Las modalidades para el lavado de dinero del narcotráfico se multiplican en Ecuador. Para ocultar sus operaciones, el crimen organizado utiliza empresas de papel y de pantalla, que simulan exportaciones de prótesis, pescado, café...


Uno de los casos más llamativos se relaciona con la exportación de 41,2 millones en prótesis, registrado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (partida 9021101000). De ese monto, 4,1 millones corresponden a firmas procesadas por lavado de activos, en el 2010.


 Estas son: Exporandina, Cuenca Export, IBK Nadina. Ana María Bernys Cumba abrió estas empresas en septiembre del 2009, y cuatro más: Coincar, Bolinova, Michtrm y Corama.


Lo hizo con la ayuda de su conviviente, Miguel Ángel C., el padre de este y de la abogada Hilda S., quien constituyó las firmas.


El movimiento comercial de Bernys era mínimo, principalmente, por trámites de comercio exterior. Pero una vez que las empresas se abrieron comenzó a recibir jugosas transferencias, que según información policial, alcanzaron los USD 18 millones.


Entre marzo y abril del 2010, la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) detectó que Bernys recibió USD 4,5 millones por la venta de implantes dentales de Cuenca Export a la venezolana Acvca, dedicada al supuesto comercio de frutas.


Parte de este dinero fue transferido a Colombia a las cuentas de Silvia C., Antonio C. y Gloria Ch., relacionados con el proceso judicial Espejo-Fase I, que se inició en España y Ecuador por el delito de lavado de activos.


Según la asistencia penal de España, estos últimos recibieron dinero del narcotráfico de una organización criminal liderada por la ecuatoriana Jenny Facse, para blanquear capitales, a través del envío de remesas al Ecuador.


Actualmente, los tres implicados están prófugos, pero días atrás Antonio C. fue apresado en Colombia y no pudo ser extraditado al Ecuador, por falta de agilidad en el trámite, por lo que fue liberado, según fuentes de la Fiscalía.


En ese proceso también se descubrió que los dineros de Venezuela venían de la organización delictiva liderada por Facse.


Pero pese a las evidencias conseguidas de la asistencia internacional española, tanto en la Aduana como en el Banco Central del Ecuador, los montos de exportación de las firmas formadas por Bernys estaban bien documentados, según la Fiscalía de Pichincha. Solo se comprobó el origen ilícito de las ventas de Cuenca Export por USD 4,5 millones.


Bernys compró material de prótesis dentales a proveedores fantasmas, entre ellos Interforte. Pero como había documentación en regla la venta avanzó.


Según un funcionario de Aduana, no se realizó un aforo físico a las exportaciones, solo documental y magnético. No se constató si las prótesis llegaron a Venezuela, pues los aforos son aleatorios. Se pidió la colaboración a ese país, pero la Fiscalía dijo fue mínima.


La Superintendencia de Compañías (SC) tampoco comprobó si las empresas operan en la dirección registrada. En la web www.supercias.gob.ec, por ejemplo, Cuenca Export opera en la República de El Salvador y Suiza, pero Bernys indicó que estaba en la José Herboso y De La Prensa.


La SC explicó que revisa y verifica los documentos que las empresas entregan. Pero la comprobación de la dirección donde opera corresponde a otra institución, aunque no especificó cual. Fuentes oficiales aclararon que las compañías pueden cambiar de dirección y actualizar los datos en el SRI y en la SC. Si no lo hacen puede ser sancionadas.


Asimismo se determinó que las actividades de Bernys son superiores a sus declaraciones de impuestos, según reportes del SRI.


Otra parte del dinero ilícito que ingresaba a las cuentas de Bernys iba a la Bolsa de Valores de Colombia. Y otra era girada en cheques a cambistas de Carchi (ver nota en la pág. 3), quienes entregaron los fondos a Gloria N. Esta mujer, de 65 años, llevaba el dinero en efectivo a Colombia.


Con todas esas evidencias, el Tribunal Segundo de Garantías Penales sentenció a Bernys a seis meses de prisión. No obstante, “por ser la primera vez”, no tuvo que cumplirla. Su conviviente, su padre y la abogada están prófugos y con llamado a juicio.


A más de la vinculación de estas firmas de fachada para el lavado, en la lista de exportadoras de prótesis también consta Agrosrexmin, que vendió USD 2,7 millones a Venezuela, en el 2010, y tiene reportes de transferencias financieras injustificadas, según la Fiscalía. Está relacionada con los cambistas Ana Ortiz y su cónyuge Oswaldo Chicango, también sentenciados a seis meses de cárcel.


Pacifictarqui fue relacionada con una exportación sobrevalorada de pimienta y en el 2010 exportó USD 3,8 millones en prótesis. Pero en la dirección registrada en la SC, en el edificio Armoire (vía Nayón), no opera esta firma, según confirmó este Diario.


Ventas ficticias de pescado

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Otro mecanismo para blanquear capitales sigue siendo el llamado pitufeo, a través de ventas subvaloradas de pescado.


Cinco personas de Tulcán y la empresa Eyco, de Manta, fueron usadas para simular ventas ficticias de pescado de la empacadora Alpusa de Manta, por USD 2,7 millones.


Uno de los implicados, incluso, es beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, pero registra movimientos financieros por al menos USD 175 000, según la Fiscalía de Pichincha .


En los operativos de allanamiento, realizados hace dos semanas en sus domicilios en Tulcán, la Policía constató que son de escasos recursos y no tienen ninguna actividad comercial.


Por firmar las facturas emitidas por Alpusa y que estaban subvaloradas (aparecen ventas de pescado que valen USD 8 y lo facturan en 1) ganaban USD 20 ó 30 al mes. En la audiencia de formulación de cargos, realizada el 31 de agosto pasado, los implicados reconocieron que no sabían nada sobre el comercio de pescado .


Alpusa, según la ULA, tiene movimientos injustificados por USD 10 millones y vínculos financieros, en el 2010, con los tres implicados y con difusión roja del caso Espejo-Fase I, según el proceso.
Solo las transferencias enviadas de la cuenta de Gloria Ch. a Alpusa, Eyco y Deprodemar, otra empacadora de Esmeraldas, suman USD 292 000, en el 2010.


Informes del Servicio de Rentas Internas y la SC muestran que existía una relación entre los ex administradores y accionistas de Alpusa con los de Eyco, Deprodemar y otras las firmas de Manta AlKristo del Mar y Madeza.


Pero el juez vigésimo tercero de Garantías Penales de Pichincha, Nelson de la Cadena, consideró que la Fiscalía no presentó suficientes evidencias que determinen el grado de participación de los procesados, en especial la suma de dinero imputable individualmente a cada uno de ellos.


Por esto, ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Entre ellas, la prohibición de salir del país, la inmovilización de sus cuentas y la prohibición de enajenar acciones de los acusados en las empresas.


Durante los 90 días que dura la instrucción fiscal, la Fiscalía deberá demostrar, con base en las pericias policiales, que los ex directivos de estas empresas y de los residentes de Tulcán cometieron el supuesto lavado de activos.




Fuente: EL COMERCIO*