Demandantes apelarán cuantía de fallo en caso Chevron.

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Quito. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Chevron, junto a dirigentes de comunidades indígenas, durante una rueda de prensa en Ciespal. Foto: Rolando Enríquez / EXPRESO
La cifra no es suficiente en opinión de los demandantes, que en el juicio habían pedido 27.000 millones de dólares


Comunidades indígenas ecuatorianas que mantienen un millonario juicio ambiental contra Chevron Corp., dijeron hoy que apelarán un fallo en su favor que un juez local emitió en la víspera, porque consideran insuficiente el monto que debe pagar la petrolera.


La justicia ordenó a Chevron Corp., que tiene su sede en Estados Unidos, pagar unos 8.646 millones de dólares que deben ser colocados en un fideicomiso y usados para remediar los daños ambientales y sanitarios que habrían causado vertidos de la empresa.


Sin embargo, la cifra no es suficiente en opinión de los demandantes, que en el juicio habían pedido 27.000 millones de dólares, lo que incluye reparaciones a los territorios contaminados aledaños a la operación de la empresa y compensaciones por daños en la salud de indígenas.


"Aún no sabemos exactamente cual será el contenido (de la apelación), todavía estamos analizando la sentencia. Pero el jueves presentamos la apelación en la Corte de Sucumbíos", dijo Pablo Fajardo, abogado de los demandantes durante una rueda de prensa.


"Para nosotros los 8.000 millones de dólares que ha dictaminado el juez no representa una cantidad significativa para reparar los daños que cometió la compañía Texaco en la Amazonía", agregó Luis Yanza, representante del Frente de Defensa de la Amazonía.


Las comunidades indígenas ecuatorianas plantearon el juicio en 1993 en cortes estadounidenses y una década más tarde el proceso fue trasladado a Ecuador, argumentando que Texaco, que fue comprada por Chevron en el 2001, vertió residuos tóxicos provocando daños a la salud y en el ambiente.


Chevron, por su parte, ha anunciado que apelará el fallo emitido por el juez de la corte provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, y cuya aplicación podría ser suspendida por medidas tomadas tanto por la justicia de los Estados Unidos como por tribunales internacionales.


La empresa estadounidense operó en Ecuador entre las décadas de 1970 y 1980.