Según Domingo Paredes, presidente del organismo electoral, las rúbricas de 293 funcionarios de todo el país habrían sido adulteradas para reinscribir a las organizaciones políticas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó ayer 63 denuncias de funcionarios del organismo electoral, cuyas firmas se falsificaron para el proceso de inscripción de las organizaciones políticas que buscan participar en las elecciones del 17 de febrero de 2013.
Domingo Paredes, presidente del CNE, explicó que estarían involucrados 293 funcionarios en todo el país, cuyas firmas fueron violentadas. A esto, según Paredes, se sumarían denuncias particulares que realiza la ciudadanía.
Explicó que desde hoy la ciudadanía podrá verificar y certificar con su cédula de identidad en la página web del CNE (www.cne.gob.ec), si es adherente o no a una determinada organización política. Así, también desde el 1 de agosto, en la web de la Dirección de Registro de Datos Públicos (www.dinardap.gob.ec) se podrá verificar la afiliación a una determinada tienda política.
“Queremos iniciar con un proceso de reconstrucción de la ética política y en este proceso indagatorio que inicia la Fiscalía requeriremos la colaboración de todas las organizaciones políticas, para ver la cadena de responsabilidad sobre este acto delictivo”, dijo Paredes, quien pidió a Galo Chiriboga que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y “así se puedan fijar responsabilidades de quienes están usando de mal modo el registro electoral. No sabemos cómo lo hacen, de pronto salió de las esferas del propio CNE y está siendo usufructuado por grupos delictivos”, destacó.
El principal del CNE contó que desde febrero a marzo recibieron una serie de denuncias sobre un mal uso del nombre de funcionarios de la entidad en las listas que presentaban para la reinscripción de sus movimientos políticos. “Fuimos investigando paulatinamente, pero en las últimas semanas las denuncias fueron mayores, no preveíamos el número de funcionarios internos del CNE cuyas firmas fueron falsificadas”, dijo.
Recordó que por mandato legal y constitucional, quienes laboran dentro del CNE no deben estar afiliados ni tampoco pueden ser adherentes a ninguna organización política, y que por esta razón “se debe investigar el delito con la mayor rigurosidad posible”.
Chiriboga señaló que ya se iniciaron las investigaciones y que estas se profundizarán aún más. Así como que los resultados de los estudios pertinentes recaerán en el sistema judicial ecuatoriano, porque si bien hay infracciones electorales tipificadas en el Código de la Democracia, también habrían implicaciones penales “y por ello la intervención de la Fiscalía”.
Para el fiscal es necesario que se proponga a la ciudadanía un mecanismo por el cual se superen estas irregularidades. Felicitó a Paredes por no solo llevar a cabo la obligación jurídica de informar y alertar a las autoridades pertinentes sobre la posible realización de un delito, sino, adicionalmente, preservar que el sistema de registro del CNE tenga un mecanismo por medio del cual los ciudadanos puedan comprobar que sus firmas no fueron mal usadas. “Trabajaremos con celeridad e independencia y los resultados de la investigación serán puestos a consideración de los jueces”, recalcó.
Chiriboga explicó que la Fiscalía trabajará con base a dos hipótesis que apuntan a que por un lado hay personas a quienes se les falsificaron las firmas, pero también hay la presentación de información falsa y adulterada al CNE, y que esto último “es un agravante que está considerado como un delito”.
Paredes informó que las firmas corresponden a varias organizaciones políticas, “esperemos el inicio de todo este proceso indagatorio para ir identificando el número de firmas falsas por organizaciones políticas”. El tabulado de las organizaciones -precisó- se dará a conocer en los próximos días.
Pidió que no se confunda organizaciones políticas con los ciudadanos, porque hasta el momento se investiga si son personas de los partidos y movimientos o son externas que colaboraron para consolidar esos fines ilícitos.
Precisó que la mayoría de estas firmas adulteradas y falsas fueron anuladas por el sistema automático de verificación de firmas del CNE, mientras que otras que ingresaron al sistema inmediatamente serán anuladas. Por ello, insistió en la necesidad de que la ciudadanía verifique si su firma fue bien utilizada para la reinscripción o inscripción de las organizaciones.
El CNE contará con auditores informáticos y operativos por cada una de las organizaciones, “con ellos tendremos mayor peso moral para investigar al interior del sistema todas las irregularidades que estamos constatando... esperemos los resultados, los equipos técnicos están ya investigando”.
Hoy, desde las 10:00, en las Islas Galápagos, el CNE se reúne para aprobar cuatro reglamentos, entre ellos el de las alianzas políticas.
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