Datos
Nació en Guayaquil en 1935, como el segundo de cuatro hijos.
Es el actual Ministro del Interior y antes se desempeñó como Secretario Anticorrupción.
Durante 15 años Vera Arrata trabajó como docente de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Arquitectura.
En 1984 se afilió a la Izquierda Democrática, partido por el cual fue electo Diputado por Guayas, en 1986, y luego designado Ministro de Educación, de 1988 a 1991. En 1992 asumió como Diputado Nacional y fue representante por Pichincha en la Asamblea Constituyente de 1998 y Concejal de Quito en el periodo siguiente. El Ministro del Interior anuncia un profundo saneamiento de los agentes en las filas policiales.
El retorno de 212 policías a Guayaquil, procedentes de diferentes provincias en las que prestaban sus servicios, coincidió el martes anterior con la visita de Alfredo Vera Arrata, quien en menos de una semana de haber sido posesionado como Ministro del Interior regresó a su ciudad natal para analizar el alarmante índice de delincuencia que la azota y las estrategias policiales que se han implementado para frenarla.
Entre las diversas actividades que mantuvo el Secretario de Estado en el puerto principal consta la reunión con los jefes policiales de las diferentes 40 zonas seguras en que está dividida la ciudad, con el objetivo de conocer de cerca la incidencia de delitos e hizo un recorrido por las instalaciones de la Policía Judicial del Guayas.
La consigna de modernizar a la Policía y de recobrar la confianza entre la ciudadanía se convirtieron, desde el pasado 17 de diciembre, en una de las prioridades del flamante funcionario, que conversó con este medio sobre el procedimiento de operación del ministerio, sus objetivos y las planificaciones estratégicas fijadas.
¿El Gobierno mantiene la confianza en la Policía, aún después de la intentona golpista del 30 de septiembre?
Claro, porque la mayoría no participó, solo unos cuantos elementos desadaptados, que están identificados, fueron los autores; la mayoría no participó, se mantuvo silenciosa y no podemos echarle la culpa indiscriminadamente. Se trató de un segmento minúsculo infiltrado en la Policía, que le hace daño porque no es así como se puede reclamar un derecho. La Policía está llamada a velar y a cuidar el orden y por ninguna circunstancia a poner el ejemplo del desorden.
En ese sentido, ¿el Gobierno impulsará el saneamiento en la Policía, de sus malos elementos?
La depuración es una reacción orgánica de todo cuerpo; la salud social demanda una depuración, con una ventaja, que es la propia Policía la que quiere que haya un saneamiento. Queremos sanear la imagen de la Policía, porque son los propios uniformados correctos los más sensibles a demandar que haya firmeza en el saneamiento de las conductas y de las acciones que caracterizan a toda la institución policial.
Los policías destituidos, muchas veces, se acogen a recursos de amparo resueltos por jueces para buscar su reintegro y hasta la indemnización. ¿Qué hará el ministerio al respecto?
Así es y eso vamos a tratar de impedirlo. Hay que presionar a los jueces porque no pueden, ellos, a un mal elemento reintegrarlo a la fuerza policial si está demostrado y comprobado que ha cometido actos de indisciplina o que ha atentado contra la integridad de la institución. Trataremos de coordinar con los jueces y buscar mecanismos que impidan esos fallos.
Se han denunciado abusos de la fuerza pública. ¿Cómo se trabajará para concienciar en los agentes el uso de la fuerza progresiva y no represiva?
Bueno, el uso de la fuerza progresiva, con respeto a los derechos humanos, la solidaridad hacia la ciudadanía, son principios básicos de los policías. Vamos a fortalecer estos principios y a ganar el respeto de la colectividad, convirtiendo la labor policial en una labor de respeto al ciudadano y de credibilidad.
“Realizaremos una depuración en la Policía para evitar que malos elementos desprestigien a todos...”
¿Qué tan beneficioso es el hecho de que sea el propio presidente Correa quien lidere el plan emergente frente al hampa?
Es muy beneficioso, porque llega en un momento que hace falta que un líder como el Presidente le ponga todo el empeño para que no solamente los subalternos del régimen, sino la sociedad entera que lo apoya tan masivamente, se dé cuenta de que hay que hacer un esfuerzo para integrarse a la defensa de la seguridad ciudadana. El ha asumido personalmente el frente de seguridad interna para tratar de enfrentar esta ola de violencia, criminalidad y delincuencia que azota al país y sobre todo a Guayaquil, que tiene mayor comercio y peso demográfico.
Dentro de este plan emergente se ha hecho énfasis en el combate a las denominadas cachinerías, ¿por qué?
Porque ese es un punto de atracción para la delincuencia; el delincuente que no tenga a quien vender el producto de su robo empezará a desistir de arranchar un celular si no tiene en donde venderlo, o un televisor; qué hace un delincuente con 3 ó 4 televisores si no los puede vender; obviamente disminuirá la demanda de objetos robados.
¿La eliminación de cachinerías está contemplada en los 5 ejes en que se basará su gestión?
En realidad los 5 ejes tienen una cobertura más amplia y radical. Se trata de la acción conjunta de la fuerza pública en operaciones combinadas para frenar la delincuencia y conseguir la seguridad ciudadana; el trabajo de la justicia para que no sea tan cómplice de los delitos; las reformas legales; la seguridad de un desarrollo social equitativo para que no se promueva tanto la delincuencia; y, por último, la participación de gobiernos seccionales que representan a las colectividades, esto es los alcaldes, concejales y prefectos, que son electos por el pueblo que aspira que esos funcionarios también colaboren en la lucha contra la delincuencia.
¿Cuál es su opinión respecto del accionar de los jueces, cuyas resoluciones se convierten en un cuello de botella para la administración de justicia?
Mire, en una sociedad donde funcione bien la Policía, que apresa a los delincuentes en delitos flagrantes y que los jueces los dejen en libertad, es un contrasentido; es decir que estamos luchando contra la corriente y el esfuerzo que hace la Policía en prepararse, entrenarse y tener los medios para perseguir el delito se desvanecen cuando se consigue apresar a un antisocial y el juez lo suelta inmediatamente para que siga delinquiendo; entonces hay que intervenir en eso y no solo desde el Ejecutivo y Legislativo, sino también desde la ciudadanía, es decir que es un conjunto de factores que ayudarán a resolver el problema.
Se evidencia que el régimen se ha preocupado en el bienestar del policía y su familia...
Así es, también estamos promoviendo una campaña en la que el agente policial trabaje en su lugar de origen; esta es una aspiración antigua de los policías que la estamos cumpliendo. Además de eso, estamos construyendo en todas las provincias lo que es la vivienda fiscal, para que los agentes tengan un lugar razonable y cómodo donde alojarse con sus familias.
La administración anterior hizo mucho énfasis en la rendición de cuentas, ¿Ud. seguirá esa línea?
Bueno, esa es una obligación de todos los funcionarios públicos y el primero en poner el ejemplo es el mismo Presidente, cuando todos los sábados les rinde cuentas a los ecuatorianos.
No habrá traslado a la Puntilla
Las dependencias de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G) no se trasladarán al antiguo centro comercial Puntilla Mall, ubicado en la vía a Samborondón.
Así lo confirmó ayer el actual ministro del Interior, Alfredo Vera, luego de un recorrido realizado en dichas instalaciones con el fin de verificar las condiciones del predio.
El funcionario enfatizó que no existe la necesidad de reubicar ese departamento policial, ya que en el edificio de Samborondón se instalará un Centro Unificado de Atención Ciudadano (CUAC).
Esta versión fue ratificada por el coronel Mario Acosta, jefe de la PJ-G, quien explicó que el CUAC es un área adecuada con distintos departamentos que permitirá a los usuarios realizar diversos trámites en un solo sitio. “Estamos hablando de un centro con servicios vinculados a la seguridad... luego se trataría de poner otros servicios que el Gobierno central presta a la ciudadanía, como el Registro Civil, la telefónica Alegro, correos, etc.”, acotó.
La nueva disposición se da luego de que, en su informe de labores Nº 200, el presidente Rafael Correa anunciara que las instalaciones de la PJ serían trasladas al Mall de la Puntilla.
Fuente: EL TELÉGRAFO
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