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Juan Carlos Calderón, editor de la revista, cuestiona el exceso de fuerza que utilizaron los elementos del GIR durante la irrupción en el local del medio.
Custodia. Las oficinas de Vanguardia lucieron desoladas ayer. Afuera, desde un vehículo rojo, dos policías vigilaban el edificio.
El presidente del Fideicomiso No más impunidad, Pedro Delgado, aseguró ayer que el problema del embargo a la revista Vanguardia quedará solucionado una vez que cancelen la deuda por arrendamiento, y garantizó la integridad de las computadoras y la información contenida en los discos duros.
A las 17:45 del último viernes, uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y funcionarios del fideicomiso embargaron los bienes del medio de comunicación por el supuesto atraso en el pago de 14.560 dólares por el alquiler del local donde funcionaba.
Delgado objetó las versiones de los administradores de la revista, de que el último pago se realizó a través de un juzgado de Inquilinato. “Han estado usando esa casa sin pagar, y sin ningún contrato vigente y además dicen que supuestamente han cancelado en un juzgado de Inquilinato, pero no presentan ningún documento”.
El funcionario también desestimó las acusaciones de que se trate de una retaliación política, y calificó de “falacia” la “insinuación” de que se sacaron copias de los discos duros. “Si ellos están insinuando esto, yo pediré los peritajes de los equipos que correspondan para demostrar que los computadores no han sido tocados (....) no pagar el arriendo no tiene nada que ver con política”, aseguró.
Al mismo tiempo defendió el operativo y el control policial ejecutado en las oficinas, y descartó las versiones de que al sector habría llegado un pelotón de uniformados. La intención de un grupo “pequeño de policías” que ingresó de manera pacífica, y sin aprehender a nadie, fue controlar la situación. Delgado acusó a los directivos del medio de comunicación de querer politizar y exagerar lo ocurrido.
Juan Carlos Calderón, editor de Vanguardia, resaltó la decisión de que la información de los computadores no será violentada, pero reclamó por el abuso de poder, el despliegue y el uso excesivo de la fuerza que utilizó el GIR.
Relató que durante el operativo, el coordinador administrativo fue amenazado con detenerlo y que él fue requisado. “¿Un problema de inquilinato requiere requisas? ¿Un arriendo se cobra con el GIR, o ahora este grupo está dedicado a cobrar los arriendos? Si esas son las nuevas reglas de juego de la democracia ecuatoriana nos deberían comunicar”, dijo. El GIR, agregó, es un grupo de élite que debe estar dedicado a luchar contra la delincuencia. El periodista insistió en que la deuda está saldada.
Dos policías en un vehículo rojo vigilan las oficinas de la revista, ubicada en las calles Gonesiat y José Gómez, en el sector de la González Suárez, norte de Quito.
Ellos tienen la misión de reportar cualquier novedad que pudiese registrarse en el lugar embargado desde el viernes por el fideicomiso.
Dentro de la casa, el guardia Mario Burbano tiene la misión de no permitir el ingreso de ninguna persona. La falta de pago del arriendo del inmueble, por un monto de 14.560 dólares, argumento del embargo, no convenció a los principales de la revista, quienes denunciaron un supuesto atentado a la libertad de expresión.
Algo que, según el asambleísta de PAIS Pedro de la Cruz, no existe. El legislador reiteró que “si no cumplimos las leyes todos tenemos que ser sancionados”. En todo caso, a su criterio quienes deben explicar las razones por las que Vanguardia fue embargada son las autoridades judiciales que tomaron la decisión.
Un criterio diferente tiene la asambleísta Cynthia Viteri (Madera de Guerrero), para quien la irrupción y retiro de las computadoras de la revista tienen tinte político. “La orden de embargo viene del primo del Presidente, y ¡qué casualidad que ocurre luego de la publicación de dos reportajes clave sobre su gobierno!”, cuestiona.
Ella se refiere a las notas sobre las cuentas de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretario de la Administración y secretario de Comunicación del régimen, respectivamente y otro sobre los niveles de pobreza en el país.
La legisladora aclara que en el juicio de inquilinato, si no existe una orden del juez no puede haber el lanzamiento, peor aún el embargo.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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