Ayer concluyó el plazo constitucional para que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley a la Asamblea para la solución de litigios de tierras o pertenencia.
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Los conflictos de límites y pertenencia existentes en varias provincias y cantones del país tienen a sus habitantes preocupados por las diferencias que han terminado en enfrentamientos entre ciudadanos.
La disposición transitoria decimosexta de la Constitución vigente establece que hasta ayer debió solucionarse ese tipo de litigios en Ecuador. Pero aquello no ha ocurrido.
Son constantes los reclamos de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales y hasta de recintos que disputan territorios. Obras pequeñas se ejecutan en sectores en litigio a fin de atraer a sus habitantes en el caso de realizarse una consulta popular para determinar la pertenencia.
La Carta Magna de Montecristi señala que para resolver ese tipo de conflictos, la Comisión Especial de Límites de la República (Celir) deberá remitir informes a la Presidencia para que el Ejecutivo, en el plazo de dos años, prepare un proyecto de ley de fijación de límites territoriales para su tratamiento en la Asamblea Nacional. Otra opción es una consulta popular.
El proyecto aún es desconocido y los conflictos, en este último año, han crecido.
Sus habitantes han protagonizado desmanes; en el último, incluso salió afectado el presidente Rafael Correa.
El origen de la disputa es añejo, pues surge tras las cantonizaciones de Quinindé y Santo Domingo de los Colorados, cuando este último formaba parte de la provincia de Pichincha. Ahora, las opciones de pertenencia están entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En Manabí, los principales litigios por territorio son con las provincias de Guayas y Santa Elena. Con la primera, está abierto el conflicto por el sector conocido como La Manga del Cura. En el caso de Santa Elena, hay disputas luego de su provincialización, en el 2007. En la Celir reposan informes por la falta de delimitación de los recintos Las Delicias, La Rinconada y Casas Viejas.
Con otras provincias, la Prefectura del Guayas tiene registrados 13 litigios limítrofes. Sin contar La Manga del Cura, que es el más extenso, también hay divergencias de territorio con Azuay y Los Ríos.
Según los registros del Gobierno Provincial guayasense, el cantón azuayo Ponce Enríquez pretende la parroquia Tenguel, de Guayaquil.
También hay 338 kilómetros cuadrados en Naranjal, donde están asentados los recintos Sulla, Teresa de Patul, Jesús del Gran Poder, Putucay, Los Tres Ranchos, La Providencia, de interés de Cuenca.
Comisión Especial detectó más de 1.000 casos en el país
Ayer venció el plazo de dos años que daba la disposición transitoria decimosexta de la Constitución para que la Presidencia de la República envíe a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la resolución definitiva de conflictos de límites territoriales y de pertenencia.
La Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir), subordinada al Ministerio del Interior, es la instancia que debía elaborar el anteproyecto, que -según conoció este Diario- ya está en la Secretaría Jurídica de Carondelet, pero no ha sido remitido al Legislativo.
Un funcionario de esa Comisión reveló que los conflictos de límites o pertenencia que ahí son tratados están clasificados a nivel provincial y cantonal. En las parroquias, la Celir no tiene competencia, la cual es exclusividad de los municipios.
Pero en las dos primeras circunscripciones, detalló la fuente, el 24 por ciento del territorio nacional está en disputa entre provincias, mientras que el 50% lo está entre cantones. “Eso significa que existen más de 1.000 disputas en el país”.
Este Diario solicitó una entrevista a Ramiro Rivadeneira, director de la Celir, para que explique el contenido del anteproyecto de ley que está en la Presidencia de la República, pero la respuesta fue negativa. El Legislativo deberá analizar la iniciativa de ley, que debe enviar el Gobierno, en dos debates y luego esperar el veto del Ejecutivo. (ALS)
El único consenso en El Piedrero es que no quieren una consulta popular
El recinto El Piedrero, de 294 kilómetros cuadrados de extensión, en el que habitan diez mil personas, está en disputa hace 59 años entre las provincias del Guayas y Cañar. Cada una tiene su bando e incluso hay un tercero que prefiere que el conflicto continúe indefinidamente para recibir los beneficios de ambos consejos provinciales.
Quienes alegan que el territorio pertenece a El Triunfo (Guayas), como José Gallegos, primer presidente precantonización de ese cantón, sostienen que la zona es guayasense porque en los documentos que avalan los límites, luego de la separación de Yaguachi, consta el territorio de El Piedrero.
“Este problema de límites se volvió un gran pretexto para los políticos de las provincias del Guayas y El Cañar, a quienes no les importa sino la popularidad”, cuestiona Gallegos.
Del lado de La Troncal, Bolívar Nieto, coordinador general del comité cívico del Cañar, destaca que ellos solo piden que se respete el tratado Cárdenas-Gallegos y el acuerdo Andrade-Pérez.
“No le estamos quitando nada al Guayas, por historia El Piedrero nos pertenece”, alega.
En lo único que coinciden las partes es que la solución definitiva al conflicto es la ley que debe elaborar la Presidencia de la República para dejar claros los límites de cada jurisdicción. Rechazan la propuesta de una consulta popular. (MUC)
La Manga del Cura, 500 km2 en disputa entre cuatro provincias
Los caminos que conducen a los recintos de La Manga del Cura están llenos de curvas pronunciadas, pero en cada una de ellas el paisaje muestra la productividad de los casi 500 km2 en disputa entre cuatro provincias.
Plantas de banano, cacao, maracuyá y otras frutas tropicales crecen sin importar que las autoridades de Guayas, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos pugnan por tener dentro de sus mapas esos vastos y multicolores terrenos que agrupan 100 recintos.
En medio de esa vegetación, de una estructura de concreto salen varillas de hierro que asemejan púas de un puerco espín. “Esto (el puente) quedó a medio talle, hace unos tres meses las maquinarias dejaron de trabajar y se fueron. Está mal hecho, no tiene ni base”, critica Juan Flores, agricultor de 33 años, quien cree que si el litigio lleva a una consulta popular, la ganadora será Manabí.
Avanzando por el ondulante camino, unas guindolas muestran el litigio. “Somos de Santo Domingo”, muestran letras verdes sobre un lienzo gris por el polvo, letreros dan fe de las obras ejecutadas por el Consejo Provincial de Manabí del Guayas y Los Ríos.
Unos kilómetros más adelante está la entrada al recinto El Paraíso de la 14, el poblado más grande del territorio y en el cual convergen manabas, fluminenses, guayasenses y santodomingueños.
A 20 km está Bramadora, el segundo recinto más grande de esa zona no delimitada y donde la fiesta estaba prendida por sus celebraciones patronales. Hace una semana, la viceprefecta Beatriz Ordóñez ofreció la parroquialización de Bramadora para el cantón El Carmen y habló de obras para mantener los cacaoteros y maracuyá. (ALS)
Tomado de: Diario EXPRESO
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