El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que este brindará las facilidades a los organismos policiales para investigar el asesinato de tres hombres que presuntamente murieron en manos de ocho militares en servicio activo.


Así lo dio a conocer la institución mediante un comunicado, dos semanas después de que se suscitaran los hechos el pasado 8 de abril, en la cooperativa Montelindo, del sector Sergio Toral, en el norte de Guayaquil.


Ese día, una patrulla militar, que realizaba un operativo de armas se habría detenido a Julio A., Pedro C. y a Walter O., según versiones de los familiares de los retenidos, mientras ellos practicaban deportes en la vía pública. Al día siguiente, aparecieron sin vida.


En el documento emitido por las FF.AA, se indicó que “la intención del Mando Militar es transparentar ante la opinión pública, que el accionar de su personal en el cumplimiento de su misión de control de armas y antidelincuencial se ejecuta dentro del marco constitucional y legal”.


Además, indica que de existir personal militar involucrado en actos ilícitos será puesto a orden de las autoridades penales para que adopten las acciones y medidas que correspondan.


Los involucrados en el supuesto caso de ejecución extrajudicial se encuentran detenidos desde el lunes pasado en los calabozos de la Policía Judicial del Guayas.


La orden de detención fue emitida por el Juez Vigésimo Noveno de Garantías Penales del Guayas, con el fin iniciar la investigación a los uniformados implicados.


Ismael Mata, abogado de los familiares de los fallecidos, explicó que tras la audiencia realizada la semana pasada en la Policía Judicial, el proceso se encuentra en fase de indagación, con un plazo de 90 días antes de formular cargos.


“Estamos recogiendo la denuncia de los familiares de las víctimas, así como de los moradores del sector que presenciaron la aprehensión ilegal de parte de los militares”, señaló Mata.


Los militares investigados son miembros del Batallón Policial Militar de la Brigada de Infantería No. 5 Guayas. Ellos responden a los cargos y nombres de: subteniente Nicanor G., sargento segundo Óscar S., y los cabos Luis N., Julio C., Luis V., Carlos E., Jerson B., y Daniel C.


Oswaldo Alvarado, abogado de Carlos E., señaló que hoy va a presentar un recurso de amparo, porque se violentaron los derechos constitucionales de su defendido en el momento de la detención.
“Mi cliente llegó el 16 de abril a las 08:00 a los patios de la Policía Judicial, para que se le tomara la respectiva versión, (pero) recién a las 19:00 le hicieron firmar una boleta para investigación”, dijo.


Alvarado señaló que esto significa, supuestamente, que el cabo Carlos E. estuvo retenido 11 horas, algo que violenta el numeral 5 del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, que estipula la retención de un máximo de seis horas en este tipo de casos.


Agregó que no existen pruebas de que su defendido sea autor, cómplice, ni encubridor del delito que se está investigando.


El pasado martes se llevó a cabo la audiencia de flagrancia y allí actuó personal élite de la Policía Nacional, como el del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).



Fuente: EL COMERCIO*