Hora de valorar trabajo femenino no remunerado

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IPS
AMÉRICA LATINA

Por Daniela Estrada
El trabajo en casa agobia a la mujer latinoamericana / Crédito:Daniela Estrada/IPS

Llegó la hora de que los países latinoamericanos valoren económicamente el trabajo femenino no remunerado y provean servicios de atención a personas dependientes.

La recomendación está contenida en el informe "¿Qué Estado para qué igualdad?", preparado por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) para este encuentro intergubernamental que analizará el avance de los compromisos asumidos por los países en la X Conferencia, realizada en 2007 en Quito.

Según el documento, para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres es necesario que ellas logren autonomía económica, física y política. La "igualdad laboral", en la que se centra principalmente la propuesta de la Cepal, sería indispensable para obtenerlas.

La participación de la población femenina urbana en la actividad económica general es de 52 por ciento en la región, lejos del 78 por ciento de ellos.

Mientras, otro indicador creado en años recientes para medir la autonomía económica de las mujeres, indica que en la región aún 31,6 por ciento de la población femenina de más de 15 años carece de ingresos propios, pese a que 81 por ciento de las mujeres con esa situación trabajan para familiares o en otras tareas no remuneradas.

El organismo estima que si las mujeres no aportaran ingresos a sus familias, los hogares pobres urbanos se incrementarían en promedio en nueve puntos porcentuales y los rurales en seis puntos.

"Para mejorar la autonomía económica de las mujeres pensamos que debe haber una corresponsabilidad mayor entre el Estado, la familia y el mercado", dijo a IPS la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena.

En 12 países analizados de la región, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las labores domésticas, y su carga total de trabajo es mayor que la de ellos. Según datos de 2007, las mujeres ecuatorianas, por ejemplo, suman 107,5 horas semanales de trabajo total comparadas con 87,2 horas de los hombres.

"El Estado tiene el deber de atender la insuficiencia de instituciones públicas de cuidado de niños y niñas, adultos mayores y discapacitados y el deber de regular para que la empresa privada y el mercado también proporcionen ese mismo tipo de protección social a las mujeres", especificó Bárcena.

Otra política que podría mejorar la autonomía económica de ellas sería el derecho a pensión para las mayores de 60 años que no hayan trabajado remuneradamente, apuntó. Desde 2008, Chile entrega jubilaciones a mujeres en esa situación de los estratos más pobres.

En las constituciones aprobadas desde 1999 por Venezuela, Ecuador, Bolivia y República Dominicana, se reconoce el aporte económico y social del trabajo no remunerado y del cuidado, pero ello no se ha traducido aún en normas legales que los recompensen o los incluyan como una variable de las cuentas nacionales.

En países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, República Dominicana y Uruguay se han implementado iniciativas de equidad de género en la actividad empresarial, como las certificaciones de buenas prácticas, que miden la paridad en reclutamiento, capacitación, carrera profesional y acceso a cargos directivos.

La voluntad política ha ido creciendo, destacó Bárcena, "pero esto tiene que ir a la par de los recursos económicos, de rubros en el presupuesto fiscal". A ello debe sumarse, sostuvo, un "cambio 'civilizatorio', donde las nuevas generaciones se corresponsabilicen de otra forma".

"Los derechos económicos de las mujeres deben ser respetados y asegurados por los Estados en sus proyectos de desarrollo", planteó a IPS Rebecca Tavares, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) en Brasil y el Cono Sur de América, organismo que participarón activamente en el encuentro de Brasilia.

"La crisis económica ha mostrado los límites y el agotamiento de las prácticas financieras y económicas actuales", acotó.

A su juicio, "urge hacer un análisis en profundidad del modelo de desarrollo y dar mayores incentivos a las experiencias que aprovechan el activo y la totalidad del potencial productivo de las mujeres".

Tavares citó como ejemplo los "programas de transferencia condicionada de renta a grupos vulnerables por las dimensiones de género, raza, etnia y condición económica".

Además, la sociedad civil presentó en Brasilia una herramienta de monitoreo de los compromisos asumidos por los países en estas conferencias regionales de la mujer.

Se trata de ISO-Quito, creado por la Articulación Feminista Marcosur (AFM), cuyos primeros resultados fueron adelantados a IPS por Lucy Garrido, del equipo de coordinación de esta entidad formada por redes regionales y nacionales y organizaciones no gubernamentales de siete países sudamericanos.

Con base en los datos disponibles de 2007, la AFM creó varios indicadores, con una escala de 0 a 1, donde mayor valor es mejor posición.

El Índice de Paridad Económica y Laboral, que mide participación en el mercado de trabajo, cobertura de seguridad social, desempleo, salario medio urbano e incidencia de la pobreza, lo encabeza Uruguay, con 0,824 puntos, entre 17 países analizados.

Detrás figuran Brasil, con 0,786 puntos, Paraguay, con 0,772, Perú, con 0,763, Argentina, con 0,748, y Ecuador, con 0,740.

México, la segunda economía regional, ocupa el puesto 11, con 0,695, y Chile, con un alto desarrollo humano pero una de las menores tasas de participación laboral femenina de la región, se ubica en uno de los últimos puestos, con 0,687 puntos.

El Índice de Compromisos Institucionales, en tanto, analiza aspectos como el impulso de leyes de cuotas para promover la participación política femenina, la existencia de normas contra la violencia machista y el acoso sexual, o la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como Cedaw, por sus siglas en inglés.

Este índice, con datos de todos los países latinoamericanos, evalúa también la institucionalidad de género, la implementación de planes nacionales de igualdad y de encuestas de uso del tiempo y del trabajo no remunerado, y la legalidad de algunos casos de aborto.

El país mejor ubicado en este indicador es Costa Rica, con 0,937 puntos, y el peor, Nicaragua, con 0,229 puntos. Otras naciones con buenos desempeños son Argentina, con 0,895 puntos, Ecuador, con 0,854, y Bolivia, con 0,833. (FIN/2010)