“Hay que ser pragmáticos, reaccionar ante las necesidades de la gente”, dijo el Mandatario durante la entrevista concedida esta mañana a los medios de comunicación social de Imbabura y transmitida por radio Alborada desde el Municipio de Cotacachi donde se encuentra para presidir el Gabinete Itinerante.
Sustentado en el artículo 441 de la Constitución de la República, que otorga al Presidente de la República el derecho a convocar a un referendo para enmendar la Carta Magna, el Jefe de Estado destacó que la opinión del soberano, mediante una consulta popular, es la expresión más fiel de la democracia, y criticó a los “seudo intelectuales” que se oponen a esta propuesta del Gobierno para mejorar el sistema de justicia ecuatoriano.
Con ello, descartó versiones opositoras, en el sentido de que con la consulta se quiere reformar la estructura del Estado.
“Las diez preguntas de la consulta se discutieron largamente con un grupo destacado de juristas, se vieron todos los aspectos legales y cada una es perfectamente constitucional (…) No hay que tenerle miedo a la gente a que se pronuncie en las urnas”, enfatizó, al insistir que las leyes no son suficientes para ordenar la justicia y que es necesario cambiar los plazos razonables de caducidad de prisión preventiva y a “jueces corruptos que sueltan de las cárceles a delincuentes peligrosos”.
Con el actual sistema judicial que tenemos, ¿vamos a salir adelante?, preguntó el gobernante. e insistió que la alternativa es que el pueblo decida sobre el tema, en un desafío que le planteó inicialmente la derecha y que ahora, apoyada por la supuesta izquierda, se opone.
“Dejen que el pueblo se pronuncie”, agregó.
Para el Presidente, la consulta es un clamor nacional porque responde a necesidades de que la ciudadanía cuente con la debida seguridad y con un sistema reestructurado de justicia.
Refiriéndose al pronunciamiento de la jueza Nina Pakari, de la Corte Constitucional sobre las preguntas, advirtió de un posible boicot. “Entre cuatro paredes de los iluminados de siempre”, de “robarle al pueblo el derecho a expresarse en las urnas”.
El Mandatario calificó de político y no jurídico al informe que la vocal de la Corte Constitucional Nina Pakari Vega emitió sobre el proyecto de consulta.
Para él es evidente la incoherencia que existe entre pronunciamientos previos de que la primera pregunta sobre la caducidad de prisión preventiva no era valedera para la consulta porque se retrocede en derechos. Pero luego, esa interrogante es la única considerada por Vega como constitucional y las otras no.
Fuente: Prensa Presidencial
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