EFE
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| Deposito de residuos de petróleo dejado por Texaco (Chevron) |
La petrolera Chevron presentó hoy una demanda en un tribunal de Nueva York contra docenas de abogados y entidades a los que acusa de participar en una conspiración para "extorsionarle" 113.000 millones de dólares en un litigio ambiental en Ecuador.
La multinacional estadounidense asegura en la documentación legal que los demandados han orquestado un fraude en colaboración con las autoridades judiciales ecuatorianas para obligarle a pagar compensaciones millonarias por unos derrames de crudo de los que no se considera responsable.
En particular, acusa al abogado estadounidense, Steven Donziger, el principal representante de pueblos de la Amazonía en el caso en Ecuador, de instigar las acciones contra Chevron con otra firma de abogados estadounidense para beneficiarse de la compensación millonaria que pudieran otorgar los tribunales.
En el litigio en Ecuador, residentes de Lago Agrio reclaman una indemnización de 113.000 millones de dólares por daños medioambientales causados entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue posteriormente adquirida por Chevron.
En cambio, según la petrolera estadounidense, los daños son responsabilidad de la mala gestión de la compañía estatal Petroecuador, que asumió a mitad de los años 90 el control de los campos petrolíferos donde se produjeron los derrames.
Chevron afirma en su demanda de hoy que el metraje descartado del documental "Crudo" del cineasta Joseph Berlinger, obtenido tras una orden judicial, prueban la existencia de corrupción en el caso.
Según indica, Dozinger alardea en las imágenes de haberse reunido con jueces, autoridades y expertos independientes nombrados por los tribunales.
"En el transcurso de varios años, el demandado Steven Donziger y los otros imputados y conspiradores han tratado de extorsionar, defraudar y perjudicar al demandante Chevron mediante un plan que concibieron y ejecutaron mayoritariamente en EE.UU.", resaltan los documentos judiciales.
Asimismo, indican que el objetivo de la supuesta conspiración es "crear suficiente presión sobre Chevron en Estados Unidos para extorsionarle a que pague a cambio de detener la campaña en su contra".
Entre otras cosas, acusa a los demandados de intimidar a magistrados ecuatorianos, de confabularse con el gobierno de Quito para imputar delitos allí a dos abogados de la petrolera y de fabricar pruebas, como un supuesto informe independiente.
Petroecuador y Texaco tenían operaciones compartidas desde los años 70 en Ecuador, hasta que se interrumpieron y la estadounidense acordó con el régimen un plan de recuperación medioambiental por el que ella se responsabilizaba de la limpieza de 133 de las 321 instalaciones compartidas.
Texaco, que unos años después sería comprada por Chevron, invirtió 40 millones de dólares en la limpieza y en 1998 ambas partes dieron por cerrado el proceso.
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