DIARIO EXPRESO
En las fuerzas armadas también habrá indagaciones
El procurador Diego García presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía, en contra de quienes violentaron las instalaciones de los medios estatales, lo cual es un delito grave.
Foto: Henry Lapo / Expreso
Fausto Patricio Franco, en el salón azul de la Presidencia.
La huelga de los policías en el Regimiento Quito N° 1 y en varios repartos del Distrito Metropolitano, para reclamar contra la eliminación de condecoraciones y bonificaciones, provocó un remezón en la cúpula de la Policía Nacional.
Cinco generales de la promoción del renunciante comandante de Policía, Freddy Martínez, pasaron a disponibilidad, tras el nombramiento de Patricio Franco para dirigir la institución. Los generales que dejaron la institución son: Martínez, Florencio Ruiz, Euclides Mantilla, Jaime Vaca, Rafael Yépez y Carlos Arcos.
Franco pertenece a la última promoción de ascensos de generales, junto a Nelson Argüello, Wilson Alulema y Rodrigo Suárez. Horas antes del anuncio, la incertidumbre reinaba entre los oficiales y la tropa.
Florencio Ruiz había asumido la Comandancia, en forma temporal, mientras Martínez, con los ojos enrojecidos, anunciaba su renuncia. Convocó a la prensa, habló por siete minutos y no admitió preguntas.
“Ayer fue un día lamentable, crítico y caótico, hubo desorden por doquier, se irrespetó al comandante, al Ministro del Interior y al Presidente de la República”, señaló el oficial.
Pensó renunciar el mismo día de los incidentes, pero la preocupación por la seguridad del jefe de Estado, Rafael Correa, evitó la decisión, señaló.
Una vez que retornó la calma, con el Primer Mandatario, sano y salvo, en Carondelet, “creo que es el momento oportuno para presentar mi renuncia”, dijo con la voz quebrada.
Precisó que se va triste, porque la salida del presidente Correa de las instalaciones del hospital de la Policía, en donde fue atendido, dejó policías heridos, muertos y, posiblemente, también militares heridos. “Todo esto ha sido lamentable y doloroso”.
Justificó, que tras haber sido irrespetado, maltratado y agredido por sus subalternos, no podía quedarse al frente de la institución. Antes de irse hubo un pedido para las autoridades del Gobierno: “Que revise con acuciosidad la Ley, que fue la causa de los desatinos” para no afectar a los uniformados.
Por lo riesgoso del trabajo de los gendarmes, insistió en que algún tipo de compensación debió establecerse en la Ley con relación a los demás servidores públicos.
Luego contó que por primera vez recibió una pedrada. “Empecé a ver sangre en mi cabeza, algo que no me han hecho ni los manifestantes”. Le dolió que se hayan hecho circular correos que afectaban incluso su dignidad como persona. En ese momento se le achicó la voz, tomó un sorbo de agua y abandonó el décimo piso de la institución.
Florencio Ruiz, quien fue el comandante de la Policía por unas horas, también consideró que “las condecoraciones y bonificaciones por los ascensos siempre han sido un estímulo para los policías”. Al presidente Correa le pidió que tenga la sensibilidad de tratar el tema en una mesa de diálogo.
Además solicitó el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades por los incidentes, ya que “la Policía ha sido desangrada, tenemos dos muertos y 30 heridos por balas de fusiles”, puntualizó.
Militares a investigación
En las Fuerzas Armadas también habrá indagaciones, pues el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, aseguró que se analizará la conducta de los uniformados que protestaron el 30 de septiembre, a quienes la institución aplicará las normas internas respectivas.
Fuentes militares indicaron que iniciará una investigación a los miembros de las tropas que se tomaron las bases aéreas de Quito y Latacunga, así como a los cabecillas de la protesta que hubo en la Recoleta, donde los soldados interrumpieron el servicio del sistema de Trolebús.
Este proceso se justifica “porque las Fuerzas Armadas son una institución de protección, que respeta el estado de Derecho y no son deliberantes”.
Las indagaciones determinarán el grado de responsabilidad de los participantes en las protestas, quienes recibirán sanciones, que dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas, alguno podría hasta ser dado de baja, aseguró la fuente.
La indagación se hará, aunque el ministro de Defensa, Javier Ponce, anunció que no tomarán represalias en contra de los uniformados que participaron en la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre.
Este ofrecimiento fue expuesto durante la reunión realizada con los uniformados, en la Base Aérea de Quito, para que levanten la medida de hecho y permitan la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales. (MCV-MAB)
Cambios en la Escolta Legislativa
La presidenta (encargada) de la Asamblea, Irina Cabezas, cuestionó el accionar de los miembros de la Escolta Legislativa en la caótica jornada del jueves.
Ese día los efectivos impidieron el paso de los legisladores y hasta agredieron a periodistas.
Cabezas sostuvo que solicitó un informe de los incidentes al secretario del Parlamento y al administrador. Incluso abrió la posibilidad de que el jefe de la Escolta, Rolando Tapia, sea sustituido.Contraloría investigará el uso de bienes públicos durante protestas
La Contraloría General del Estado dispuso, ayer, la realización de exámenes especiales al uso de bienes públicos en las entidades involucradas en las protestas de las tropas policial y militar del jueves pasado.
En un documento dirigido a la Comandancia General de la Policía pidió que, en un plazo de 72 horas, se realice un inventario de las bodegas de los rastrillos policiales, que incluya la entrega de equipos antimotines, de cada uno de los miembros de la institución policial, a partir del 1 de agosto y la existencia de estos equipos hasta el 2 de octubre.
“En caso de que haya existido uso de material, se justifique incluyendo copias certificadas de los partes policiales que detallen el uso de los mismos”, consta en el texto.
Asimismo, la Contraloría requirió la información relacionada al uso de vehículos policiales, de gasolina y las autorizaciones de movilización e inventario de llantas, utilizadas el jueves.
En otro documento enviado al comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Leonardo Barreiro, también explicó que se investiga el uso de los bienes públicos utilizados entre el 29 de septiembre y 1 de octubre. El informe de este trabajo debe entregarse en un plazo de 15 días laborables.
Los exámenes especiales deben aplicarse al hospital Quito de la Policía Nacional; la Primera Zona Aérea de la FAE; Comandancia General de la Policía Nacional, entre otras entidades. (ETE)
Tres oficiales se entregaron en la Policía Judicial
Inmediatamente después de conocidos los incidentes registrados en las instalaciones del Regimiento Quito 1 y la huelga de los uniformados que reclamaban el reintegro de condecoraciones por ascenso, la Fiscalía abrió varias indagaciones previas.
Los presuntos delitos investigados son: insubordinación, rebelión, plagio y sobre todo un presunto magnicidio, señaló el fiscal de Pichincha, Marco Freire, tras reunirse con uniformados del reparto policial.
Los primeros convocados a dar su versión sin juramento en el proceso fueron los coroneles Julio César Cueva, comandante del Regimiento Quito 1; el subcomandante Manuel Ribadeneira y el comandante de la Unidad Centro, Marcelo Echeverría. Tras cumplir con la diligencia los oficiales se entregaron a las autoridades de la Policía Judicial.
El primero en asistir a la Fiscalía fue Echeverría. El oficial lamentó que los uniformados se dejaran manipular y señaló que nunca estuvo de acuerdo con la medida y que en cada oportunidad que tenía les explicaba que con la nueva Ley de Servicio Público “no le quitaban nada”.
“Me da vergüenza lo que pasó, con nada podemos borrar o tratar de presentar una Policía arrepentida de lo que hizo”, apuntó.
Reiteró que no tuvo nada que ver en la organización de “estos hechos dolorosos y lamentables”. Insistió en que con los demás oficiales trataron de mantener la calma, pero las cosas se salieron de control porque llegaron personas vestidas de civil, incluso miembros en servicio pasivo.
Además, dos peritos de Criminalística y dos de la Fiscalía iniciaron ayer con la recolección de evidencias en los exteriores del hospital de la Policía. Los investigadores iniciaron las labores antes de las 09:00, acordonaron el lugar, realizaron mediciones y tomaron apuntes. En el parqueadero de la casa de salud había cuatro vehículos destrozados. En uno de ellos había incluso alimentos que estaban consumiendo los policías en el momento en el que inició el cruce de disparos. (MCV)
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