Chevron acusa de falsificar firmas en juicio por daños ambientales

***SNN 

Agencia EFE
Por su parte, los demandantes creen que se trata de una "artimaña" de la compañía para evitar una millonaria condena.

La petrolera estadounidense Chevron-Texaco presentó hoy una acusación por una presunta falsificación de firmas en el proceso ambiental que se sigue en su contra en un tribunal de Ecuador, mientras los demandantes creen que esa es una "artimaña" de la compañía para evitar una millonaria condena.


Los abogados de la petrolera estadounidense, mediante un comunicado, informaron de que presentaron ante la Corte de la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), donde se sigue la causa, un análisis de un perito en el que, supuestamente, se demuestra la falsificación de firmas en un documento de 2003, que autoriza la demanda contra la compañía.


Por ello, la petrolera ha pedido al juez que lleva la causa, Nicolás Zambrano, que declare nulo el proceso.

De su lado, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, calificó como una "artimaña" la presentación de esta última acusación por parte de Chevron, en un momento en que el juez ha dictado autos para emitir una sentencia.


Según Chevron, la evidencia "recién descubierta de falsificación y fraude demuestra que el juicio ha estado manchado con corrupción desde el principio y debe ser declarado nulo".


Precisa que un análisis del examinador forense Gus R. Lesnevich, ha determinado que, al menos, 20 de las 48 firmas que ratifican la demanda ambiental contra la petrolera "eran falsas".


Dicho informe, según Chevron, revela que los trazos encontrados en el papel son "compatibles con el que alguien haya practicado la escritura de una firma antes de simular realmente la firma".


Chevron también ha pedido al juez Zambrano que remita la denuncia a la Fiscalía del Estado para una "investigación criminal".


"Las autoridades ecuatorianas no pueden seguir ignorando la acumulación de evidencia de fraude en el litigio de Lago Agrio (Sucumbíos), sin quebrantar sus obligaciones bajo la constitución" y las leyes internacionales, indicó Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de Chevron.


"Buscaremos la compensación total del daño que se ha hecho en nombre de los demandantes ecuatorianos e imputar la responsabilidad a todos los que deliberadamente han participado en esta intriga ilegal", agregó el asesor.


De su lado, Fajardo, que representa a más de 3.000 demandantes, que dicen ser perjudicados por la contaminación dejada por Texaco (ahora Chevron) en una región de la Amazonía ecuatoriana donde operó entre 1972 y 1995, calificó a la última acción de la petrolera como una "artimaña".


"Rechazamos esta última artimaña, creada e inventada de Chevron para intentar detener una sentencia", añadió el abogado, tras señalar que el peritaje grafológico presentado por la petrolera "fue pagado" por ella misma, lo que "jurídicamente no tiene validez", ya que este tipo de estudios los ordena el juez de la causa.


Según Fajardo, no existe ninguna falsificación de firmas en la ratificación de la demanda de los afectados y dijo que ésta acción de la petrolera "no tendrá ninguna incidencia en la decisión del juez, porque no tiene ningún valor probatorio".


El abogado dijo que es extraño que este tipo de acusaciones se presenten cuando el juicio, que dura más de diez años, haya entrado en la etapa final, lo que, para él, es una argucia de la petrolera para "impedir que se dicte una sentencia".


Además, Fajardo dijo que los demandantes esperan que la sentencia no demore más allá del segundo trimestre de 2011, aunque precisó que el juez debe examinar unas 215.000 hojas que forman parte del proceso.


Los demandantes sostienen que Texaco no reparó los daños ambientales y que la contaminación que dejó en la selva amazónica ecuatoriana ha causado daños irreversibles a la naturaleza y enfermedades graves a sus habitantes, incluido casos de cáncer.


La compañía Texaco, comprada por Chevron en 2001, alega que sí cumplió con los convenios de reparación ambiental y que el juicio, en el que se le demanda por unos 27.000 millones de dólares, debe ser anulado.