El presidente de la República, Rafael Correa, firmó hoy el decreto ejecutivo para la realización de la consulta popular, que plantea reformas judiciales y de la prensa, además de la prohibición de las corridas de toros, entre otros temas, según informó el Gobierno.
Correa acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar el decreto ejecutivo que pide a este organismo la convocatoria a consulta popular para el próximo 1 de mayo.
El mandatario dijo que "hemos venido a entregar el decreto aprobado por la Corte Constitucional para que se convoque a un referéndum y sea el pueblo quien responda sí o no...hemos ganado la primera batalla luego de que la Corte Constitucional aprobó las preguntas".
Aseguró que la Corte hizo las modificaciones necesarias y se ha respetado su decisión porque "el espíritu de lo que queremos preguntar se mantuvo".
Y exhortó al CNE para que mientras más rápido haga la consulta mejor. "Ahí hay preguntas muy importantes como por ejemplo separar los poderes fácticos, respetar la pacha mama y que los niños y juventud vivan en un ambientes sano con la eliminación de juegos de azar".
Omar Simon, presidente del CNE, garantizó que el proceso será limpio y felicitó la iniciativa presidencial de solictar la consulta a la que dijo que "ésto es una profundización de la democracia".
El Primer Mandatario estuvo acompañado de la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, y del secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera.
Mera dijo que la convocatoria se realizará hasta el 7 de marzo y la consulta popular "esperamos sea el 1 de mayo, sin embargo todo dependerá de la planificación del CNE".
El CNE tiene un período de siete días para pronunciarse sobre la fecha de la consulta y otros 60 días para convocarla.
Correa presentó el pasado 17 de enero un total de diez preguntas a la Corte Constitucional, cinco de las cuales son enmiendas, pues reforman parte de la Carta Magna del país, mientras que las otras son preguntas sobre cuestiones generales.
El 15 de febrero la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta, manteniendo la esencia de las preguntas, aunque con algunos cambios.
Además de la reforma judicial, la consulta también incluye la regulación de la prensa, que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea un delito, la prohibición de los juegos de azar y los casinos y que se penalice el enriquecimiento privado no justificado.
También prohíbe a los directivos e inversionistas de medios de comunicación y de la banca invertir en negocios ajenos a su sector económico.
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