Con un pico de botella en su mano, la mujer atacó a otra que vestía delantal. Ocurrió en las afueras de un mercado, en el Centro Histórico de Quito. Ambas estaban embarazadas y se insultaban. El brazo de la una sangraba por el corte.



Ninguna de las dos se percató de que las estaban filmando. Ahora, este video reposa en los archivos de la Policía.



Según agentes, ellas se dedicaban al microtráfico de drogas y se disputaban territorios para expenderlas. Es más, los uniformados saben que las mujeres embarazadas “se escudan” en su estado de gestación para cometer robos, vender droga y no ser detenidas.



El artículo 58 del Código Penal señala: “Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad ni será notificada con sentencias que le impongan penas de prisión y reclusión, si no 90 días después del parto”. Informes de la Policía Judicial revelan que hay mujeres que han sido detenidas más de cinco veces desde hace cuatro años y que en todos los casos estaban embarazadas.



Por ejemplo, citan que en el operativo Alianza, realizado en el barrio La Mariscal (centro-norte de la capital) en mayo pasado, la Policía detuvo a 11 personas. De ellas, cinco eran embarazadas.



El problema radica en que las contravenciones prescriben en 90 días y quienes delinquen tienen que esperar hasta tres meses después del parto para ser sancionadas, precisa un uniformado que trabaja en el centro de Quito. “Por eso ya no les detenemos. A veces se lanzan al piso y nos dicen que no las toquemos, porque están embarazadas”.



Los uniformados conocen que las mujeres en estado de gestación no actúan solas, sino que son utilizadas por redes delictivas que comercializan estupefacientes a cambio de “ínfimos pagos”.



Este Diario accedió a información de cómo operan las organizaciones. Las embarazadas venden narcóticos al menudeo, pero los pequeños paquetes son entregados por los denominados ‘secretarios’. Ellos reciben la droga de los mayores distribuidores.



Para Antinarcóticos de la Policía, esa es una nueva modalidad de delito en la que se aprovechan de los embarazos.



El presidente, Rafael Correa, pidió que se debatan las reformas legales para frenar estos casos. “Y no solo eso, el asunto es tan criminal que se embarazan a propósito y abortan”, recalcó.



Por eso, planteó que si una mujer tiene hasta seis meses de embarazo y comete un delito, “se va presa, a los seis meses sigue bajo custodia, pero en el policlínico del centro de rehabilitación social. Da a luz y su hijo se lo cuida el Estado, y usted cumple su pena…”.



En el Centro Histórico de Quito, los agentes han detectado que 14 personas supuestamente se dedican al microtráfico y ocho posiblemente al robo, estruche y arranche de objetos.
Los informes de la PJ indican que operan en La Marín, Santo Domingo, la calle Manabí, La Alameda, la avenida 24 de Mayo, San Francisco, San Roque y los alrededores del Mercado Central.



Por ejemplo, en la plaza de Santo Domingo, ellas se ubican en las esquinas y un hombre que las observa desde lejos les entrega los paquetes con droga. El precio de cada envoltura es de USD 1 para los consumidores.



Delitos conexos

¿Existe un nexo entre la venta de drogas y otros delitos? En las investigaciones se ha determinado que el vínculo se produce en el intercambio de objetos robados a cambio de narcóticos. Los agentes la conocen como “una acción conexa al delito de hurto”.



En la Policía no hay un registro de mujeres embarazadas que fueron retenidas por contravenciones. Sin embargo, datos de la Defensoría Pública refieren que hasta finales de septiembre pasado, unas 80 mujeres en estado de gravidez fueron liberadas tras la audiencia de flagrancia en la PJ de Pichincha. El 80% fue aprehendido por drogas; el 20%, por robo u ocultación de cosas robadas.



Irene Pérez, jueza de contravenciones del Centro Histórico, dice que desde hace dos semanas ya no ha recibido casos de mujeres en estado de gestación.



Pero antes tenía por lo menos uno a la semana. “Parece que se asustaron ante los anuncios de una posible reforma en la Ley”.



Lorena Gómez es directora del Centro de Salud N°1. La doctora de tez trigueña señala que es una realidad que las “mujeres se embarazan para evitar las detenciones” en el Centro Histórico de la capital. Cuando se produce un arresto en el sector, ellas acuden a esa casa de salud para realizarse los exámenes de embarazo.



En una ocasión, una de ellas gritaba “estoy esperando un bebé. No me pueden apresar”. En el centro asistencial no tienen cifras de embarazos que resultaron positivos.



En las calles del Centro Histórico, las mujeres caminan con sus vientres abultados y se sientan en las gradas de las plazas o se paran junto a las puertas de las iglesias; otras deambulan en las paradas del Trolebús y observan a los pasajeros.



En las investigaciones se llegó a conocer que un grupo de embarazadas llega a ese sector desde otros barrios de Quito. Otras, en cambio, ocupan casas aledañas a los sitios donde operan. Allí se hospedan solas o a veces llegan con sus hijos pequeños.



El propietario de un hostal, en Santo Domingo, admite que alguna vez llegó una mujer que se ubicaba en la plaza para vender alcaloides. “No me di cuenta de que se dedicaba a eso. Cuando me entero no les doy posada porque hay problemas. Una vez me rompieron el vidrio a pedradas”.



Los vecinos dicen que ya están acostumbrados y prefieren no hablar para evitarse problemas. En tanto, las mujeres se sientan allí durante las mañanas y se cuidan de que las vigile la Policía.



Punto de vista
Beatriz Villareal, Trabajadora Social de Inredh
‘Se está generalizando el tema’


No es verdad de que por estar embarazada una mujer no va a ser juzgada y recuperará su libertad. El asunto es que como cualquier persona que cometa un delito, se le tiene que determinar el ilícito que ha cometido.



Luego el caso será tratado en una instancia judicial y se tendrá que demostrar si actuó mal o no. Una mujer embarazada sí es juzgada. Durante el período de gestación y los tres meses después del parto, provisionalmente, estará en arresto domiciliario porque en las cárceles no existen garantías de salud y bienestar, para la madre y el niño. 



Hasta abril, nuestra organización ha identificado a cuatro personas que cumplen sus penas en la cárcel de mujeres de la capital. En ese centro de rehabilitación, cerca del 80% de internas se encuentra allí por drogas. 



La mayoría son mulas o pequeñas expendedoras que, ante la necesidad de sustentar sus hogares, optaron por decisiones equivocadas; no son las ‘grandes narcotraficantes’. En ese grupo se incluyen las mujeres embarazadas. No se debe estigmatizar, hay casos en los que mujeres dieron a luz, terminaron su período de lactancia y están arrestadas.




Fuente: EL COMERCIO*