Así lo reveló ayer el fiscal de Pichincha, Marco Freire, quien coordina los procesos que se abrieron por la revuelta del pasado 30 de septiembre.
Para Freire, no existirían razones para que el proyectil se dirija a un servidor que cumplía su deber de dar protección al vehículo donde estaba el Jefe de Estado.
La hipótesis se maneja pese a que el equipo de peritos que realiza la experticia aún no entrega sus conclusiones sobre la trayectoria balística, ni el tipo de proyectil que impactó el cuerpo de Jiménez.
Según la Fiscalía, la bala traspasó la parte delantera del chaleco antibalas y se alojó en la espalda del equipo.
De momento, según Freire, no hay conclusiones en firme pues habrá que esperar a que los informes técnicos estén listos, ya que esos documentos, –dijo– “dirán lo que sucedió”, pues se emplearán “técnicas de criminalística”.
El fiscal Freire agregó que ante la falta de informes no logra explicarse en qué fundamentó sus criterio el Jefe del GIR, coronel Lenin Bolaños, cuando sostuvo que la bala que mató a Froilán Jiménez era de dotación militar.
Bolaños aseguró esto el pasado 22 de noviembre, luego de que al agente se le realizó la autopsia.
Por otra parte, Roberto Carlos Meza, perito y veedor contratado por el Ministerio de Justicia para seguir las investigaciones del 30-S, dijo no entender por qué el equipo de peritos no entrega la pericia que se hizo a la bala que asesinó a Jiménez.
Meza explicó que según las técnicas investigativas dicha pericia demora tres días.
Ese criterio se contradice con el que se maneja en la Fiscalía y que determina que la experticia podría demorar varios meses.
El hecho de que el Ministerio Público cierre las puertas a los veedores, según Meza, genera dudas en la ciudadanía y en la transparencia con la que se efectúan las investigaciones. Según Meza, la poca apertura que se da en el proceso es porque en el grupo de peritos de la Fiscalía están incluidos ex miembros de la Policía Nacional.
Fuente: EL UNIVERSO
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