Los banqueros captaron puestos claves en el gobierno de Mahuad

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Los banqueros captaron puestos claves en el gobierno responsable del mayor congelamiento de depósitos en la historia del Ecuador



(Andes).- Jamil Mahuad, el Presidente de la República que en 1999 decretó un inesperado feriado bancario que congeló los depósitos de los ecuatorianos, tuvo en sus puestos claves a representantes de la banca.



Álvaro Guerrero Ferber, del banco La Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, de la misma entidad financiera, estuvo al frente del Banco Central. y Medardo Cevallos Balda, de Bancomex, fue embajador en México.



Ana Lucía Armijos, miembro destacado de la Asociación de Bancos Privados, fue designada como ministra de Gobierno y posteriormente ministra de Finanzas.



Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad.



De hecho, algunos banqueros desembolsaron ingentes recursos para financiar la campaña electoral de Mahuad. Fernando Aspiazu, del Banco del Progreso, por ejemplo, aportó tres millones de dólares para la promoción electoral del candidato de la Demócracia Popular.



En declaraciones al programa Cruce de opiniones, transmitido por Gama Tv, el analista económico Julio Oleas Montalvo sostuvo que la estrecha vinculación entre el Estado y la banca data de la década del setenta. “Este fue un proceso de supeditación del control del capital productivo por el capital financiero. Fue este el que asumió las riendas del poder”, recalcó.



En este sentido, expuso que de los 23 ministros de Finanzas que tuvo el país, entre 1979 y 1999, diez estuvieron directamente relacionados con el sistema financiero. Oleas dijo que es importante preservar la memoria histórica sobre las consecuencias que dejó el feriado bancario, puesto que “una persona no deja de ser banquero porque dice 'renuncié’”.



Feriado bancario

En efecto, entre el 8 y el 12 de marzo de 1999, los ecuatorianos se encontraron con los bancos cerrados, afrontando el congelamiento total o parcial de sus depósitos, en aplicación del decreto 685. A la siguiente semana, el Banco del Progreso, con más de 750.000 clientes, cerró sus puertas mientras su principal, Fernando Aspiazu, acusaba al gobierno obstruir la entrega de un crédito del Banco Central.



Los bancos siguieron cayendo como piezas de dominó. En pocos meses, el sistema financiero quedó reducido a la mitad. El gobierno de Jamil Mahuad estableció políticas de “salvataje bancario” que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de las instituciones públicas.



En el Congreso Nacional, la famosa “aplanadora”, conformada por el Partido Social Cristiano –actualmente Madera de Guerrero- y la Democracia Popular, creó leyes e instituciones (como la AGD) para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada.



El 7 de marzo de 1998, Mahuad delineó con su equipo la estrategia de cerrar la banca, para programar el congelamiento de depósitos. El 30 de noviembre, se concretó la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que se puso en vigencia finalmente el 1 de diciembre de dicho año.



El 2 de diciembre, la Junta Bancaria colocó a Filanbanco en proceso de restructuración, es decir, pasó a manos del Estado bajo el mando de una Agencia de Garantía de Depósitos que nació sin recursos, pero con el compromiso de hacerse cargo del salvataje de todos los bancos que cayeran en crisis.



El interés de los banqueros por sobre los depositantes



según Julio Oleas Montalvo, había otras formas de resolver la crisis sin afectar a los depositantes. “En este caso, lo que se puso por delante fue el derecho de los banqueros. Visto conceptualmente, este es un tema de estructura de derechos de propiedad mal concebida. El Estado debía garantizar el derecho de los depositantes y no lo hizo”.



Refirió que la ley AGD, aprobada por el Partido Social Cristiano, por la Democracia Popular y por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), eliminó de la legislación ecuatoriana el capitulo III, titulo 11, de la ley de Instituciones Financieras, que volcaba sobre los banqueros la responsabilidad por cualquier crisis en el sector.



Por contrario, con la aprobación de esa ley el Estado asumió una garantía ilimitada de depósitos. “Si uno asume que hay otro que le va a cubrir todos sus pecados, se dedica a pecar”, ironizó.
El analista hace énfasis en la responsabilidad de los partidos políticos que avalaron la aprobación de la ley AGD.



Los demócratas populares captaban el 29% de la representación en el entonces Congreso; los socialcristianos, 23%, y el PRE, 18%. “Si es que ellos no querían que esa ley pase, no pasaba, pero pasó”, recordó.



Juan Falconí Puig, ex superintendente de Bancos, relató que, por ejemplo, Filanbanco, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, recibió de la AGD 1.116 millones de dólares.