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El caso de Ángel Cheme, convertido con la ayuda de funcionarios del Registro Civil en Gonzalo Chila, es un caso más de suplantación de identidad que empañó las instancias finales del Campeonato de Fútbol y que dejó en evidencia las debilidades de la oficina de identificación que tenemos los ecuatorianos y que, según las autoridades del Gobierno, ya están superadas.
Por un lado, el jugador que incurrió en la suplantación fue sancionado con dos años de prohibición para jugar profesionalmente. Eso está establecido en los reglamentos internos de la Federación Ecuatoriana, que actuó basada en eso.
Pero no hay que olvidar que existen elementos firmes que dan indicios del cometimiento de varios delitos comunes, tipificados en el Código Penal, como son la falsificación de documentos, la suplantación de identidad y el uso doloso de dicha identidad.
Llama la atención que el caso fue denunciado en 2009 por el verdadero Gonzalo Chila ante la Fiscalía y que esta oficina continúe en indagación previa y sin resolver un caso que no debería presentar mayores complicaciones para establecer si existen responsabilidades.
Recién ahora que se destapa el escándalo, la Fiscalía apura las diligencias necesarias en este caso y aparecen sus funcionarios asegurando que se investigará. La omisión de los encargados de la Justicia y la impunidad que esta genera son desencadenantes de repetición de ciertos delitos, ya que quienes los cometen tienen la certeza y los antecedentes de que finalmente nada ocurre y que seguirán gozando sin problemas de su libertad.
Aquello ha ocurrido en casos similares de futbolistas que incurrieron en la falsificación de documentos. Ninguno de ellos fue procesado por la Justicia ordinaria ni, mucho menos, sentenciado por el delito cometido. La única sanción fue la deportiva, y hasta esa se mostró tibia y comprensiva reduciendo a la mitad la prohibición de participar en las competencias profesionales.
El caso Chila-Cheme tiene además el agravante de que un periodista de diario El Universo que investigaba el asunto fue secuestrado en Esmeraldas para impedir que divulgue la información. Sobre este delito, la Policía aún no captura a los responsables ni la Fiscalía determina acciones concretas.
Una demostración más de que, con mayor frecuencia, se recurre a la violencia o al quebrantamiento de la Ley para tratar de imponer intereses ilícitos y pretender que sigan ocultos. La acción de la Justicia es la única garantía que tienen las sociedades civilizadas para imponer el orden y el cumplimiento de la Ley.
Su ausencia, en cambio, fomenta más acciones delictivas. Esta es una oportunidad más para que se cumpla lo primero.
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