El derecho consagrado en la Constitución no está normado. Quienes se oponen a medidas del Gobierno o leyes de la Asamblea lo interpretan a su manera.
Tras dos años de vigencia de la Constitución, el derecho a la resistencia (el más invocado por la oposición y sectores que rechazan iniciativas del Gobierno o la Asamblea) continúa sin una normativa y a la libre interpretación de quien lo demande.
Una de las varias garantías innovadoras de la Carta política, redactada en 2008 en Montecristi, es que las personas o colectivos podrán ejercer la resistencia frente a acciones que vulneren sus derechos constitucionales.
Desde que entró en vigor, maestros públicos, profesores universitarios y estudiantes han intentado cobijarse bajo este derecho por estar en desacuerdo con medidas o proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea. Hasta el momento sus acciones no han dado resultados efectivos.
La dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su oposición por las evaluaciones a los maestros fiscales y llamó a que no acudan a los exámenes, pero el proceso terminó cumpliéndose. Mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) participó en marchas y plantones en rechazo al proyecto de Ley de Educación Superior, pero la norma entró en vigencia con los cuestionamientos del gremio y rectores.
Aunque la resistencia no está normada en una ley, la Carta Magna dispone que los derechos y garantías establecidos “serán de directa e inmediata aplicación” y, además, que no es necesaria ninguna condición para que ello ocurra.
En consecuencia, los que llaman a la resistencia la interpretan cada uno a su manera.
Las protestas de los universitarios, por ejemplo, continúan esporádicamente. El presidente (e) de la agrupación, Galo Mindiola, no descarta futuras huelgas, manifestaciones y pedidos de reformas.
La asambleísta María Soledad Vela (PAIS) considera que la resistencia debe ser la última instancia de reclamo después de haber agotado recursos legales, mientras que Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) sostiene que si no está regulado “no puede determinar que existe un proceso para resistir”.
La Comisión de Participación Ciudadana intentó normar el derecho en la ley de Participación, pero la legisladora oficialista señala que prefirió excluírselo.
Viteri cree que en la comisión, con mayoría opositora al régimen, más pesó evitar “que el Presidente (de la República), a través del veto, lo limite”.
El último en llamar a la resistencia fue el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien advirtió que el Municipio no acatará el Código de Finanzas por considerarlo atentatorio contra la autonomía municipal.
El proyecto fue aprobado la semana pasada con cambios, pero la oposición mantuvo sus críticas y el burgomaestre porteño no ha ratificado si ejercerá o no la anunciada resistencia.
Viteri, cercana a Nebot, sostiene que “para quienes resistimos” es mejor que el derecho no esté sujeto a una legislación.
Pero el hecho de que no esté normado tampoco significa “un derecho a la sublevación al ordenamiento jurídico”, aduce el jurista Jorge Zavala Egas.
Defiende que “la potencialidad del derecho a la resistencia radica en cada uno de los ciudadanos”, pero aclara que la Constitución, en su artículo 99, señala que la acción ciudadana ante una violación de un derecho “será presentada ante la autoridad competente de acuerdo con la ley”. Es decir que “tiene que canalizarse necesariamente a través de los canales constitucionales y legales”.
Un juzgado velará por la naturaleza
“La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, reza el artículo 71 de la Constitución política de Montecristi.
Por primera vez en Ecuador la Carta Magna otorga derecho a la biodiversidad. Y después de dos años de haber sido estipulado, el Gobierno creará un juzgado que velará por esa garantía.
La propuesta provino de Projusticia, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La finalidad es que el juzgado esté dedicado exclusivamente a la protección de los derechos de la naturaleza.
El tribunal tendrá sede en las Islas Galápagos, donde hay una fiscalía ambiental desde hace cuatro meses. Wilson Herrera, asesor jurídico del Parque Nacional Galápagos, resaltó la iniciativa y señaló que de esta manera un solo juez estará dedicado a sancionar delitos ambientales sin carga de trabajo por otros casos, lo que incidirá en la celeridad de los procesos.
Los cuatro juzgados que hay en la provincia son los que reciben las denuncias de, entre otros delitos, las violaciones a normas relacionadas con la naturaleza, como el Régimen especial para la conservación y desarrollo de la provincia de Galápagos o la Ley forestal de conservación de áreas naturales.
Entre otras, las transgresiones cometidas en el archipiélago están relacionadas con la captura de tiburones y la extracción de pepinos de mar y langostas en época de veda.
Con el castigo de estos delitos, Herrera considera que los derechos constitucionales de la naturaleza están cumpliéndose. Con él coincide la legisladora Aminta Buenaño (PAIS), quien cree que el Gobierno ha ejecutado acciones como el desalojo de asentamientos ilegales de mineros en Zamora Chinchipe para evitar la contaminación.
Además, explicó que en las leyes de Agua, Tierras y Soberanía Alimentaria también deberán regularse algunas garantías constitucionales.
“No están en el aire (estos derechos). Todas las leyes que tengan que ver con la naturaleza tienen que estar sustentadas en diversidad”, dijo.
El capítulo de los derechos de la naturaleza tiene cuatro artículos.
Artículos - Aplicación.
La Constitución señala que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Protección.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a los ecosistemas.
Acciones.
El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies y a la destrucción de los ecosistemas.
Derechos están a medias para los discapacitados
La Constitución amplió los derechos de las personas con discapacidades, pero dos años después persisten las falencias en la infraestructura de entidades públicas y privadas.
El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios es una de las garantías que reconoce la Carta Política, pero en algunos cantones de la provincia del Guayas son muchas las dificultades que deben enfrentar quienes utilizan sillas de ruedas.
En El Triunfo no hay rampas; en Milagro existen pocas en el centro, pero los desniveles entre la calle y el declive dificultan su uso.
En Santa Lucía y Nobol, los municipios recién están impulsando los pasos especiales en las zonas regeneradas. En el cabildo de este último cantón hay rampas para la atención a las personas con discapacidad, pero en el de Milagro faltan ascensores.
De igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas”.
El Centro de Promoción para Personas con Discapacidad (Ceprodis), institución que pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social, inserta en el mercado laboral a quienes tienen este tipo de enfermedades.
La directora de la entidad, Ana Villamar, señala que en lo que va del año 40 personas que fueron capacitadas en este centro han sido contratadas por instituciones públicas o privadas.
“Están en diferentes empresas haciendo labores que son capaces de realizarlas”, explicó.
Las compañías son las que contactan al Ceprodis y piden a las personas especializadas en las actividades que son dictadas. A los varones les enseñan sastrería, servicio general de hotelería, cerrajería y ebanistería. A las chicas, costura y manualidades.
Además, recientemente fue instalado un laboratorio de informática.
Los jóvenes de este centro son capacitados por tres años y salen con un certificado de auxiliar.
Otro derecho es garantizarles una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender la discapacidad de la persona y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Quienes no puedan ser atendidos por sus familiares durante el día o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida.
Además, quienes cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.
El Gobierno, a través del programa Manuela Espejo, está terminando sus visitas en todo el país para atender a las personas con discapacidad y sus familiares; además, para tener una información real de su situación. A quienes los cuidan le otorgarán un bono de 240 dólares.
Tomado de: Diario EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario