Revista VISTAZO / Gisella Ronquillo
Saqueos, robos a mano armada de comercios, residencias y vehículos, y actos de vandalismo generaron pánico en Guayaquil y otras ciudades de la Costa durante la paralización policial.
11h00. Sally S., de 38 años, cerró su farmacia, localizada en la Cooperativa Jacobo Bucaram, en la vía Perimetral. Fue a recoger a sus hijos a la escuela y permaneció en su casa pendiente de los noticiarios. A las 14h30, el guardia de su local la llamó asustado: una turba de alrededor de 200 personas había tumbado la puerta enrollable. Se le llevaron mercadería por 40 mil dólares.
12h00. Cristian F., de 28 años, conducía un camión de botellones en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur. En un semáforo, tres personas en una moto lo encañonaron, le quitaron sus pertenencias y se llevaron el vehículo. Tras el robo, regresó a su oficina donde le prestaron tres dólares para regresar a su casa; en el bus de la línea 117, lo volvieron a asaltar.
La Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía del Guayas, ubicada en las instalaciones de la Policía Judicial (PJ), lucía abarrotada la mañana del pasado 1 de octubre. Decenas de personas madrugaron para denunciar los diferentes tipos de delitos de los que fueron víctima el día anterior, producto de la ausencia del control policial. Unos sentados y otros de pie aguardaban a que alguno de los fiscales voceara el número de su tiquete. Mientras tanto narraban a sus vecinos de la cola lo que les había ocurrido.
En medio de sus relatos, Ligia V., Sally S. y Cristian F. comentaban lo angustiante que fue para ellos, sus familias y sus amigos vivir cerca de 12 horas sin la protección de la Policía, una de las instituciones más importantes que tienen las sociedades para hacer acatar el orden constituido y garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía.
Casos y casos
A eso de las 8h30 del 30 de septiembre pasado, un grupo de uniformados del Regimiento Nº 1 Quito se tomó las instalaciones del destacamento para protestar por la aprobación de la Ley de Servicio Público que, a su criterio, les resta beneficios. Las unidades de Guayaquil, considerada por las Naciones Unidas como una de las 20 ciudades más inseguras de Latinoamérica, se sumaron a la rebelión cerca de las 9h00.
A esa hora empezaron a darse los primeros saqueos, robos en la vía pública, residencias y locales comerciales, y actos vandálicos. Dos horas más tarde el caos reinaba en varias zonas de la ciudad. De nada servía llamar al 101, el número de emergencias de la Policía, pues no había respuesta.
La ciudadanía entró en pánico: las líneas telefónicas de las escuelas y colegios colapsaron pues los padres de familia querían ir a recoger a sus hijos temprano; las empresas mandaron a sus empleados a sus casas; los comerciantes cerraron sus almacenes y los bancos suspendieron sus actividades. Hasta la oficina de la Fiscalía en el centro de la ciudad debió trabajar a puerta cerrada, pues se temía un atentado, mientras que en la de la PJ la afluencia de denunciantes era mínima: nadie quería salir de casa.
De ahí que en las primeras 12 horas del día siguiente a la paralización de los uniformados, ambos despachos de esa dependencia registraran 160 denuncias. Lo mismo que se recepta en un día “normal” de trabajo; es decir, en un turno de 24 horas. Como resultado de esas quejas, hubo 41 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad. Usualmente, no hay más de 18 a diario.
Pedro Ortega, coordinador de la oficina de la Fiscalía en la PJ del Guayas, indica que los delitos más comunes fueron la tenencia ilegal de armas, el robo agravado (saqueos, asalto en la vía pública, pandillas o con armas de fuego) y el ocultamiento de objetos robados. También hubo 11 robos de vehículos, en especial motocicletas, como la de Jorge M., de 32 años, que fue interceptado a las 13h30 por tres sujetos armados mientras se dirigía a recoger a sus hijos a la escuela Juan María Martínez Coello, localizada en la 11 y Cristóbal Colón.
El hampa concentró su actividad en la isla Trinitaria (en Nigeria y la entrada al Trinipuerto), Pascuales, las cooperativas Los Vergeles y Juan Montalvo, y la 38 y Portete, cuenta el jefe de la PJ, coronel Mario Acosta. En esos sitios la Policía hizo los primeros operativos una vez que depusieron su protesta. Allí recuperaron electrodomésticos, cajeros automáticos, motos y muebles.
En otras ciudades de Guayas, como Durán y Milagro, también hubo decenas de casos de robos. En el resto de las provincias del Litoral, los intentos de saqueos fueron bloqueados por la acción de algunos grupos policiales que no plegaron al paro: así, por ejemplo, en Manta se desarticuló a una banda que pretendía robar un almacén de electrodomésticos; y en Machala, a otra que quería asaltar un banco.
El coronel Juan Ruales, jefe del IV Distrito Policial que aglutina a las provincias de la Costa menos Esmeraldas, dice que Guayas “es diferente” a las otras porque “tiene mayor densidad poblacional” y “es más conflictiva”.
Pérdidas
Las pérdidas económicas de esa violenta jornada fueron cuantiosas para el sector productivo del país, sin que se pueda especificar con exactitud el monto.
Solo al almacén de electrodomésticos Jaher de la vía Perimetral de Guayaquil, los delincuentes se le llevaron mercadería por alrededor de cien mil dólares y otros 30 mil más en mobiliario, señala su administrador, Carlos Vicuña. Esa cadena solo perdió un local, pero otras como Tía, La Ganga y Sana- Sana, sufrieron saqueos en varios de ellos.
Negocios más pequeños, como el de comidas rápidas que tenía Zouein Naje A. en el centro de la ciudad, perdieron montos reducidos, pero igual de significativos para su trabajo: se le llevaron 2.000 dólares en sanducheras, licuadoras y cafeteras.
Carlos Molina, analista del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), calcula que a causa de la suspensión de las actividades comerciales en casi todo el país, ese día se dejaron de percibir 150 millones de dólares. La cifra se obtiene de la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
Y podría ser más pues “no se monetizan las pérdidas por robos, lucro cesante ni la desconfianza en las instituciones llamadas a garantizar la seguridad”, sostiene.
A esa desconfianza institucional debe sumarse, asimismo, la generada entre la propia ciudadanía, que vio con estupor cómo sus vecinos participaban en los saqueos. Una vez que los delincuentes desmantelaban locales comerciales, familias enteras irrumpían para llevarse lo que quedaba.
Así, María A., quien tiene su tienda de víveres en la Perimetral, reconoció a varios de los habitantes de su barrio llevándose desde licuadoras hasta sillas y anaqueles. “La tentación era grande, pero lo principal son los valores”, dice.
Según el fiscal Ortega, la mayoría de los detenidos tenía antecedentes delictivos, pero otros eran desempleados y estudiantes.
Para explicar este fenómeno, el consultor en seguridad Hugo Acero cita el adagio que dice: “La ocasión hace al ladrón”.
“Ante la falta de autoridad, los ciudadanos vieron la oportunidad de realizar saqueos y desorden. Con su comportamiento cometieron un delito y se convirtieron en ladrones, pero no quiere decir que lo sean en su vida cotidiana. Por otro lado, como el anuncio inicial fue el de un “golpe de Estado”, algunos ciudadanos indignados arremetieron contra todo lo que consideraban poder y en algunos casos lo relacionaron con los negocios”, opina Acero.
El día de miedo que vivió el país sin policías ratificó la incapacidad de la sociedad para cumplir las normas por “buena voluntad”, sostiene el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, Lautaro Ojeda. “Las leyes no se cumplen porque estén dictadas. Es necesario que el Estado juegue un papel de control, por eso tiene el monopolio constitucional de la fuerza a través de la Policía y de las Fuerzas Armadas”.
Ya antes de la rebelión del 30 de septiembre, la Policía era una de las entidades con menor confianza. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el 69 por ciento de los ecuatorianos no cree en ella. Paradójicamente, cuando se le pregunta al ciudadano cómo podría el Estado darle más seguridad, enseguida pide acción policial. “Somos un mal necesario. No se puede vivir sin Policía porque sino el caos reina en la ciudadanía”, dice el coronel Acosta.
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