Matías Zibell - BBC Mundo, Ecuador
El 30 de septiembre pasado Ecuador vivió una crisis institucional -originada por una sublevación policial- que tuvo lugar en escenarios tan diversos como cuarteles, puentes, aeropuertos, plazas y hospitales.
En estos últimos 30 días los nuevos escenarios donde se decantan las consecuencias de esa jornada -que dejó muertos, heridos y muchos interrogantes- son dos: los micrófonos y los tribunales.
Ante los micrófonos, el presidente Rafael Correa denuncia un golpe de Estado, un intento de secuestro en su contra acaecido en el Hospital de la Policía y asegura -como lo hizo nuevamente en la cadena radial de este sábado- que no habrá impunidad para los responsables de lo ocurrido.
Sus críticos -entre ellos el ex presidente Lucio Gutiérrez, a quien apuntó ese 30 de septiembre como uno de los responsables detrás del alzamiento- responden que se trató de una sublevación policial nacida de un reclamo salarial y que el mandatario lleva adelante una cacería de brujas.
También opinan, declaran y dictaminan ministros, funcionarios, legisladores, testigos, abogados, fiscales, jueces, detenidos, familiares de los detenidos, familiares de los muertos, periodistas, columnistas y la gente entrevistada por los medios o encuestada en los sondeos.
Pero el escenario donde se dirimirá qué versión triunfa no será la tarima pública sino los tribunales, donde las palabras se transforman en acusaciones, arrestos, absoluciones o condenas.
Las causas
Fuentes de la unidad de delitos contra la administración pública de la Fiscalía General del Estado le indicaron a BBC Mundo que en este momento existen cinco causas en dicha unidad: una indagación y cuatro instrucciones fiscales.
La indagación -etapa donde no se han formulado cargos- corresponde a la irrupción de civiles en un canal del Estado y por la misma se busca con fines de investigación a Pablo Guerrero, señalado por el gobierno como ex abogado de Lucio Gutiérrez.
Las instrucciones fiscales -donde se da por iniciado el proceso penal- investigan los delitos contra la seguridad interna del Estado, la sublevación policial, la tentativa de asesinato contra el presidente de la República y el caso de la Asamblea Legislativa que ese 30 de septiembre no pudo sesionar.
Por su parte, la unidad de delitos flagrantes investiga la paralización del servicio de transporte público. En este marco está en etapa de indagación la causa por la toma de la pista del Aeropuerto Internacional de Quito por parte de efectivos de la fuerza aérea.
El profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, Farith Simon, dijo a BBC Mundo que todavía es temprano para evaluar qué hipótesis aceptará la Justicia: "Los fiscales pueden acusar pero hay que ver qué aceptan los magistrados".
Para el abogado, si sólo prosperan las causas que condenan la paralización del transporte y la sublevación policial quedaría descartada la idea del golpe; todo lo contrario ocurriría si se producen condenas por levantamiento armado contra el régimen constitucional o intento de magnicidio.
Los indicios
El profesor Simon agregó que las actuaciones de la Justicia hasta el momento arrojan algunas pistas.
El hecho de que los fiscales investiguen lo ocurrido en el aeropuerto de la capital implica, por ejemplo, una discrepancia con la postura oficial, ya que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo el pasado 21 de octubre que los militares no habían cometido un delito penal.
Según Mera, el transporte no fue interrumpido por los efectivos de la fuerza aérea sino que, cuando estos ocuparon la pista, el servicio ya estaba interrumpido por el abandono de los puestos de migración y narcóticos por parte de la policía.
Pero el profesor Simon señala que el arresto de Fidel Araujo, colaborador del ex presidente Gutiérrez, y en especial la orden del juez de que sea encarcelado por 90 días, sería una pista de que la Justicia "está comprando la versión oficial".
El mayor retirado fue acusado por Correa de actuar dentro del Regimiento de Quito la mañana que el mandatario fue atacado con bombas lacrimógenas. Su caso está en manos del fiscal Miguel Jiménez que investiga los delitos contra la seguridad interna del Estado.
Correa también acusó al coronel de la policía César Carrión, director del Hospital de la Policía durante el 30 de septiembre, de cerrarle las puertas de la institución cuando él salía de ese regimiento con principios de asfixia. Este jueves Carrión recibió también 90 días de arresto.
Procesados y detenidos
Tras el levantamiento policial del 30 de septiembre fue reemplazada la cúpula policial y en las últimas horas una decena de coroneles encargados de las unidades provinciales fueron sancionados por no haber controlado a sus subordinados.
En la causa que lleva adelante el fiscal Jorge Cano por la sublevación policial hay 35 efectivos procesados: 12 están detenidos, 21 tienen que presentarse cada semana ante el juzgado y dos están prófugos.
El caso del coronel Carrión fue adjuntado a la causa que investiga el fiscal Luis Enríquez por tentativa de asesinato contra el mandatario.
Por la misma investigación fueron arrestados los policías que presuntamente dispararon la bomba lacrimógena en el Regimiento Quito e intentaron quitarle la máscara antigás al presidente.
El otro coronel detenido, Rolando Tapia, se desempeñaba como escolta legislativa y está siendo investigado por el fiscal Miguel Jurado que estudia lo ocurrido en la Asamblea Nacional.
En esta misma causa fue detenido Marco Tibán, hermano de Lourdes Tibán, una de las líderes del movimiento indígena Pachakutic, que ha denunciado una persecución en su contra.
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