* Entrevista
Foto: Carlos Silva / Expreso
Con andar pausado, Mauro Andino transita por los pasillos del Legislativo.
En su mano derecha lleva una carpeta que guarda una de sus más grandes preocupaciones: el proyecto de Ley de Comunicación. La norma lleva más de un año en trámite y el Ejecutivo ha anunciado que podría someterla a consulta. Sin embargo, en la Asamblea se busca desbloquearla y aprobarla.
¿Para cuándo irá a segundo debate el proyecto de Ley de Comunicación?
El bloque de PAIS decidió la noche del lunes 20 que sea debatido en enero próximo. Hace tiempo, yo había pedido que el tema continúe su trámite y ahora la bancada aceptó.
El sábado, el presidente Rafael Correa dijo que el tema podría ir a consulta popular. ¿El Ejecutivo impulsa esta propuesta sin tener en cuenta lo que los legisladores van a hacer?
Son dos acciones diferentes que deberían evacuarse por cuerdas separadas. El Presidente tiene la facultad de consultar cualquier tema que considere de trascendencia. Pero eso no quiere decir que -como Asamblea- debamos suspender el tratamiento del proyecto; este o cualquier otro. Hacer lo contrario sería irrespetar la independencia de las funciones del Estado. Creo que el Presidente no quiere eso.
¿Va a producirse un cortocircuito entre las dos funciones?
El Presidente ha hecho un anuncio. Eso es solo una posibilidad, tampoco es un hecho.
¿Pero tampoco ha tratado ese tema con el bloque?
De ninguna manera se ha tratado eso con el Presidente. Para mí, la Ley de Comunicación es un tema técnico y jurídico que debe seguir tramitándose.
Usted lo ha dicho: es un tema técnico, jurídico y complejo. ¿Cómo se puede resumir un tema así en una consulta?
Es un tema técnico-jurídico y el Presidente de la República tendría que analizar si es o no viable consultar ese tema.
¿Para qué ha servido este intervalo entre el primer debate del proyecto y el plazo en el que se prevé el segundo debate?
No hemos suspendido a propósito. Hemos dado paso a otras leyes y el tiempo no nos ha permitido tratar Comunicación. Aunque, como ponente de la ley, me he reunido con grupos como el Colegio de Periodistas de Pichincha, la UNP del Guayas, el Defensor del Pueblo y la Relatoría de las Naciones Unidas. He conversado con algunos asambleístas intentando llegar a acuerdos que garanticen las libertades de información.
¿En qué sentido se están construyendo los acuerdos?
Hay sugerencias de la Relatoría que si podrán ser recogidas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el artículo que habla de la información veraz puede ser quitado porque ya está en la Constitución. También podría reducirse, de dos a uno, los representantes del Ejecutivo ante el Consejo de Comunicación. Tampoco serían dos de la ciudadanía sino tres, más uno de las facultades de Comunicación y otro de los Consejos de Igualdad. También hay que analizar las facultades del Consejo para que no estén contra la Constitución o los tratados internacionales.
¿En cuáles otros temas habrá apertura para armonizar el texto con los otros grupos políticos?
Se ha cuestionado sobre las facultades que se le ha dado a la Defensoría y veo que sí sería duplicarlas porque ya constan en la Constitución. Otro punto es las frecuencias. Hay que analizar si una persona natural o jurídica solo podrá tener una licencia de un canal nacional o local. Y de una radio nacional y local. Eso para evitar la concentración.
¿El Consejo tendrá facultades en Telecomunicaciones?
Se comenta que en el Ejecutivo están trabajando en un proyecto de Telecomunicaciones. En el bloque esperamos que ese sea compatible con el de Comunicación. Esperamos que no haya un choque ni contraposición porque eso sí sería sumamente grave.
¿Cómo crecerán las radios si no hay opción a ampliarse?
Eso se debatirá en el segundo debate. Si la mayoría va por un cambio habrá apertura.
Una de las cosas que preocupa de las concesiones es el tiempo. Si no hay tiempo, no habrá inversiones ni buena radio.
En el informe está contemplado por diez años y puede renovarse bajo el cumplimiento de requisitos. En eso no hay problema.
¿Qué decisión hay sobre la profesionalización de periodistas?
Es un tema polémico. Incluso, la Relatoría de las Naciones Unidas hizo referencia a ello. Vamos a analizar porque hay posiciones encontradas. El Colegio de Periodistas tiene un criterio y la UNP, otro. Pero habrá que analizarlo con el fin de cumplir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir ¿que no se exija la profesionalización?
Es probable pero también hay preocupación sobre lo que pasa con las facultades de Comunicación y con quienes se están preparando para ser periodistas.
Hay una salida. Que sigan en lo suyo y los medios también. Es más fácil enseñar periodismo a un economista que viceversa...
Habrá que analizarlo seriamente para no ir en contra de la resolución de la Corte y, peor aún, violentar algún derecho.
¿En enero habrá las condiciones políticas para aprobar la ley?
Aspiro a que las haya una vez que entremos al debate. Luego habrá tiempo para acoger sugerencias, llegar a consensos, someter a votación el texto y esperamos que haya más de 63 votos.
¿Cree que la ley abarque los consensos suficientes que impidan que sea impugnada fuera o dentro del país?
Esa es mi aspiración. No queremos que en cualquier momento se pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad o una demanda ante organismos internacionales.
Consulta: el as ganador de Correa
La consulta popular del Ejecutivo se instala en terreno seguro. Al tema seguridad que es altamente sensible para la gente, se sumarán otros que gozan de cierta popularidad. Por ello, y si las firmas encuestadoras no se equivocan, el presidente Rafael Correa anunció un mecanismo con el cual solo apuesta a ganar.
El mandatario adelantó los temas que llevará ante los electores: preguntará sobre la ley para los medios de comunicación, la prohibición de juegos de azar y de las corridas de toros. Este es, sobre todo, un tema de Quito que se activa cada diciembre durante las fiestas de fundación.
Santiago Pérez, director de la firma que hace encuestas para el Gobierno, admite que el rechazo a la fiesta taurina ha venido creciendo sin parar durante los últimos años. Y aunque no detalla cifras, agrega que el tema moviliza más a los jóvenes. De hecho, el rechazo mayor se observa entre los menores de 20 años.
La firma Informe Confidencial muestra datos más específicos. En un estudio de noviembre pasado, revela que un 51% de quiteños y un 73% de guayaquileños considera que las corridas de toros son un “espectáculo salvaje”. Esto frente al 47% y 25%, en la respectiva ciudad, que las ve como tradición. Tomando estos puntos como referencia no sorprende que un 68% de la gente en Quito y un 65% en Guayaquil adelanta que, en caso de una consulta popular, votará en contra de que se sigan realizando esas corridas.ç
Otros estudios muestran cifras menores e incluso casi un empate técnico entre las personas que rechazan y apoyan la corrida de toros en la capital. Pero esta tendencia equitativa cambia a la hora de hablar de medios de comunicación. Allí, la mayoría de consultados se inclina por dar paso al proyecto de Ley de Comunicación. Específicamente, el propuesto por el Ejecutivo, aunque no se conozca su contenido y alcances.
En un estudio realizado en julio, Informe Confidencial detectó que el 72% de personas en Quito y el 64% en Guayaquil están de acuerdo en que el proyecto de ley sea sometido a consulta. Incluso, de ser el caso, el 68% y el 57% respectivamente, votarían a favor de la ley planteada desde el Gobierno.
Hasta ahora, este tema no ha prosperado en la Asamblea Nacional que lleva más de un año tramitándolo. Las fuerzas políticas no han logrado consensos en puntos que, se cree, afectarían la libertad de expresión.
Entonces ¿la consulta, y las que pudieran venir, se convierte en la mejor tarima para el Ejecutivo? Para la oposición y las minorías la respuesta es positiva. Incluso para ciertos oficialistas. ¿La razón? Con ese recurso el Presidente estaría movilizando a su favor el electorado y minimizando las funciones del Parlamento. Por ello, desde la oposición, ya se advierte como error el haber apoyado una consulta que Correa podría convertirla en un mecanismo de legitimización en el cual nada arriesga y todo gana.
Santiago Pérez defiende el ejercicio de la democracia plebiscitaria. Para él mientras más elecciones haya, por este u otro tema, mejor.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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