el cabildo porteño donde los recibió el alcalde León Febres Cordero.
Los ciudadanos no tardaron en darse cuenta del engaño cuando, finalmente, el 13 de julio el banco fue cerrado por orden de la Junta Bancaria y su dueño detenido.
La Ley AGD, el feriado bancario y la dolarización
En medio de la crisis, en 1998 el gobierno de Jamil Mahuad implementó la Ley de Garantía de Depósitos (Ley AGD) que “obligaba al Estado a respaldar el 100% de los depósitos nacionales y extranjeros, sin límite de monto.
Fue el mejor incentivo para quebrar bancos, puesto que ellos quebraban y el Estado pagaba” (Correa, pp 61). Con el agravante de que dicha ley no tenía poder coactivo.
Después de un corto feriado bancario, por medio del Decreto Ejecutivo 685, de marzo 11 de 1999, el gobierno de Mahuad ordenó congelar los depositos bancarios, es decir “los patriarcas del neoliberalismo realizaron, talvez, la mayor confiscación de bienes privados de la historia del Ecuador”.
La mayor parte de dinero retenido se comenzó a entregar al año siguiente cuando el Ecuador ya estaba dolarizado ( 25 mil sucres por dólar) mientras que cuando el dinero se congeló el cambio era de 10.350 sucres.
El dinero de los ahorristas se hizo agua, “el congelamiento en realidad representó una transferencia de cerca de 2.500 millones de dólares de los depositantes a los bancos y a los deudores de la banca, casi siempre, estos últimos los mismos banqueros” (Correa, pp 62-63).
La creación de los CDR (Certificados de Depósitos Reprogramables) significó la quiebra técnica de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pues la banca recibía los CDR de sus clientes con descuentos de hasta el 60% y se los traspasaba a la CFN al 100% de su valor. También la CFN recibió de la banca cartera incobrable por 425 millones de dólares. (Correa, pp 64).
Consecuencias sociales
La crisis de 1999 produjo el más rápido empobrecimiento de que se tenga noticia en la región. Producto del cual se considera que aproximadamente tres millones de ecuatorianos salieron del país hacia Europa o los Estados Unidos.
Considerada una verdadera tragedia social porque atrás quedaron miles de niños y niñas que fueron obligados a crecer sin su padre o su madre, en unos casos, o sin ambos, en otros.
En Chunchi, (Chimborazo) donde se determinó que el 60% de los padres de familia son emigrantes, 19 chicos se suicidaron en el 2005. Un fenómeno que antes no ocurría en el Ecuador. Asimismo, los chicos empiezan a beber alcohol desde los 13 años (Correa, pp66).
Durante todos estos años la justicia ecuatoriana ha sido muy lenta para juzgar a los culpables. Muy pocos han pagado. En el caso del ex presidente Jamil Mahuad, que vive en Estados Unidos, el doctor Carlos Ramírez, presidente de la CNJ, se encuentra al momento clasificando los documentos que apoyen el trámite formal ante las autoridades estadounidenses para su extradición al Ecuador, donde se le sigue un juicio penal por presunto delito de peculado.
Base de Manta
Usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico, en 1998 Jamil Mahuad y el canciller Benjamín Ortiz firmaron un convenio con el gobierno de Estados Unidos, mediante el cual el Ecuador les cedía, por lapso de diez años, las instalaciones de la base militar de Manta.
Luego de la caída de Jamil Mahuad.
El presidente Gustavo Noboa y el canciller Heinz Moeller no solo ratificaron el convenio sino que lo aumentaron, dándoles a los aviones y naves estadounidenses casi un estatus de nacionales.
Además, Ecuador, mediante el “Acuerdo Ortiz”, renunciaba a todo reclamo por lesiones, muertes de personas o por daños, pérdidas o destrucción de bienes gubernamentales.
El nuevo gobierno presidido por el Rafael Correa decidió no renovar el convenio y en septiembre de 2009, en presencia del canciller Fander Falconí, las fuerzas estadounidenses abandonaron las instalaciones, entregando, el día 18 de septiembre la base militar a las autoridades ecuatorianas.
Fuente: EL TELÈGRAFO*
Su derrocamiento ocurrió cuando aún no cumplía dos años de su mandato y constituyó el epílogo de un ejercicio presidencial errado que provocó la mayor crisis económica, social y política del país.
La crisis de los bancos
Las causas de la crisis bancaria de 1999 habría que buscarlas atrás, a partir de 1992, con la llegada de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik al poder y la puesta en marcha de reformas estructurales siguiendo el Consenso de Washington.
Así, en 1994 el gobierno expide la Ley General de Instituciones del sistema financiero, que mermó los controles sobre la banca produciendo “una pésima cartera, créditos vinculados y ausencia de reservas”.
Esta liberalización provocó la primera baja importante del sistema bancario: la caída del Banco Continental. (tomado del libro “Ecuador: de banana republic a la no república”, de Rafael Correa, páginas 38, 55 y 56).
Lo anterior pone luz al desgrane bancario que se produjo ni bien Jamil Mahuad asumió el poder el 10 de agosto de 1998.
Como lo reportan los diarios de aquella época, el gobierno de Mahuad, ante los problemas de liquidez y solvencia manifestados por Filanbanco, vía Banco Central le entregó 424 millones de dólares, dinero que cayó en saco roto, pues el banco fue entregado por sus dueños, los hermanos Isaías, a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
De ahí la estampida. En 1999 se cerraron más de diez entidades financieras, entre ellas Financorp, Azuay, Finagro, Occidente, Banco del Progreso, Bancomex, Popular, Banco Unión, Banco de Crédito y Banco La Previsora.
El gobierno socialdemócrata impuso el denominado salvataje bancario que le costó a los ciudadanos ecuatorianos más de 8.600 millones de dólares.
La caída del Banco del Progreso y la marcha de los crespones negros
En marzo de ese año se corrió el rumor de la quiebra del Banco del Progreso. Situación aprovechada por la oligarquía guayaquileña que culpó a la banca serrana de propalar esos rumores con el propósito de dominar el mercado financiero del país.
Se pusieron en acción las Cámaras que buscaron respaldo en varias ciudades del Litoral para una marcha que se realizaría el 8 de abril, con el propósito de entregar al gobernador del Guayas (Guillermo Lasso) un documento dirigido al presidente.
Sin embargo, según la prensa, el motivo central era apoyar al banquero Aspiazu. Finalmente se realizó la concentración presidida por Aspiazu Seminario, entre otros conspicuos miembros de la élite costeña, apoyados por miles de ciudadanos y cuentahorristas, que marcharon por el centro de la ciudad y llegaron hasta el cabildo porteño donde los recibió el alcalde León Febres Cordero.
Los ciudadanos no tardaron en darse cuenta del engaño cuando, finalmente, el 13 de julio el banco fue cerrado por orden de la Junta Bancaria y su dueño detenido.
La Ley AGD, el feriado bancario y la dolarización
En medio de la crisis, en 1998 el gobierno de Jamil Mahuad implementó la Ley de Garantía de Depósitos (Ley AGD) que “obligaba al Estado a respaldar el 100% de los depósitos nacionales y extranjeros, sin límite de monto.
Fue el mejor incentivo para quebrar bancos, puesto que ellos quebraban y el Estado pagaba” (Correa, pp 61). Con el agravante de que dicha ley no tenía poder coactivo.
Después de un corto feriado bancario, por medio del Decreto Ejecutivo 685, de marzo 11 de 1999, el gobierno de Mahuad ordenó congelar los depositos bancarios, es decir “los patriarcas del neoliberalismo realizaron, talvez, la mayor confiscación de bienes privados de la historia del Ecuador”.
La mayor parte de dinero retenido se comenzó a entregar al año siguiente cuando el Ecuador ya estaba dolarizado ( 25 mil sucres por dólar) mientras que cuando el dinero se congeló el cambio era de 10.350 sucres.
El dinero de los ahorristas se hizo agua, “el congelamiento en realidad representó una transferencia de cerca de 2.500 millones de dólares de los depositantes a los bancos y a los deudores de la banca, casi siempre, estos últimos los mismos banqueros” (Correa, pp 62-63).
La creación de los CDR (Certificados de Depósitos Reprogramables) significó la quiebra técnica de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pues la banca recibía los CDR de sus clientes con descuentos de hasta el 60% y se los traspasaba a la CFN al 100% de su valor. También la CFN recibió de la banca cartera incobrable por 425 millones de dólares. (Correa, pp 64).
Consecuencias sociales
La crisis de 1999 produjo el más rápido empobrecimiento de que se tenga noticia en la región. Producto del cual se considera que aproximadamente tres millones de ecuatorianos salieron del país hacia Europa o los Estados Unidos.
Considerada una verdadera tragedia social porque atrás quedaron miles de niños y niñas que fueron obligados a crecer sin su padre o su madre, en unos casos, o sin ambos, en otros.
En Chunchi, (Chimborazo) donde se determinó que el 60% de los padres de familia son emigrantes, 19 chicos se suicidaron en el 2005. Un fenómeno que antes no ocurría en el Ecuador. Asimismo, los chicos empiezan a beber alcohol desde los 13 años (Correa, pp66).
Durante todos estos años la justicia ecuatoriana ha sido muy lenta para juzgar a los culpables. Muy pocos han pagado. En el caso del ex presidente Jamil Mahuad, que vive en Estados Unidos, el doctor Carlos Ramírez, presidente de la CNJ, se encuentra al momento clasificando los documentos que apoyen el trámite formal ante las autoridades estadounidenses para su extradición al Ecuador, donde se le sigue un juicio penal por presunto delito de peculado.
Base de Manta
Usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico, en 1998 Jamil Mahuad y el canciller Benjamín Ortiz firmaron un convenio con el gobierno de Estados Unidos, mediante el cual el Ecuador les cedía, por lapso de diez años, las instalaciones de la base militar de Manta.
Luego de la caída de Jamil Mahuad.
El presidente Gustavo Noboa y el canciller Heinz Moeller no solo ratificaron el convenio sino que lo aumentaron, dándoles a los aviones y naves estadounidenses casi un estatus de nacionales.
Además, Ecuador, mediante el “Acuerdo Ortiz”, renunciaba a todo reclamo por lesiones, muertes de personas o por daños, pérdidas o destrucción de bienes gubernamentales.
El nuevo gobierno presidido por el Rafael Correa decidió no renovar el convenio y en septiembre de 2009, en presencia del canciller Fander Falconí, las fuerzas estadounidenses abandonaron las instalaciones, entregando, el día 18 de septiembre la base militar a las autoridades ecuatorianas.
Fuente: EL TELÈGRAFO*
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