DIARIO EL COMERCIO
Ayer, en Quito. Dolores Vélez (izq.), Dolores Briones, Dolores Guerra y Sonia Bonilla, madre de D. Peña. Foto: Diego Bravo/EL COMERCIODD.HH. En el brazo derecho de Jaime G. hay moretones. Él asegura que esa es una de las evidencias de un presunto abuso policial. Su caso llegó a la Defensoría del Pueblo de Pichincha, que abrió un expediente contra un oficial.
Jaime G., de 22 años, cuenta que la madrugada del domingo 29 de agosto caminaba junto a su hermano y cinco amigos en las inmediaciones de la calle Bartolomé de la Rosa, en Carcelén Alto, norte de Quito. De pronto, tres patrulleros detuvieron su marcha; 10 policías se bajaron de los autos y sin explicaciones agredieron a los jóvenes y los llevaron a la Unidad de Vigilancia de Norte.
Jaime G. sostiene que uno de los gendarmes dio un cabezazo en el rostro de su hermano. “Le sangraba la nariz. Yo traté de defenderlo pero me sujetaron del brazo y después me golpearon también”.
Al siguiente día denunciaron el hecho y esperan que el caso sea remitido a Asuntos Internos (Inspectoría) de la Policía, dependencia que investiga las faltas disciplinarias de los uniformados.
Mas no todos los agentes son sancionados. Por ejemplo, en el 2009, la Defensoría del Pueblo de Pichincha concluyó que hubo atropellos policiales en la detención de sospechosos del asalto a la Joyería Terranova. Sin embargo, los uniformados siguen activos.
Otro hecho es que el año pasado la Inspectoría sancionó 138 casos, pero allí no sumarió a ningún oficial superior (desde mayor hasta general), solo a dos oficiales subalternos (de subteniente a capitán) y a 136 clases y policías. Este año la tendencia se mantiene: de 88 procesados, solo dos son oficiales subalternos.
Entre enero del 2007 y agosto de este año se realizaron en la Policía 503 tribunales de Disciplina: 691 uniformados fueron sumariados. De ellos 367 agentes fueron dados de baja, 171 arrestados, 68 recibieron otro tipo de sanciones y 85 fueron absueltos.
“La inseguridad tiene como una constante que envuelve a todas las organizaciones y penosamente vemos que hay miembros policiales que desde el inicio de su carrera profesional tienen el propósito de aprovecharse del uniforme”, reconoce Euclides Mantilla, jefe de Inspectoría General.
En la Inspectoría hay 1500 casos de posibles abusos y faltas disciplinarias que aún se investigan. El registro fue actualizado este año, dentro de un programa de reorganización de AI. Ayer, en ese marco, el Ministerio del Interior anunció la reapertura de 290 casos de posible exceso policial.
“Tenemos una categorización de los tipos de casos”, aseguró Gabriela Espinoza, directora de Derechos Humanos de esa Cartera de Estado. “Los A son los que generan vulneraciones pero que no develan algo estructural. Los B, casos que no develan algo estructural, pero tienen algo que llama la atención; por ejemplo, si la víctima es una persona afro o tienen algún tipo de discriminación”.
“Y los C son los casos que del análisis vemos que es un problema estructural; por ejemplo, violaciones cometidas por un grupo élite o de una forma repetida”.
Entre estos últimos, que suman 40 y son considerados “los más graves”, consta el caso Terranova, así como el operativo Fybeca (que dejó ocho muertes en Guayaquil en el 2003) o el caso Damián Peña asesinado en el 2002, en manifestaciones en Cuenca. Los 290 casos están en el registro de AI.
Cada uno de los 1 500 expedientes archivados en la Inspectoría está compuesto por 120 ítems, en los cuales hay información actualizada y detallada de las denuncias y de policías sumariados, informó Mantilla.
Uno de los últimos casos ingresó al sistema con la categoría ‘policías sicarios’. El 4 de junio el cadáver de Marco Samaniego, de 26 años, fue encontrado en la av. Simón Bolívar, cerca de la Universidad Internacional, este de Quito.
El joven estudiante de Gastronomía recibió trece disparos de un arma 9 milímetros. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas dos policías, Marco H., quien según la Policía presuntamente disparó, y el sargento Fabián A., quien habría estado presente.
Mantilla sostiene que los casos ahora se investigan a fondo, con agentes que reciben una capacitación de dos meses.
Cada vez que nombra el accionar de los policías, Jaime G. mueve la cabeza indignado. “La mañana del domingo nos llevaron a la PJ (Policía Judicial) a que rindiéramos las versiones. El subteniente que nos detuvo se presentó con falsa evidencia. Llevábamos una botella cerrada y él presentó tres botellas, una consumida hasta la mitad”, dice. Nos acusó de tomar licor en la vía pública y hacer problema, pero eso es mentira”.
En la PJ les hicieron un examen médico, cuyos resultados se recogen en el acta de juzgamiento en la Comisaría Tercera. Allí reza que Jaime G. tenía hemorragia nasal y que Ricardo G. y Alexis S., una equimosis en la ceja derecha.
Testimonios
Dolores Vélez/ Caso Fybeca
‘El caso fue archivado y pedimos justicia’
Esto nos ha marcado la vida. Nos han quitado todos los beneficios como esposa, madre e hija, porque mi niña quedó huérfana a los tres meses. Mi esposo, Carlos Andrade, fue asesinado el 19 de noviembre del 2003. Son siete años en los que no nos han dado valor.
Hemos acudido a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es llegar hasta la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, para ver qué pasa. Las ejecuciones, en aquella época, quedaron en indagación previa y fueron archivadas. Tampoco se llegó a una acusación fiscal.
Alexander Cadena / Terranova
‘Fui torturado por dos días en los calabozos’
Sufrí torturas durante dos días. El primer día me maltrataron y no hubo señales. Al segundo día fui objeto de golpes y patadas, las cuales me dejaron marcas.
Esas fueron las pruebas que me dieron posibilidad de demostrar que fui víctima. Tengo fotos. Incluso lo demostré con un examen médico realizado en la misma Policía Judicial. Pido transparencia. Nos sentimos indignados, porque la justicia de nuestro país deja mucho que desear. No están actuando con claridad jueces y fiscales. Solo quiero que los responsables paguen por lo que cometieron. Cuando sea oportuno tomaré acciones (legales).
Sonia Bonilla / Caso Damián Peña
‘Lo de mi hijo fue una ejecución extrajudicial’
Mi hijo salió a las jornadas deportivas del 11 de enero del 2002. En Cuenca había protestas por el alza de los combustibles.
Lo que sucede es que mi hijo estaba dentro de los predios universitarios y un disparo lo mató. Según los testigos, un miembro de la Policía disparó.
El caso de Damián está considerado como una ejecución extrajudicial por la Comisión de la Verdad. Están implicados varios oficiales de la Policía. Ellos se llaman Pablo I., Eduardo S. y Omar L. Pero el caso de mi hijo fue archivado. Exijo que los responsables de este crimen paguen por lo que hicieron. Eso es lo más sensato y normal.
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