Los camiones salen tan cargados de madera que hacen temblar los puentes de la comunidad San Francisco, en el norte de Esmeraldas.


Al día, los pobladores ven pasar entre 20 y 25 camiones. Según el Ministerio del Ambiente (MAE), la explotación es legal. Los dueños de las madereras cumplen con los requisitos para aprovechar el recurso. Además, que tiene un plan de manejo ambiental.

Hasta agosto de este año, la Dirección del MAE en Esmeraldas entregó 220 licencias.

Según Laureano Mina, poblador de esta zona, si bien la tala es legal, ha traído efectos negativos para las comunidades.


“Los animales que habitaban en los alrededores, como guanta y tatabra, ya no se encuentran. Eran la base de la dieta de las comunidades que vivimos en esa parte (selvática) de la provincia”.


Mina dice que en el 2001, la extracción se intensificó. Entonces, los madereros convencieron a los comuneros de vender sus tierras.


Pagaron USD 60 por hectárea, pero con el tiempo el dinero se les acabó y también los árboles.

Los moradores cuentan que los compradores cosechaban y dejaban el área desolada. Luego ya no se podía recuperar fácilmente. Había árboles centenarios.


Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 2011, Ecuador tiene la tasa más alta de deforestación en Latinoamérica.


Al año se pierde entre 60 000 y 200 000 hectáreas de bosques nativos.


La explotación también se da en pequeña escala. Es común observar cómo avanzan los árboles cortados con la corriente del río Cayapas, en el cantón Eloy Alfaro. Los comuneros los sujetan como formando una balsa.

Los llevan a un aserradero cerca de Borbón. Ahí los venden. “La madera llega todos los días”, dice un vecino. “No sabemos de dónde las sacan. Como hay poco control, no hay quién pida los permisos”.


Algo similar ocurre en San José de Cachaví, cantón San Lorenzo. De ahí sale la mayor cantidad de madera. Un informe del MAE indica que el 70% de las licencias ambientales emitidas fueron para empresas que explotan en esa zona con bosque primario.


La directora provincial del MAE, Narcisa Cárdenas, reconoce que falta control. No descarta que también haya empresas y comuneros que talen de forma ilegal. Pero, según la funcionaria, se está trabajando en mejorar de los controles. “Ahora tenemos puestos de control en las vías”.

En los 10 puntos fijos del MAE se decomisaron 78 camiones cargados de madera ilegal en lo que va del año. Patricio Mendoza, ex técnico de Proforestal, dice que la explotación ilegal en Esmeraldas sobrepasa los 400 000 m³ de madera al año.


Rosa y María Nazareno, de San José de Cachaví, creen que si no se puede frenar la explotación, al menos parte de las ganancias pudieran servir para impulsar el desarrollo de las comunidades.

Los moradores están conscientes de que las empresas no tienen la responsabilidad de hacerlo, pero que al menos ayuden con el arreglo de los caminos.

Las vías en esta zona son de tierra. No hay servicio de transporte público. Los pobladores no tienen alcantarillado ni un sistema de agua potable. Los puentes por donde pasan los camiones cargados de árboles son de madera y están a punto de ceder.



Fuente: EL COMERCIO*