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QUITO. La Policía Nacional ha grabado en calles de esta ciudad videos del cometimiento de delitos en los que están implicadas mujeres embarazadas.
No existen estadísticas oficiales sobre hechos delictivos cometidos por mujeres embarazadas, pero la ciudadanía y la Policía reconocen la presencia en las calles ¬sobre todo en el centro de Quito¬ de mujeres que cometen delitos como la venta de droga o el robo, y que por su estado no quedan detenidas.
Casi todas las mañanas, por el mercado San Roque se observa a una mujer conocida como la Vero. El jueves pasado no fue la excepción. Con una blusa que acentúa la forma de su abdomen que deja ver el avanzado estado de embarazo, se mezclaba entre la gente.
Simula vender fruta, pero los videos de inteligencia de la Policía Nacional la han captado transando la venta de drogas como cocaína y marihuana.
Según los uniformados, el modus operandi es que ella lleve la mayor cantidad de droga y unas seis personas, entre hombres adultos, mujeres (no embarazadas) y hasta niños le pidan pequeñas dosis del alcaloide si alguien lo requiere.
Cuando un agente se acerca a la Vero, ella le grita, entre insultos, las mismas frases que repite desde hace unos tres años: “¡A mí no me puedes tocar, estoy embarazada!”; “¡si me llevas presa, te jodes!”; o “¡llévame nomás, que luego me sueltan!”.
Aunque ella invoca que la prohibición de ser detenida está en la ley, dice que no sabe que el artículo 58 del Código Penal señala: “Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto”.
A inicios de septiembre, 41 personas acusadas de robo y hurto en la vía pública fueron aprehendidas en el Centro Histórico de Quito, en el denominado Operativo Libertad. Seis de estas personas fueron puestas en libertad, al comprobarse que se encontraban en estado de gravidez, dicen registros.
Lucero (nombre protegido) fue víctima de la organización, cuyos miembros en su mayoría comparten vínculos de consanguinidad. La mujer cuenta que un hombre que simulaba estar borracho le escupió, luego aparecieron dos mujeres, y una de ellas (embarazada) se ofreció a sostenerle la cartera, mientras la otra la limpiaba.
“Luego la embarazada desapareció con mis cosas, por ahí pasaban los policías en moto y le dieron alcance, pero ella estaba más agresiva, botó la cartera y advirtió a los policías que tenía ocho meses de embarazo”, cuenta Lucero.
Según Correa, abortan
El presidente Rafael Correa abordó el tema en su enlace sabatino del 29 de octubre pasado. Para él, que estas mujeres delincan embarazadas no es casualidad, sino que constituye un acto deliberado. “Y no solo eso, el asunto es tan criminal que se embarazan a propósito y abortan”, manifestó Correa.
Él, ese día propuso que si una mujer tiene hasta seis meses de embarazo y ha cometido un delito, “se va presa, a los seis meses sigue bajo custodia, pero en el policlínico del centro de rehabilitación social. Da a luz y su hijo se lo cuida el Estado, y usted sigue cumpliendo su pena porque no puede quedar en la impunidad su delito”.
La Defensoría Pública de Pichincha señala que, en lo que va de este año, aproximadamente unas 64 mujeres acusadas por microtráfico y 16 por robo fueron liberadas luego de presentar en la audiencia de flagrancia un certificado médico que demostraba su embarazo.
Sin embargo, el coronel Ramiro Ortega, jefe de la Policía Judicial (PJ) de Pichincha, aclara que el embarazo no impide que los procesos contra las embarazadas infractoras continúen. “El juez puede determinar medidas alternativas, como la obligatoriedad de presentarse cada semana en un juzgado, prohibirles la salida del país o el arresto domiciliario”, dice.
Ortega reconoce que estadísticamente no hay un registro que establezca que haya habido un aumento o disminución de casos de mujeres que protegidas por su embarazo estén delinquiendo, pero señala que, de los casos que se conocen, las sospechosas sí estarían usando la gestación como “escudo” para lograr impunidad.
Eso lo confirma Italia Vaca, presidenta de la Asociación pro Defensa de la Mujer (Asoprodemu), que agrupa a las trabajadoras sexuales que permanecen en el Centro Histórico. “No podemos tapar el sol con un dedo; es verdad que hay mujeres, no muchas, que se embarazan para delinquir”, dice.
Sin embargo, esta activista cree que antes de modificar cualquier ley que apunte a la reclusión de las embarazadas infractoras, se debe construir la infraestructura adecuada en las cárceles que, considera, actualmente no existe en el país.
Jorge Crespo Toral, fundador de Confraternidad Carcelaria, cree que es adecuado “armonizar, por una parte, el derecho que tiene la mujer a preservar la vida que lleva en el vientre; y, por otra, el derecho a la seguridad. No es posible anular uno de esos derechos para poner en vigencia al otro”, dice.
Más datos: Reclusión
Propuesta
El presidente Rafael Correa pidió al Ministerio de Justicia que haga una propuesta para incluir cambios a través del Código Penal o el Código de Procedimiento Penal, y que se lo envíe a la Asamblea Nacional para sancionar a las mujeres embarazadas que cometan delitos.
Falta infraestructura
Jorge Crespo Toral, de la Confraternidad Carcelaria, dice que la idea de llevar a las mujeres embarazadas a un sitio de reclusión no es mala, pero que estos deben ser lugares adecuados. “No las actuales cárceles del país, que no han mejorado”, dice.
Estancamiento
Crespo recordó que en marzo del 2007 se reunieron con el presidente Rafael Correa, a quien le plantearon una reforma integral del sistema carcelario. El dirigente dijo que el mandatario receptó con entusiasmo los cambios, pero que desgraciadamente se ha complicado la ejecución de todo lo planificado, pues la burocracia ha frenado todos los proyectos que tenían a favor de los presos.
Textuales: Reacción
Galo Chiriboga
Fiscal General de la nación
“Una persona que esté embarazada no puede ser detenida. Mientras esa norma esté en la legislación penal, los jueces actuarán en consecuencia a ella”.
Fuente: EL UNIVERSO*
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