Desde sus inicios tuvo problemas con la línea editorial y cambios en el paquete accionario.
El 11 de noviembre de 2009, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) le notificó al representante legal de la Revista Vanguardia que desocupen las oficinas localizadas en el edificio de las calles Gonnessiat y José Gómez, detrás de la Avenida González Suárez, en el norte de Quito, porque pertenecía al Banco de Préstamos, inmueble administrado por el Fideicomiso “AGD-CFN No Más Impunidad”, que está a cargo de Pedro Delgado, porque no tienen un contrato actualizado.
El funcionario, una vez consultado por El Telégrafo, descartó que la medida sea una acción política o un hecho aislado. “Son varios casos (y este es uno) donde estamos tomando control de estos bienes”. Ninguna otra autoridad del Gobierno se ha pronunciado al respecto.
De acuerdo a las cifras que maneja la empresa KMR, la lectoría de Vanguardia no pasa de 8.000 lectores en el mes
La revista en cuestión es un semanario dedicado a tratar temas de análisis e investigación política, cuyo ex responsable editorial fue José Hernández, quien recibió criticas del Gobierno por la virulencia de sus opiniones.
Sin embargo, es necesario aclarar que el fideicomiso asumió las responsabilidades que tenía el Ministerio de Finanzas sobre los derechos y acciones que tenía la AGD. Hasta el momento del traspaso se registró una cuenta pendiente de cobro a Vanguardia por el supuesto impago del arriendo.
El posterior desalojo, el viernes pasado, es uno más de los hechos lamentables que afectan a este medio de comunicación, cuyo paquete accionario ha sufrido cambios por la baja rentabilidad y desacuerdos, sobre todo con José Hernández, quien estuvo al frente desde su fundación, como socio y director.
El carácter confrontativo y el fuerte sesgo quiteño centrista que el periodista colombiano imprimió a la línea editorial, además de la negativa de que se amplíe el horizonte del debate político, sobre todo a Guayaquil, a pesar de la mayoría que tenían en la constitución del capital las familias Martínez y Crespo Reinberg, frente a Francisco Vivanco y su hijo Clemente José, además de Hernández, impidió que su circulación alcance los niveles competitivos con otros medios similares.
De acuerdo a las cifras sobre lectoría que maneja la empresa KMR, según José Lucero, actual gerente, no pasaron de 8.000 lectores en el mes; esto es, apenas dos mil semanales.
Esta situación explicaría, de alguna forma, la mora en el pago del arriendo estimado en mil doscientos dólares mensuales que, aparentemente, habrían sido depositados en un juzgado de Inquilinato, según el gerente de la empresa editora Gran Tauro, Luis Zumárraga, que, según informó, ha decidido, en primer lugar, recuperar los equipos informáticos y luego analizarán la posibilidad de plantear demandas por presunta violación al Código Civil, que prohíbe el decomiso de herramientas de trabajo al deudor.
El director de la revista Vanguardia, Juan Carlos Calderón, aseguró que no puede adelantar criterios sobre si el operativo fue una represalia por publicaciones. “Espero que sea un error administrativo y no una persecución”, concluyó.
Fundamedios, organismo que vigila la libertad de expresión e información en Ecuador, por su parte, emitió ayer una alerta sobre el embargo a la revista.
En ella critica que quince miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) irrumpieran en las instalaciones de Vanguardia para llevarse, afirmó su director César Ricaurte, servidores, computadoras y equipo de diseño.
Agregó, también, que la medida adoptada indica el nulo respeto que ciertas autoridades del Gobierno tienen al trabajo de la prensa.
Ayer también, la casa editora del semanario condenó oficialmente la acción policial a la que calificó de desproporcionada y responsabilizó al Gobierno por la seguridad de los equipos informáticos, según ellos secuestrados, pues contienen información de respaldo de las investigaciones que realiza el personal de redacción.
Además responsabiliza al régimen de lo que pueda ocurrir con la integridad de los periodistas, directivos, colaboradores y familiares de Vanguardia.
Calderón, quien también es coautor del libro “El Gran Hermano”, elaborado sobre la investigación de Diario Expreso, en torno a los millonarios contratos celebrados por Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, aseguró que “la presión, venga desde donde venga, nos hace, más bien, suscribir con más ahínco y responsabilidad nuestro trabajo crítico e independiente”.
Fuente: EL TELÉGRAFO
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