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La corrupción bancaria fue patente en la crisis de 1999.
Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda
El presidente Rafael Correa propuso incrementar el “bono de desarrollo humano” (ayuda a la población más pobre) de 35 a 50 dólares mensuales, financiándolo con las utilidades excepcionales de la banca privada.
Se alarmaron los banqueros y, por supuesto, los opinadores aliados con sus intereses. Sostienen que se “amenaza” a la propiedad privada, la rentabilidad “legítima”, la seguridad de los ahorristas y al sistema financiero en su conjunto.
Pero en la historia ecuatoriana los bancos no han sido el instrumento impecable para la movilización financiera, como supone la teoría clásica. En distintas épocas fueron la base no solo del poder económico, sino del político, como sucedió entre 1912-1925 (“época plutocrática”), o en la década de 1990, con el “neoliberalismo”. La corrupción bancaria fue patente en la crisis de 1999.
Además, por la concentración del capital financiero en una elite, del grueso de los créditos en sectores sociales y empresariales altos, y los abusivos sueldos gerenciales, los bancos han contribuido a reforzar la inequidad social, utilizando a conveniencia de su propia acumulación, el dinero proveniente de los depositantes.
Se suma la experiencia mundial de la hegemonía del capital financiero, determinante de las políticas públicas en la Europa actual y en la América Latina de fines del siglo XX, que ya vivió las nefastas experiencias de los paquetes neoliberales a manos del FMI, para asegurar el pago de las deudas a la banca privada internacional.
En Ecuador, la Revolución Juliana (1925) fue la primera en imponer un impuesto sobre las utilidades del capital, y la Constitución de 1929 pionera en proclamar la “función social” de la propiedad. Hoy tales principios se quedan cortos. Porque la necesidad de regular a la banca privada se ha vuelto un imperativo mundial.
Por eso en España se conformó la “Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública”, grupo que promueve la tesis de que, contra la privada, otra banca pública sí es posible.
Y en la época de cambios latinoamericanos con gobiernos de la Nueva Izquierda es perfectamente legítimo cuestionar el origen y uso de las utilidades bancarias, para ponerlas al servicio de la sociedad, para que contribuyan a superar la inequidad (América Latina es la región más inequitativa del mundo y Ecuador ocupa todavía uno de los primeros lugares) y para que esas rentabilidades no sigan alimentando la concentración de la riqueza en pocas manos.
Fuente: El TELÈGRAFO*
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