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Las intendencias de Policía de Los Ríos y Guayas recibieron denuncias de la venta del producto en sacos de Fertisa y Delcorp
Foto: Jimmy Negrete/Expreso
Operativo. La urea subsidiada e incautada en Babahoyo está en 133 sacos de mezcla específica, que es otro producto de la empresa Delcorp.
La oferta en sacos presuntamente falsificados de comercializadoras privadas, es otro de los ilícitos con la urea que subsidia el Gobierno. Tras las denuncias de dos compañías afectadas, presentadas en los últimos tres meses, las autoridades de Guayas y Los Ríos confirmaron la irregularidad al constatar que el producto se expendía en locales de insumos agrícolas en fundas clonadas.
Esa ilegal actividad deja enormes ganancias a sus intervinientes, ya que el precio oficial subsidiado ($ 10 por saco) contrasta radicalmente con el del comercio privado, que es de 23 y 24 dólares. Hay una diferencia que supera el 100%.
El pasado 26 de julio, la compañía Fertisa denunció ante la Intendencia General de Policía del Guayas, que su producto se comercializaba en dos locales del almacén “Tierra Fértil”, ubicados en Yaguachi y Milagro.
En esta última localidad, la autoridad intervino y clausuró el negocio tras comprobar el fraude. Walter Sánchez Rojas, dueño del local, expresa que este fue reabierto después de hacer las debidas aclaraciones.
“Recibimos esos sacos de urea como garantía de una deuda por la compra de insumos que hizo un cliente. Y como él tuvo un percance y falleció, procedimos a venderla. No sabíamos para nada que se trataba de urea reenvasada”.
Sánchez asegura que recibió 17 quintales y que desconoce dónde y cómo se realiza la falsificación, ni quiénes son sus autores.
El caso en Los Ríos
El trasvase de urea subsidiada ($ 10), desde el saco original hacia uno de marca, es un mecanismo que facilita su transporte y comercialización al precio de mercado que es $ 23.
“Nos reunimos con distribuidores de fertilizantes a los que se les había ido la venta al piso. Le preguntaban al agricultor y este decía que sí había comprado urea, pero era la del Gobierno que se la habían vendido en sacos de una empresa. Una clonación”, dice Evaristo Baque, director de la Cámara de Agricultura de la II Zona.
También en costales ajenos estaba la urea del Estado que el intendente de Policía de Los Ríos, Wimper Nivela Zapata, incautó el 7 de octubre pasado en el local de Agroquímicos Alvarado, en Babahoyo.
Samuel Lam presentó una denuncia de este caso en la Fiscalía de esa ciudad, por el presunto delito de falsificación de marca, ya que el fertilizante estaba envasado en 133 sacos de la empresa Delcorp, Fertiandino, para la cual trabaja.
En el operativo, Gino Coronel fue detenido como presunto implicado y pasó a órdenes de la Fiscalía, “que en menos de 24 horas le dio la libertad”, lamenta el intendente Nivela. Eso viene ocurriendo con las incautaciones que ha realizado antes, de 162 sacos en una piladora de la parroquia Pimocha y 720 en una hacienda bananera de Baba, asegura él.
EXPRESO no pudo localizar a Coronel, quien no respondió a las llamadas telefónicas, ni a los mensajes en su celular.
Delcorp no registra robo de sacos en su inventario, indica el gerente general, Carlos Goldstein. “Pero ya dimos parte a la fabricante, Plastisac, para que haga su investigación”.
La urea del Gobierno es granulada y claramente identificable, explica, mientras que Delcorp importa la fina o perlada.
Según Goldstein, la intención del Gobierno es buena pero el manejo de distribución del producto no es el mejor.
Recomienda seguir modelos exitosos como el de Guatemala, que utiliza a los importadores para que la urea llegue a los beneficiarios. La razón es que, al controlar un producto de demanda masiva con cuotas, ocurren distorsiones de mercado negro, “en donde unos cuantos ganan bastante dinero”.
Juan González Sánchez, director ejecutivo de Apcsa.
Foto: Jimmy Negrete/Expreso
Apcsa: El afectado con esto es el agricultor
La venta de urea subsidiada en sacos con marcas de compañías privadas fue advertida hace un año, denuncia la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (Apcsa).
“El problema está afectando el mercado porque tenemos una competencia desleal que afrontar”, señala Juan González, director de ese gremio al que están afiliadas cinco compañías (Agripac, Fertisa, Fertpacific, Delcorp y Brenntag) que comercializan el fertilizante en el país.
Según indica el directivo, en el mercado se está vendiendo urea a 23 dólares, que es el precio oficial de venta fijado para las empresas privadas. “Sin embargo, se están falsificando sacos y el producto que está adentro del envase no sabemos qué es, ni de dónde vino. Pero sí estamos seguros de que lo pudieron conseguir muy por debajo de los 23 dólares”.
Si esto no se corta por lo sano -agrega- las empresas privadas dejarían de comercializar el insumo. “Se estaría quitando la posibilidad de comercializar 165.000 toneladas a nuestros afiliados porque la fijación del precio por parte del gobierno impide seguir en el negocio”.
González estima que, al final, el afectado será el agricultor. (MAS)
Las empresas importadoras
Cinco empresas privadas afiliadas a Apcsa importan y comercializan urea en el mercado nacional. Estas son: Fertisa, Agripac, Fertpacific , Delcorp y Brenntag.‘El negociado y el manoseo son terribles’
Wimper Nivela
Intendente de Los Ríos.
“Para hacer los operativos parto de denuncias de personas que no se identifican con el fin de no tener problemas, pero una vez que las recibo voy a comprobarlas al sitio que me indican y si hallo anomalías, procedo. El Gobierno entrega la urea a los agricultores asociados y ese es el grave problema que hay, porque a una asociación la representa una sola persona y esa es la que compra por todos. Tengo entendido, por denuncias de los mismos agricultores y de personas que tienen conocimiento de esto, que hay un manoseo terrible. Una asociación de 20 ó 30 personas compra la urea, pero va una a retirarla y, a las demás, cuando quiere les da y cuando no, les hace firmar como que la recibieron. Hay un negociado terrible en la urea y el problema que nos acarrea como autoridad, es que tenemos que ir y constatar eso, pero no llegamos a una culminación feliz de donde salgan los verdaderos culpables o los que están haciendo ese negociado”.‘Gino Coronel trajo los sacos para un trueque’
Versión. Consuelo Flores y Carlos Alvarado aseguran que no están acusados directamente en la denuncia presentada en la Fiscalía y que ellos colaboraron en el operativo.
Consuelo Flores y su hijo Carlos Alvarado son los propietarios de Agroquímicos Alvarado. Es el local de Babahoyo en el que el intendente de Policía de Los Ríos, Wimper Nivela, incautó el 7 de octubre 133 sacos de urea subsidiada envasada con la marca de la empresa Delcorp, Fertiandino.
Ella explica que el fertilizante es de un cliente, Gino Coronel, que lo llevó porque quería intercambiarlo por químicos para desmonte. Esa es la razón por la que no existe factura. “¿Cómo íbamos a saber que los sacos eran falsificados o qué clase de urea era? Nunca compramos cosas de dudosa procedencia”.
Asegura que no conoce el domicilio de Coronel, “quien no es de Babahoyo”, pero señala que él fue a dar la cara cuando se produjo la incautación y el juez le dio la libertad, “porque no encontró nada”.
Con el rostro serio, dice estar molesta con el denunciante de Delcorp, a quien acusa de obrar de mala fe. “Somos clientes de ellos. ¿Por qué no se ponen a buscar más adentro? Deben ir a la empresa que les hace los sacos”.‘Iniciaremos acciones legales si se comprueban denuncias’
Eliminar el subsidio a la urea y expenderla sin restricciones a $ 14 el saco, es la alternativa que analiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) para evitar la corrupción en el plan gubernamental de distribución y venta del insumo.
Rafael guerrero, subsecretario de la Regional Sur del Magap, cree que hay que eliminar el subsidio a la urea.
Así lo revela Rafael Guerrero, subsecretario de la Regional Sur, quien anuncia también el inicio de acciones legales en contra de la dirigencia de dos organizaciones agrícolas, en caso de verificarse las denuncias publicadas por EXPRESO.
Desde el pasado domingo, este Diario reveló casos de agricultores de Guayas y Los Ríos que en los registros del Ministerio aparecen como destinatarios de la urea que subsidia el Gobierno, pese a que nunca la recibieron, o no fue en los volúmenes reportados oficialmente.
Las novedades fueron encontradas tras un trabajo de comprobación física que este Diario realizó con las solicitudes aprobadas en 2010, a favor de la Corporación Nacional de Agricultores y Sectores Afines (Conasa) y la Corporación Nacional de Productores, Acopio, Procesamiento y Comercialización de Productos Alimenticios y Artesanales (Utenac).
“Lo primero que voy a hacer es verificar en el campo esto que ha salido en EXPRESO. Si verificamos que efectivamente está ocurriendo, voy a pedirle al abogado del Magap que envíe a la Fiscalía la documentación, incluyendo lo que se ha publicado, para que se sancione a los dirigentes de las asociaciones”, afirma Guerrero.
El funcionario también manifiesta que quedan suspendidas las entregas de urea a ambos gremios.
La responsabilidad de la Subsecretaría de Agricultura en el esquema de distribución de la urea es la recepción de la documentación que acredita y califica a una asociación para recibir la urea.
Para Guerrero, es materialmente imposible que el Magap pueda inspeccionar a todos los gremios solicitantes, a fin de comprobar la veracidad de la información receptada. “No hay el número suficiente de agrónomos, sería un trabajo costoso y el tiempo no alcanzaría”, explica. (MAS)
Lara: Reparto para abonar la corrupción
Acciones concretas a los organismos de control para conocer el paradero de los sacos de urea que nunca llegaron a manos de los agricultores, pidió el asambleísta Galo Lara Yépez.
Indicó que enviará oficios al contralor del Estado, Carlos Pólit, para que haga un examen especial del caso, ya que “los listados del reparto de urea tienen datos ficticios y hectáreas duplicadas, y existe una cadena de responsables que debe ser sancionada”.
Comunicados similares remitirá a la Fiscalía General y a la Secretaría Nacional de Transparencia.
Lara lamentó lo sucedido con los agricultores de Guayas, Los Ríos y Manabí, en especial, “quienes no tienen cómo sembrar sus tierras, porque la urea subsidiada ha servido para abonar la corrupción”.
Dijo que lo sucedido es producto de la falta de control del Magap y de la UNA y, que cuando el Gobierno trajo la urea, habló de que era el inicio de la Revolución Agraria, “pero en verdad les está viendo la cara a los humildes agricultores”.
Por: Mario Avilés Sánchez
María Elena Arellano. DIARIO EXPRESO
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