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PEDERNALES, Manabí. Campesinos recogieron escombros de la aeronave, después de que la policía se llevara las evidencias.
La llegada de desconocidos a la comuna Coaque del cantón Pedernales, en Manabí, especialmente a la zona conocida como La Playita, era sinónimo de turismo hasta hace casi tres meses. Pero después de la caída de la avioneta a pocos kilómetros del sitio, donde murieron dos mexicanos vinculados con el cartel de Sinaloa y se encontraron $ 1’340.000, la visita de extraños es motivo de temor.
El rumor de que los ‘narcos’ estaban llegando al Ecuador con más dinero del que las autoridades hallaron en la Loma de la Muerte, donde se produjo el accidente, trajo consecuencias traumáticas a los habitantes, como a cuatro campesinos que con sus familias comenzaron a ser amenazados, extorsionados e incluso dos de ellos torturados para que entregaran los dólares que ¬según creen sus victimarios¬ alcanzaron a esconder antes de que la policía llegara al sitio de la tragedia.
Un caso que se denunció la semana pasada dejó a cuatro policías tras las rejas, como sospechosos de extorsionar a Luis, un campesino de 39 años. En su escrito el detalla que eran las 09:00 del miércoles 18 de julio y, mientras la mayoría de hombres de Coaque laboraba en pesca o arando la tierra, él hacía carreras en su tricimoto. A esa hora, un hombre le pidió que lo llevara a la clínica Negrete, en la vía a Chamanga. Después de eso vivió la pesadilla.
El campesino a quien identificaremos como Luis hoy no sale de su casa, donde se recupera de las secuelas del maltrato que sufrió. Dice que cuando entró por una guardarraya para llegar a la dirección que le pidieron vio una camioneta doble cabina marca Chevrolet D-Max color plata, desconocida para él.
Cuando detuvo la marcha de su liviano automotor e intentaba regresar, el pasajero lo apuntó con un arma de fuego y lo obligó a acercarse al vehículo, de donde bajaron tres hombres. “Me subieron a la fuerza, a punta de golpes... Otra persona estaba adentro con pasamontañas; y me pusieron a mí el pasamontañas, me esposaron...”.
Después ingresaron a una guardarraya para golpearlo y exigirle que devolviera el dinero que decían había tomado de la aeronave siniestrada. “Me tenían aplastada la cabeza en el piso, y uno decía: ‘Entrégame la plata de la avioneta que es mía, dónde la tienes para mandarla a ver...’. A lo que les dije que no tenía ningún dinero comenzaron a agredirme con puños y (golpear con) unas pistolas...”.
La víctima cuenta que alcanzó a salir del carro cuando hicieron otra parada, pero que al correr cayó por un barranco, donde le rociaron gas y continuaron golpeándolo por unos quince minutos más. De vuelta a la camioneta lo amenazaron con secuestrar a uno de sus hijos, de cortarle los dedos; uno de los agresores propuso matarlo para no tener problemas. Pero la idea de perder la pista del dinero si asesinaban a Luis les hizo cambiar de idea.
La víctima fue abandonada a las 14:00 en el mismo sitio donde había comenzado su pesadilla. Ensangrentado, con el rostro marcado y el cuerpo adolorido, se dirigió hasta su tricimoto para ir a casa, tal como se lo habrían indicado sus agresores, quienes le ordenaron que debía decir que le habían robado.
No obstante, otros dos uniformados lo auxiliaron y llevaron a un centro médico. Después denunció el hecho. En la noche, cuando estaba en su casa, un motorizado de la Unidad de Policía Comunitaria de Coaque fue a buscarlo para que le diera las características del carro que usaron para plagiarlo, pues a las 18:00 del mismo día otro comunero había sido secuestrado. Lo identificaremos como Arturo.
El uniformado tenía una foto de la camioneta, pues antes de que ocurriera el plagio había visto que Arturo conversaba con cuatro sujetos. Ante la sospechosa situación, el agente le tomó la foto al vehículo y se había acercado a solicitar a los desconocidos que se identificaran. Ellos le indicaron que eran parte de inteligencia policial.
Cuando el motorizado se fue, Arturo fue agredido. Lo esposaron y treparon a la camioneta. No sufrió las mismas torturas que Luis, pero los agresores comenzaron a llamar a su familia. “Su marido tiene una plata que si no nos dice dónde está lo vamos a matar”, le dijeron a la esposa por vía celular. Ella creía que era una broma.
Cuando le permitieron hablar con Arturo, este le dijo: “Me han cogido, que tengo la plata de la avioneta, que Luis les ha dicho que yo la tengo”. Enseguida sus familiares alquilaron un vehículo, convocaron a unas diez personas, una de ellas iba armada con un revólver, y emprendieron su búsqueda.
A la vez el policía motorizado confirmaba con Luis las características de la camioneta y desplegaba un operativo por las zonas aledañas. El rescate de Arturo se efectuó con éxito. Sus allegados relatan que al divisar la camioneta Chevrolet D-Max en una zona oscura y apartada, uno de ellos se bajó a increparlos. Los plagiadores soltaron a su víctima y se marcharon.
A las 22:00 de ese 18 de julio, en el sector Camarones, la policía halló la camioneta y detuvo a los ocupantes. Ahí descubrieron que eran cuatro miembros de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, entre ellos el jefe, el sargento segundo Lenín Francisco Morán Hurtado. Los otros tres eran el cabo segundo Javier Enrique Morocho Chuquitarco y los policías Luis Andrés Terán Pinargote y Jefferson Fernando Quishpe Jarrín.
El coronel Byron Chávez, comandante de la subzona 13 de Policía de Manabí, explica que los uniformados estaban en horas de trabajo cuando supuestamente plagiaron a Luis y a Arturo, pero que ningún superior conocía de la supuesta investigación que hacían en Coaque, Pedernales. Además, que la camioneta usada para el presunto ilícito es de la Policía.
Chávez también aseguró desconocer si los uniformados venían actuando de esta manera desde hace tiempo, aunque no descartó de que puedan existir grupos de civiles que se estén aprovechando de la situación.
Precisamente, Miguel, como identificaremos a otra víctima, dice que los hombres que lo atacaron a él y a su familia no eran policías. Él recuerda que los siete sujetos que entraron a su casa y lo torturaron llegaron en una lancha desde el mar. La agresión ocurrió en junio, a un mes del accidente. Después de recibir la “visita” constante de varios desconocidos que buscaban el dinero de la aeronave.
Uno de sus parientes fue el primero en recibir las amenazas a su celular a través de mensajes de texto. Cuenta que al día siguiente de la caída de la avioneta comenzaron a exigirle el dinero que había cogido. “Yo ni estuve en ese lugar; me decían que si no entregaba el dinero, iban a secuestrar a mi esposa y a mis hijos; yo denuncié en la Policía, pero no pasó nada”.
Él dice que se siente desprotegido y que la confianza en la Policía está perdida. Pero el oficial Chávez discrepa y asegura: “Si se desvía uno, no quiere decir que todos seamos corruptos. Claro que la situación es dolorosa para nuestra institución, pero ¿cómo se tiene que devolver la confianza?, demostrando el trabajo y capturando a todos los infractores de la ley...”.
Sonia Barcia, fiscal provincial de Manabí (e), sostiene que las víctimas pueden acogerse al programa de protección que dirige el Ministerio Público, que entre otras cosas asegura protección policial y atención integral para la familia. “Que se acerquen a la Fiscalía, que acepten las condiciones del departamento de víctimas”, dice.
Pese a eso, para los campesinos de Pedernales, víctimas de extorsión y plagio, la tranquilidad con que llevaban sus vidas se ha extinguido; Miguel tuvo que abandonar su casa y su trabajo; Arturo y sus familiares dicen estar dispuestos a “darles bala” a cualquier desconocido que se les acerque sin identificarse; Ángel, en cambio, no deja de mirar hacia todos lados y de apuntar las placas de los carros que considera sospechosos; y Luis solo espera que los golpes que recibió no le dejen secuelas graves en el cuerpo, aunque el trauma psicológico será imposible de borrar.
Reacción: Tras la agresión
Luis
DENUNCIANTE
“Tuve que sacar a mi hija del colegio (estaba en primero de diversificado) por miedo a que le hagan algún daño”.
El rumor de que los ‘narcos’ estaban llegando al Ecuador con más dinero del que las autoridades hallaron en la Loma de la Muerte, donde se produjo el accidente, trajo consecuencias traumáticas a los habitantes, como a cuatro campesinos que con sus familias comenzaron a ser amenazados, extorsionados e incluso dos de ellos torturados para que entregaran los dólares que ¬según creen sus victimarios¬ alcanzaron a esconder antes de que la policía llegara al sitio de la tragedia.
Un caso que se denunció la semana pasada dejó a cuatro policías tras las rejas, como sospechosos de extorsionar a Luis, un campesino de 39 años. En su escrito el detalla que eran las 09:00 del miércoles 18 de julio y, mientras la mayoría de hombres de Coaque laboraba en pesca o arando la tierra, él hacía carreras en su tricimoto. A esa hora, un hombre le pidió que lo llevara a la clínica Negrete, en la vía a Chamanga. Después de eso vivió la pesadilla.
El campesino a quien identificaremos como Luis hoy no sale de su casa, donde se recupera de las secuelas del maltrato que sufrió. Dice que cuando entró por una guardarraya para llegar a la dirección que le pidieron vio una camioneta doble cabina marca Chevrolet D-Max color plata, desconocida para él.
Cuando detuvo la marcha de su liviano automotor e intentaba regresar, el pasajero lo apuntó con un arma de fuego y lo obligó a acercarse al vehículo, de donde bajaron tres hombres. “Me subieron a la fuerza, a punta de golpes... Otra persona estaba adentro con pasamontañas; y me pusieron a mí el pasamontañas, me esposaron...”.
Después ingresaron a una guardarraya para golpearlo y exigirle que devolviera el dinero que decían había tomado de la aeronave siniestrada. “Me tenían aplastada la cabeza en el piso, y uno decía: ‘Entrégame la plata de la avioneta que es mía, dónde la tienes para mandarla a ver...’. A lo que les dije que no tenía ningún dinero comenzaron a agredirme con puños y (golpear con) unas pistolas...”.
La víctima cuenta que alcanzó a salir del carro cuando hicieron otra parada, pero que al correr cayó por un barranco, donde le rociaron gas y continuaron golpeándolo por unos quince minutos más. De vuelta a la camioneta lo amenazaron con secuestrar a uno de sus hijos, de cortarle los dedos; uno de los agresores propuso matarlo para no tener problemas. Pero la idea de perder la pista del dinero si asesinaban a Luis les hizo cambiar de idea.
La víctima fue abandonada a las 14:00 en el mismo sitio donde había comenzado su pesadilla. Ensangrentado, con el rostro marcado y el cuerpo adolorido, se dirigió hasta su tricimoto para ir a casa, tal como se lo habrían indicado sus agresores, quienes le ordenaron que debía decir que le habían robado.
No obstante, otros dos uniformados lo auxiliaron y llevaron a un centro médico. Después denunció el hecho. En la noche, cuando estaba en su casa, un motorizado de la Unidad de Policía Comunitaria de Coaque fue a buscarlo para que le diera las características del carro que usaron para plagiarlo, pues a las 18:00 del mismo día otro comunero había sido secuestrado. Lo identificaremos como Arturo.
El uniformado tenía una foto de la camioneta, pues antes de que ocurriera el plagio había visto que Arturo conversaba con cuatro sujetos. Ante la sospechosa situación, el agente le tomó la foto al vehículo y se había acercado a solicitar a los desconocidos que se identificaran. Ellos le indicaron que eran parte de inteligencia policial.
Cuando el motorizado se fue, Arturo fue agredido. Lo esposaron y treparon a la camioneta. No sufrió las mismas torturas que Luis, pero los agresores comenzaron a llamar a su familia. “Su marido tiene una plata que si no nos dice dónde está lo vamos a matar”, le dijeron a la esposa por vía celular. Ella creía que era una broma.
Cuando le permitieron hablar con Arturo, este le dijo: “Me han cogido, que tengo la plata de la avioneta, que Luis les ha dicho que yo la tengo”. Enseguida sus familiares alquilaron un vehículo, convocaron a unas diez personas, una de ellas iba armada con un revólver, y emprendieron su búsqueda.
A la vez el policía motorizado confirmaba con Luis las características de la camioneta y desplegaba un operativo por las zonas aledañas. El rescate de Arturo se efectuó con éxito. Sus allegados relatan que al divisar la camioneta Chevrolet D-Max en una zona oscura y apartada, uno de ellos se bajó a increparlos. Los plagiadores soltaron a su víctima y se marcharon.
A las 22:00 de ese 18 de julio, en el sector Camarones, la policía halló la camioneta y detuvo a los ocupantes. Ahí descubrieron que eran cuatro miembros de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, entre ellos el jefe, el sargento segundo Lenín Francisco Morán Hurtado. Los otros tres eran el cabo segundo Javier Enrique Morocho Chuquitarco y los policías Luis Andrés Terán Pinargote y Jefferson Fernando Quishpe Jarrín.
El coronel Byron Chávez, comandante de la subzona 13 de Policía de Manabí, explica que los uniformados estaban en horas de trabajo cuando supuestamente plagiaron a Luis y a Arturo, pero que ningún superior conocía de la supuesta investigación que hacían en Coaque, Pedernales. Además, que la camioneta usada para el presunto ilícito es de la Policía.
Chávez también aseguró desconocer si los uniformados venían actuando de esta manera desde hace tiempo, aunque no descartó de que puedan existir grupos de civiles que se estén aprovechando de la situación.
Precisamente, Miguel, como identificaremos a otra víctima, dice que los hombres que lo atacaron a él y a su familia no eran policías. Él recuerda que los siete sujetos que entraron a su casa y lo torturaron llegaron en una lancha desde el mar. La agresión ocurrió en junio, a un mes del accidente. Después de recibir la “visita” constante de varios desconocidos que buscaban el dinero de la aeronave.
Uno de sus parientes fue el primero en recibir las amenazas a su celular a través de mensajes de texto. Cuenta que al día siguiente de la caída de la avioneta comenzaron a exigirle el dinero que había cogido. “Yo ni estuve en ese lugar; me decían que si no entregaba el dinero, iban a secuestrar a mi esposa y a mis hijos; yo denuncié en la Policía, pero no pasó nada”.
Él dice que se siente desprotegido y que la confianza en la Policía está perdida. Pero el oficial Chávez discrepa y asegura: “Si se desvía uno, no quiere decir que todos seamos corruptos. Claro que la situación es dolorosa para nuestra institución, pero ¿cómo se tiene que devolver la confianza?, demostrando el trabajo y capturando a todos los infractores de la ley...”.
Sonia Barcia, fiscal provincial de Manabí (e), sostiene que las víctimas pueden acogerse al programa de protección que dirige el Ministerio Público, que entre otras cosas asegura protección policial y atención integral para la familia. “Que se acerquen a la Fiscalía, que acepten las condiciones del departamento de víctimas”, dice.
Pese a eso, para los campesinos de Pedernales, víctimas de extorsión y plagio, la tranquilidad con que llevaban sus vidas se ha extinguido; Miguel tuvo que abandonar su casa y su trabajo; Arturo y sus familiares dicen estar dispuestos a “darles bala” a cualquier desconocido que se les acerque sin identificarse; Ángel, en cambio, no deja de mirar hacia todos lados y de apuntar las placas de los carros que considera sospechosos; y Luis solo espera que los golpes que recibió no le dejen secuelas graves en el cuerpo, aunque el trauma psicológico será imposible de borrar.
Reacción: Tras la agresión
Luis
DENUNCIANTE
“Tuve que sacar a mi hija del colegio (estaba en primero de diversificado) por miedo a que le hagan algún daño”.
Fuente: EL UNIVERSO*
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