Certificado que utilizaba el colombiano Luis Toro Pérez, supuesto paramilitar detenido.
El país no tiene listas de refugiados que delinquen, pero Policía y Fiscalía reconocen que sí existe un mal uso de esa condición.
Su centro de operaciones era Quito, la Policía les encontró droga, armas, listados para el expendio, mapas de cómo se ejecutaba todo el negocio, para el cual eran considerados “sanguinarios” por la Policía. Pero entre sus pertenencias, los colombianos Julio Marín, alias Sarco; Bagney Molina, alias Camilo; y Luis Toro, alias Paisa, también tenían certificados provisionales de solicitante de refugio, otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores local.
“La idea no era entrar a competir con nadie, el fin era eliminarlos a todos y adueñarse del mercado de la droga en Quito”, comenta un agente de Inteligencia Antidelincuencial. Según el parte policial, los narcotraficantes, contra quienes se dictó prisión preventiva, habrían asesinado a unos ocho líderes de pequeñas bandas dedicadas a la distribución de alcaloides en la capital.
Entre ellos a los nigerianos William Njang Ayele, Mitchell Nfwopara Kemas, Qwan Tabi Tabi; y el guatemalteco Alan Baches Granillo, asesinados en octubre pasado; además se los investiga por el descuartizamiento del colombiano Jhonny Otero; y por degollar a una mujer.
Además, de los africanos fallecidos en octubre, el pasado viernes la policía reportó la detención de otros cinco nigerianos involucrados en el tráfico de drogas en Quito, cuyos nombres no se conocen. Ese mismo día, en uno de los documentos del portal Wikileaks que se refieren a Ecuador, se reveló que un cable de febrero de 2009 del Consulado de Lagos (Nigeria) dice: El narcotraficante nigeriano conocido como Idowu, reside en Quito... Desde Ecuador coordina envíos de cocaína hacia Suráfrica y es parte de una red de traficantes nigerianos en Sudamérica.
La presencia de delincuentes de este nivel en el país comenzó a crecer “por las tendencias políticas actuales, como las fronteras abiertas y la libre movilidad, que han facilitado el ingreso de antisociales”, indica un análisis hecho el 2009 por la Dirección Nacional de la Policía Judicial.
Entre los principales delitos de estos grupos, que se asocian a antisociales locales, están el narcotráfico, estafa, usura, tenencia ilegal de armas, robo a personas y locales; robos de casas y carros; hurtos, homicidios y tentativa de homicidios; y falsificación de documentos, entre otros.
Esto demuestra, según autoridades, que detrás de miles de personas que son víctimas de las crisis que atraviesan Colombia, Cuba, y países de Asia o África, y que han llegado acá a buscar refugio, se mimetiza y crece la delincuencia transnacional.
En el país, la mayoría, 98% de los más de 53 mil refugiados registrados, son colombianos. Un documento titulado Política del Ecuador en materia de refugio, editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en el 2008, indica que el conflicto interno que experimenta Colombia en los últimos diez años ha desplazado a tres millones de personas al interior del propio país y a unos 600 mil fuera de las fronteras; de los cuales unos 180 mil están aquí, según ellos calculan.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Refugiados (DGR) de la Cancillería, creada en el 2008 para atender desde el Estado la creciente demanda de refugio, y el Acnur (Alto Comisionado para los Refugiados) había 53.173 personas con el estatus a septiembre pasado y además se tenían ingresadas 28 mil solicitudes hasta noviembre.
Otro delito ejecutado en su mayoría por extranjeros y que deja decenas de víctimas en el país es el chulco o usura, ilícito en el cual ¬según la Policía¬ estarían involucrados cerca de mil personas, el 85% colombianos, casi todos con estatus de refugiados. El crecimiento de esta actividad, que en Colombia se denomina “prestadiarios” o “gota a gota”, dejó entre agosto y noviembre pasado más 100 detenidos, 7.008 evidencias recogidas (joyas, celulares, electrodomésticos, entre otros) y $ 37.080 decomisados, tras dos meses de seguimiento a casas de empeño en 21 provincias. Contra 44 personas se dictó prisión preventiva; a más de 50 les dictaminaron medidas cautelares.
“Han huido porque estaban acorralados”, es la frase que usa el oficial Miguel Pazmiño, director del área de Análisis y Estadística Delincuencial de la PJ, que hizo el estudio a las primeras 15.423 personas que se registraron como refugiadas en el país, de las cuales 8 tenían orden de captura, 136 registraban antecedentes penales, 54 poseían homónimos (o adulteración de documentos), 16 habían sido detenidas para investigaciones; y 16 habían cumplido condenas.
“El control policial y militar en países vecinos genera que delincuentes tengan como alternativa el traslado a Ecuador, donde aprovechan la facilidad que tienen para ingresar, aparentemente por turismo”, indica también el informe policial.
“Si hay culpables, tienen que ser sometidos a las leyes ecuatorianas, pero lo que no queremos es que se estigmatice a todos los colombianos”, dice Freddy Rosero, funcionario consular de Colombia en la provincia de Santo Domingo de los Colorados, donde el robo a personas y tenencia ilegal de armas son delitos en los que más incurren foráneos. La PJ registra 29 detenidos en este año.
En Carchi la situación también es crítica. Aunque no se lleva un registro real de extranjeros con estatus de refugiado que hayan delinquido, la Fiscalía informa que al menos el 80% de foráneos presos tiene carné de refugiado o solicitud.
Según la ministra Fiscal, Narciza Tapia, no se lleva un registro de estos casos porque no es la función de su institución. Esa cifra tampoco se ve reflejada en registros del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, donde el 95% de al menos 400 detenidos son colombianos. Empleados critican que extranjeros que cumplen penas, antes de salir de prisión, tramitan con Acnur tarjetas de refugiado para no ser deportados. El 25% que sale del centro obtiene el estatus.
En Tulcán, los más temerosos a la presencia de bandas transnacionales, a quienes dicen “no les cuesta matar”, son los cambistas. En al menos veinte atracos han perdido a diez compañeros en los últimos 8 años, otros tres superaron heridas de bala.
Las dos víctimas de este año son John Velásquez y Segundo Revelo. Ambos recibieron un tiro en la cabeza. Paola, esposa del primer fallecido, dice que su última hija tenía nueve días de nacida cuando ocurrió la tragedia. Temerosa, cuenta que el victimario (no da el nombre) “fue un delincuente colombiano que un mes antes había salido de la cárcel de Tulcán”. Estuvo ahí siete meses por haberle intentado robar a su esposo el año pasado.
Hoy, la DGR se encarga de todo el proceso de selección. Hace el registro de los datos del solicitante, luego se le entrega un documento de identificación para que no sea deportado, con lo que tiene derecho a movilidad y acceso a servicios de sanidad y educación. La información de registro y entrevista se envía a la Comisión de Elegibilidad que decide la aprobación.
En el proceso de calificación de una solicitud, funcionarios de Acnur dicen que se asume que la persona (muchas veces) no presenta documentos porque ha salido huyendo de su país; y lo que sirve para el análisis de la Comisión de Elegibilidad es la información de la nación de donde proviene, que se convierte en una enorme base de datos para detectar violaciones de derechos humanos ahí producidas.
‘No hay mayor control’
Cuando refiere la incidencia de refugiados en delitos, el presidente del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos, Segundo Rojas, muestra preocupación. Para él, existe un vacío en la Ley de Extranjería, pues mientras establece que todo extranjero debe ser deportado luego de cumplir una sentencia, no indica qué debería pasar con los refugiados una vez que cumplen alguna pena. Cuestiona que continúen en el país con ese estatus, pese a haber delinquido.
Con él coincide la directora de Migración del Guayas, Tania Varela, quien asegura que “la facilidad que tienen los extranjeros para hacerse pasar como refugiados hace que le den un mal uso a ese beneficio”, y cuenta lo que sucede en Guayas, donde hay extranjeros que tienen cinco años en condición ilegal, que no registran entradas al país en Migración, o les caducaron los 90 días de permanencia; y, cuando son retenidos, acuden a pedir certificados de refugiados.
Un servidor de rehabilitación social que labora en la frontera norte y que prefiere proteger su identidad sostiene que el colombiano que delinque pide ser considerado refugiado, porque “si lo deportan, su nombre es registrado en los libros de la justicia como contraventor del delito; y esto significa que su pasado judicial se ensucia”. Pero, al quedarse acá, es liberado como un ciudadano ecuatoriano y luego puede pasar a su país de forma clandestina, sin que sea fichado por el Departamento Administrativo de Seguridad.
Para eso, dice Varela, cuentan con el asesoramiento de abogados que hacen el trámite que no requiere asesoramiento legal y que puede ser solicitado por un profesional que delegue el solicitante. Esa facilidad evita, sostiene la oficial, “que se conozca al menos en la entrevista a quien el país está concediendo el privilegio de quedarse protegido”.
Mientras un número no determinado de refugiados incurre en delitos, a la frontera norte sigue llegando gente en busca de protección. Un ejemplo es una mujer de 22 años. Cuando los paramilitares descubrieron que su esposo hacía fletes a la guerrilla colombiana, con dos niños tuvo que huir a Ecuador hace un mes y cinco días, para “escapar de la muerte”, dice. Vino de Ibagué, Tolima, al sur de Bogotá.
El cambio ha sido drástico, pero le toca adaptarse porque hoy no puede regresar. Quiere estar tranquila. Los “paras” ya mataron a su abuelo hace siete años. Han presentado sus papeles a la DGR de Lago Agrio para pedir visa de refugio. Su esperanza es que con la visa su esposo pueda acceder a algún trabajo y luego puedan traer a su mamá, que se ha quedado en Colombia.
Marlon Escobar, agente fiscal de Carchi, asegura que su análisis personal en la frontera le ha llevado a determinar que sí hay mal uso del estatus de refugiados en el país; y esto, critica, “es un gran error de los extranjeros porque le hacen un daño a los que verdaderamente necesitan el documento, porque vienen huyendo de un conflicto”.
Frente a sugerencias de que un refugiado que delinque deba perder su estatus y ser deportado, Acnur aclara que el primer derecho de esos ciudadanos es la no devolución a su país, pues tienen iguales derechos que un ecuatoriano. “Si se ha cometido un error en el proceso, somos los primeros interesados en subsanar, porque si el procedimiento de asilo se debilita por esas cosas, se desacredita todo”, concluye una funcionaria de Acnur.
14 Mil refugiados
Fue la cantidad que registro el Acnur hasta el 2008, que tuvo a cargo esa labor que ahora la realiza la Dirección Nacional de Refugiados.
53 Mil registrados
Existen al momento en el Ecuador, cifra actualizada hasta septiembre del 2010; además, a noviembre había más de 18 mil solicitudes.
26% De certificados
Se han otorgado en Pichincha, la provincia con la mayor presencia de ciudadanos refugiados, según registros oficiales.
Hechos: Extranjeros acusados
David García
Caso: Robo a almacenes.
Fue detenido en el 2009 junto a los ecuatorianos Juan Vázquez Andrade, Álex Caicedo Moreira y Miguel Arroyo Velásquez, por robo a locales en Quito.
José González
Caso: Estafa de celulares.
En junio pasado vendía celulares de plastilina, haciéndolos pasar por equipos de alta tecnología en el sector El Inca, norte de Quito. Fue detenido.
Andrés Montaño Reasco
John Rodríguez
Álex F. Rodríguez
Caso: Crimen de cambista.
“Ellos han reconocido que fueron quienes atacaron al cambista Segundo Belisario Revelo, a quien el robaron y dispararon cuando iba a trabajar en el cambio de moneda en el parque Isidro Ayora (en Tulcán)”, dijo el mayor Álex García, jefe de la Policía Judicial. Montaño fue el autor material del crimen, según la Policía. Le encontraron $ 1.750 y 500 mil pesos colombianos.
Fuente: EL UNIVERSO
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